El impuesto a la riqueza y la reacción corporativa

Según Néstor Cáceres, contador público, la aprobación del proyecto traerá la paralización de inversiones en el país. Destacó la importante “competencia fiscal” de países vecinos -y no tan vecinos- con propuestas de reducción de costo fiscal y mayor estabilidad jurídica

El proyecto que debate el Congreso de la Nación de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, comúnmente conocido como impuesto a las grandes fortunas, sigue siendo fuertemente criticado por profesionales en Ciencias Económicas, economistas y empresarios. Para conocer más sobre el tema Factor dialogó con el tributarista Néstor Cáceres, quien brindó un pantallazo general de la situación económica del país frente a la pandemia, la presión tributaria existente y opinó sobre el proyecto del oficialismo y los efectos que generaría su aprobación.

¿Cuál es la situación económica del sector privado en este contexto de pandemia?

El impacto económico del coronavirus ya ha generado, y lamentablemente lo seguirá haciendo, una importante disminución de los ingresos del sector privado, afectando a las empresas y a los empleados. Además, como consecuencia de la caída, en menor o mayor medida, de todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, disminuirá la recaudación tributaria, lo que afectará la genuina fuente de ingresos del sector público.

La alternativa de recurrir a préstamos, tanto para el sector público como el privado, está muy limitada. La emisión de dinero por el Banco Central sólo será una solución temporaria en esta emergencia de parálisis económica, atento al riesgo hiperinflacionario.

Ante la caída de ingresos, el sector privado está realizando reducciones de costos, con su impacto, entre otros, en cierre de empresas y en los sueldos de los empleados.

La presión tributaria en Argentina es un tema recurrente, cuando de gravámenes se habla ¿cómo cree que está el país con respecto a este tema?

El año pasado, el Banco Mundial informó que Argentina es el segundo país del mundo con mayor presión impositiva, por lo cual, lejos de crear nuevos impuestos, se deberían reducir los existentes, más aún en la situación de la actual pandemia. Claro, es difícil que ello ocurra cuando el pasado lunes 5 el ministro de Economía, Martín Guzmán, se asombra de por qué le plantean “bajar el gasto público”.

En consecuencia, si bien otros países pueden tener margen para crear tributos excepcionales en el marco de la pandemia, objetivamente, no permite contemplar la alternativa de incrementar la presión tributaria en Argentina.

Lejos de crear nuevos impuestos, se deberían reducir los existentes, más aún en la situación de la actual epidemiológica. Claro, ello implicaría reducir el gasto público, vaca sagrada de la decadente clase política de nuestro país.

Parece que los “legisladores” ideólogos del proyecto del nuevo impuesto no comprenden que el sector privado ha visto disminuido sus ingresos, que está en proceso de reducción de costos y que nada puede ir tan en sentido contrario como afrontar un nuevo impuesto.

Aun así, en el marco del combate a la actividad privada, se pretende compensar la falta de recursos con la implementación de un nuevo tributo, originalmente llamado impuesto a la riqueza.

¿Cuál es el origen del proyecto de impuesto a la riqueza?

Luego de la publicación del Dto. 297/20 del 19 de marzo de 2020 que dispone el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, surgen propuestas de diversos funcionarios públicos (presidentes de otros países, algunos gobernadores argentinos, intendentes, etcétera) tendientes a disminuir sus sueldos para contribuir al efecto que se iba a generar como consecuencia de la previsible disminución de la recaudación impositiva y, quizás, solidarizándose con los miles de empleados privados que veían reducir sus sueldos o directamente perder sus trabajos.

Países como Uruguay, México y Paraguay, sólo por nombrar algunos de Latinoamérica, tomaron decisiones de ajustes en sueldos de funcionarios y empleados públicos, así como algunas provincias.

El reclamo de reducción de ingresos de los funcionarios públicos generó el acompañamiento de la opinión pública mediante “cacerolazos”, ante lo cual la reacción provino del diputado Máximo Kirchner, respondiendo con la propuesta de creación de un nuevo impuesto, que se denominó en un primer momento “a la riqueza”, luego disfrazado de “aporte solidario”. Diputados del oficialismo, ante el riesgo de que se les pudieran recortar las retribuciones a funcionarios y empleados públicos, reaccionan con una propuesta de creación de un nuevo impuesto.

