Economía, Opinión

Sigue la “tormenta socio-moral” de los créditos UVA y los planes de ahorro para adquirir automotores

Según Víctor Moncada, es necesario dictar una legislación de fondo que solucione el problema desde el origen y hasta el cumplimiento total del contrato, con una protección especial para la vivienda familiar. Aseguró que en el Congreso existen algunos proyectos de ley a los que no se les ha dado el tratamiento correspondiente

A fines de julio venció  el régimen de convergencia, fijado por el decreto 767/20, que estableció el porcentaje 35% como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar y el prorrateo del aumento del valor de la cuota en 18 meses desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, para todos los deudores UVA. También se suma el vencimiento del sistema aplicado por la circular A 7289 del Banco Central, que -al momento de la realización de la presente entrevista- no han sido prorrogados. «Factor» suplemento de Comercio y Justicia dialogó con Víctor Moncada, abogado y presidente de la Fundación Consumo y Ambiente, quien señaló: “La normativa constituía un paliativo en el monto de las cuotas, pero no abordaba el problema de fondo, que está a punto de estallar”

¿Qué sucederá ahora con las cuotas? 

Las cuotas volverán a su integridad, salvo que el Gobierno nacional dicte una prórroga para que éstas se sigan pagando según un porcentaje de los ingresos del tomador del crédito, aunque esto seguirá generando un saldo de capital impago, que únicamente puede solucionarse con la reestructuración de la obligación originaria.

He leído recientemente -y no sin sorpresa- la expresión de un legislador que dice que el crédito para obtener la vivienda con base en el sistema de actualización UVA es un sistema de financiación accesible para el tomador y que se puede pagar fácilmente. Esto es cierto en las primeras cuotas; lo que no aclara es que la actualización acumulable más los intereses excesivos para un sistema de moneda constante harán imposible el pago de las cuotas dentro de los dos primeros años y el tomador del crédito verá convertido su sueño de la vivienda propia en un drama que lo llevará al abismo y lo destruirá junto a su familia. 

Se ha buscado una alternativa cambiando el sistema de actualización por el índice CVS, que también estallará esta financiación, ya que los salarios están atrasados, y todos sabemos que el país tiene vaivenes en el sistema económico financiero, por lo que el índice más alto será el compuesto por el índice salarial. 

¿Cómo cree usted que debería reestructurarse la obligación del tomador del crédito?

Sostengo que se debe reestructurar la obligación al momento de su nacimiento -de esa obligación originaria se deben extraer los gastos extraordinarios que pudiera contener, lo mismo que algunos ítemes y/u honorarios que quedaron conformados en el capital original; es necesario hacer notar que no todas las financieras los incluyen, aunque es de uso hacerlo-. Finalmente, se debe establecer un sistema de actualización que no se potencie diariamente y un interés menor, que no puede superar seis por ciento anual. 

Unite a nuestra COMUNIDADSuscribite a Comercio y Justicia Comercio y Justicia
Suscribite ahora por $1008 x mes


La revisión judicial del contrato también es una herramienta importante, pero para que ésta sea más eficaz los deudores deben organizarse en ONG, como se hizo con la Unión Interprovincial de Entidades de Vivienda (Unidevi) en los finales de los años 70, o la Asociación de Deudores Argentinos, en el año 2002. Hoy existe la herramienta de la acción colectiva, y la Ley de defensa del Consumidor, que en los años 70 no existía y en 2002 era considerada una ley de orden procedimental y no dentro del ordenamiento de fondo. 

¿Cree que el Gobierno prorrogará el decreto 767/20?

La prórroga es esencial, para evitar el caos social y hay un mes para hacerlo. Pero es una decisión política que no se ha tomado, incluso en el Congreso existen algunos proyectos de leyes a los que no se les ha dado el tratamiento correspondiente.

¿Qué otras medidas podría tomar el Gobierno para paliar la situación de los tomadores de créditos ante un contexto inflacionario? 

Se debe dictar una legislación de fondo, que solucione el problema desde el origen, y hasta el cumplimiento total del contrato. Con una protección especial, para la vivienda familiar -en esto debemos destacar que no se trata de la vivienda única, es la familiar, que sirve de asiento a la familia para desarrollar sus actividades núcleo, como es educar a los hijos, disfrutar de una vida digna; destaco esto ya que algunas legislaciones históricas protegieron la vivienda única y dejaron desprotegidos algunos deudores por tener un terreno adicional o alguna propiedad precaria que no cubría las expectativas lógicas de desarrollo de la familia.

¿Cuál es el camino legal frente a la intimación de los bancos? 