Los “legisladores” ideólogos del proyecto del nuevo impuesto no comprendieron que el sector privado ha visto disminuido sus ingresos, que está en proceso de reducción de costos, y que nada puede ir tan en sentido contrario como afrontar un nuevo impuesto.

En consecuencia, con la finalidad de ocultar la decisión de no reducir sus sueldos y dietas, reaccionaron con la propuesta de creación de un impuesto. Lo expuesto es relevante, ya que evidencia el precario e improvisado origen de un impuesto sin un análisis técnico de su idoneidad como medio de obtención de recursos para el Estado a instancias del diputado Kirchner, sin estudios superiores ni cualquier antecedente laboral, ni ningún tipo de experiencia conocida, sólo acompañado por el diputado Carlos Heller y sin el intercambio de opiniones técnicas de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional ni de entidades profesionales o empresariales.

A esta altura, cabe concluir que lograron el despreciable objetivo de desviar la atención al reclamo de reducción de sueldos y dietas de los funcionarios.

¿Cuál cree usted que es la finalidad práctica del proyecto?

Los autores del proyecto de ley han estimado que el impuesto a la riqueza va a impactar en aproximadamente diez mil personas, equivalentes a 0,02% del total de la población argentina (aproximadamente 45 millones) que, luego de la evaluación de que el impuesto no afecte derechos constitucionales, es posible que afronten este imprevisto tributo en el marco de la inseguridad jurídica que caracteriza a nuestro país.

A los fines del análisis del impacto del “aporte solidario”, vamos a coincidir con Heller en que esos contribuyentes van a poder seguir subsistiendo luego de abonar el impuesto a la riqueza, aun cuando llegue a alícuotas de 7,50% del patrimonio.

Dejando de lado ese sector de 0,02% de la población, surge evidente que lo más relevante es considerar cómo puede afectar este tributo al restante 99,98% de argentinos.

En el caso de los contribuyentes que decidan afrontar este impuesto a la riqueza, sin dudas que, inmediatamente, evaluarán la mejor planificación impositiva a los fines de evitar que nuevamente sean afectados por un tributo similar, u otro que pueda surgir de la imaginación de los burócratas defensores del actual statu quo.

Sin entrar en las posibles alternativas técnicas de protección patrimonial o de rentas ante futuros tributos, muy posiblemente una de las primeras decisiones será la paralización de inversiones en el país. Sólo para mencionar una de las más difundidas alternativas, ha cobrado estado público la importante “competencia fiscal” de nuestros países vecinos (y no tan vecinos) con propuestas de reducido costo fiscal y mayor estabilidad jurídica.

Es decir, 99,80% de la población no afectada por el impuesto a la riqueza, en un análisis llevado al extremo, se verá “beneficiado” por hasta 7,50% de los principales patrimonios del país (o lo que quede luego del paso de los importes recaudados por los entes burocráticos), pero perderá la posibilidad de participar en las operaciones económicas de todo tipo que esos contribuyentes podrían haber llevado a cabo con el 92,50% restante de sus bienes, ya que la lógica reacción será la de sustraer de las garras del burócrata los citados bienes (y sus posibles rentas).

Conclusiones

Para Cáceres, es inexplicable el apoyo a este proyecto de ley de impuesto a la riqueza que han expresado los legisladores nacionales que responden al Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuando es evidente el grave perjuicio que se derivará en el futuro como consecuencia de la salida del circuito productivo de bienes afectados por el impuesto a la riqueza, con su consecuente impacto en empresas y empleados.

Capacitación

El próximo día 15, a las 18, Cáceres abordará el tema del “Aporte solidario de Emergencia”, que se desarrollará en forma virtual sin cargo, desde la web www.capacitacioncpce.org.ar y la app CPCE Capacitación. En la oportunidad, el profesional abordará el siguiente temario: naturaleza del “aporte solidario”, objeto, base imponible, valuación de los bienes, bienes en el exterior y afectación de derechos. Duración: dos horas. Podrán realizarse consultas en vivo al disertante.