La protección judicial, en lo posible con alguna acción colectiva, pidiendo la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.

Cuando se compra la vivienda, el comprador está en condiciones muy desfavorables frente al financista; podríamos definir que el comprador está en una capitis diminutio, no tiene posibilidad de discutir nada, incluso esta situación se da con personas capacitadas, como empresarios, profesionales, incluso magistrados; es tal la presión que el comprador tiene al momento de firmar la escritura, que -en el caso de revisión- el juez debe ordenarla de oficio, así como el recálculo de la operación original, ya que normalmente -como ya lo sostuve- está formada por gastos arbitrarios establecidos por el banco que el tomador del crédito no tuvo posibilidad de analizar, por ser la parte débil del contrato, además del sistema de capitalización de la capitalización y los intereses abusivos -ya mencionados- y sumarse a ello la particular situación que se vive al adquirir una vivienda.

¿Existe una posible solución de fondo sobre el tema? 

Si; como ya lo dije, la revisión originaria de la obligación, y la reformulación de los plazos, la reducción del interés y el tope en el monto de la cuota con relación a los ingresos.

Desde mi punto de vista, 35 por ciento del ingreso familiar es demasiado, el tope tendría que ser 25%, el plazo de refinanciación no debe pasar los 25 años en total, por lo que deberá recurrirse a un subsidio, para que se de la cancelación final en el plazo mencionado.

¿Los planes de ahorro para la financiación de automotores son similares? 

No. Si bien es un sistema de ajuste del saldo, éste se hace de acuerdo con el valor del vehículo. Pero son planes que ocultan el verdadero valor del vehículo o tienen gastos de cargas administrativas muy elevados.

Otro de los elementos en los que el consumidor es engañado como parte débil es el hecho de que cuando compra un auto de contado siempre se obtiene un descuento o una reducción del precio, y normalmente son menores los gastos de patentamiento; en este caso, en vez de disminuir aumentan; por ello el grupo de ahorristas que constituyen el todo termina pagando el vehículo con importantes gastos extras.

En este caso, nos queda la vía judicial para pedir la revisión del precio, y la necesidad de que se dicte una ley para que la empresa vendedora o la fábrica se vean obligadas a realizar los descuentos por pago de contado y no cobren gastos inexistentes ni comisiones de administración exorbitantes.

¿Qué semejanza existe con otros periodos como el de la Circular 1050? 

Los efectos de los sistemas indexatorios son similares y antes de los 24 meses en sistemas económicos inflacionarios -tal el argentino- el deudor no puede pagar, y si paga los efectos cancelatorios del pago desaparecen. Es decir, mientras más se paga, más se debe. 

Conclusión

Según el profesional, el sistema de reajuste por aumento de precios o indexación es un sistema inequitativo, usurario y extorsivo, que -en el caso de los bancos- se apodera de forma ilegítima de los ingresos del deudor, y -en el caso de los automotores- fija precios mayores de los que abona un comprador individual cuando paga de contado. Por lo tanto, la parte fuerte obtiene ganancias desmesuradas a expensas de los esfuerzos del deudor. 

2 thoughts on “Sigue la “tormenta socio-moral” de los créditos UVA y los planes de ahorro para adquirir automotores

  1. El tema es complejo, y para proponer una solución requiere de un análisis integral del negocio, no sólo mirándolo desde la perspectiva proteccionista apriorista del consumidor. Se habla por ejemplo de baja de intereses y no se toma en cuenta que nadie en el mundo te va a prestar por debajo de la tasa de inflación ( lo que técnicamente se llama tasa negativa); se habla de que la cuota no exceda el 25% del ingreso familiar, cuando en la Argentina el mismo en promedio es de 200.000 pesos, con lo cual la cuota no podría exceder de $50.000 cuando el alquiler de un departamento de un ambiente con expensas esta por encima de esa suma; en resumen se propone un sistema jurídico ajeno a la realidad económica.
    El sistema de acceso al crédito de vivienda requiere de un análisis mas complejo, donde los capitales deben tener seguridad económica y jurídica, y los consumidores todos las posibilidades para poder pagar sin perder su vivienda.
    Mirarlo solo desde el punto de vista legal es un desatino y genera lo que está sucediendo, un nuevo negocio para los abogados que subidos al carro pro consumeril que se vive en los juzgados, hacen muy difícil que quienes quieran hacer negocios inmobiliarios lo hagan, al menos en este país.

  2. Genial, ojala nos ayuden! Soy Hipotecada Uva, saque 996 mil pesos y habiendo pagado casi 4 años hoy debo casi 7 millones! Los tomadores de los creditos estamos viviendo una pesadilla

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *