Couyntura, Economía, Opinión

“Se evidencia la voluntad política de fomentar una Argentina al margen de la ley”

Al no aprobarse el proyecto de presupuesto para 2022 debe regir el que estuvo en vigencia el año anterior. “Constituye una especie de ‘carta blanca’ que le permitirá al Poder Ejecutivo Nacional eliminar los rubros de recursos, suprimir ingresos y reasignar gastos, entre otros”, destacó el especialista Marcos Sequeira

“La Ley de Presupuesto es un acto de suma trascendencia institucional, ya que se ocupa de regular la actividad política, económica y social del país. Por ese motivo, no es inusual que se la defina como ‘la ley de leyes’. Sin este instrumento, el Gobierno carece de una ‘guía de acción’ y la sociedad queda sujeta al manejo discrecional del funcionario de turno. Al respecto, debe contemplarse que el Presupuesto de la Administración Pública Nacional tiene su fundamento en normas que regulan la actividad, el control y la estructura financiera del Estado” señaló a Factor, Marcos Sequeira, especialista en temas tributarios, profesor de posgrado en diversas universidades, expositor y conferencista.

¿Cuáles son esas normas?

En la Constitución Nacional, se las puede visualizar en los artículos 4, 39, 52, 75, 85 y 99. Estas disposiciones son reglamentadas por otra legislación, principalmente, por medio de las leyes Nº 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; Nº 11672, Complementaria Permanente de Presupuesto; Nº 24629, de Reforma del Estado; Nº 25152, de Administración de los Recursos Públicos o de Solvencia Fiscal, y Nº 25917, de Responsabilidad Fiscal. Esto implica que se ha dejado al país sin uno de los principales instrumentos de administración y control, apartándose de lo que expresamente exige la Constitución Nacional y otras cinco leyes de menor jerarquía.

 ¿Pudo haberse evitado esta situación?

Pudo y debió evitarse; ya que el proyecto de la Ley de Presupuesto para el año 2022 ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. Debió haber sido tratado antes. No esperar más de tres meses para hacerlo. Menos aún cuando la agenda legislativa de los últimos años y la de 2021, en particular, es sumamente pobre. No puede decirse que a los legisladores les faltó tiempo para tratar la norma más importante que tiene la República. 

¿Cuáles son los motivos por los cuales la oposición rechazó el Proyecto?

Básicamente dos: las facultades que se le pretendía delegar al PEN para aumentar tributos, retenciones, prorrogar impuestos y, en general, la posibilidad para que los recursos se manejen en forma discrecional y descontrolada. También se mencionó que se estaría subestimando la inflación del año que viene y otros argumentos por el estilo. Sin embargo, aparentemente hasta último momento había acuerdo de la oposición, el que fue depuesto a partir del discurso del diputado Máximo Kirchner.

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¿Estamos a tiempo de corregir este problema?

Para corregir este problema, el proyecto de ley debería regresar a comisión, para discutir los cambios y arribar a un acuerdo. Sin embargo, ya se nos anticipó que no se seguirá ese camino. 

¿Qué sucederá ahora? ¿Puede funcionar un país sin Ley de Presupuesto?

El país no puede funcionar sin Ley de Presupuesto. No obstante, previendo una situación como la actual, el artículo 27 de la ley 24156 establece que, si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el presupuesto general, debe regir el que estuvo en vigencia el año anterior, con los ajustes que estime necesario realizar el Poder Ejecutivo Nacional. Esto importa una transferencia de facultades del Poder Legislativo a favor del Poder Ejecutivo. Una especie de “carta blanca” que le permitirá a nuestro Presidente eliminar los rubros de recursos, suprimir ingresos y reasignar los gastos; etcétera. En fin, todo lo que crea necesario para adaptar el presupuesto del año 2021 para aplicarlo en el año 2022. 

¿Hay antecedentes de situaciones semejantes?

Durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner no se aprobó el presupuesto de 2011 -que se había tratado el año anterior, como lo exige la ley-. Al parecer, se llegó a esta situación en forma deliberada. Recuerdo que el por entonces diputado Ricardo Alfonsín hizo declaraciones públicas y opinó que el proyecto de presupuesto había sido premeditadamente mal hecho, dado que al Gobierno le convenía para poder usar los fondos discrecionalmente. 

Otro antecedente ocurrió en el Gobierno de Alberto Fernández, con el presupuesto del año 2020: luego de ganar las elecciones, en su primer mes como Presidente, prorrogó el presupuesto de 2019 -proveniente del Gobierno de Mauricio Macri-. Luego modificó este presupuesto en por lo menos tres oportunidades. 

¿Estamos ante un presupuesto creíble o ante un “dibujo”?

Ésa es una pregunta cuya respuesta debe ser respondida por cada uno de los ciudadanos que habitan Argentina. Solo puedo mencionar algunos datos. Por ejemplo, el pronóstico de inflación es de 33%; se prevé cuatro por ciento de crecimiento -una expansión del PBI cuatro por ciento-; el déficit primario sería de 3,3% y llegaríamos a final de año con un dólar oficial de $131. En fin, parece que estuviésemos hablando de otro país. 

¿Qué pasará de ahora en más? ¿en qué beneficia y en qué perjudica al Gobierno que no haya presupuesto para 2022?

Los “beneficios para el Gobierno” son una mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Esto puede ser un tanto peligroso, pues los organismos encargados del control en nuestro país no se caracterizan por su eficiencia e independencia.

En materia de “perjuicios”, el más visible es no haber conseguido que se le amplíen las facultades en materia tributaria al Presidente. Empero, el tema va mucho más allá: esta situación nos debilita como Estado, no sólo dentro de Argentina, sino también ante todo el mundo. Eso repercutirá en toda la actividad pública y privada.

Hoy el panorama es nítidamente de mayor incertidumbre y complejidad política, lo que ya se ha visto reflejado en el riesgo país, la cotización del dólar, etcétera. Pienso que tampoco favorece la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

¿Hay perjuicios para las provincias?

Dando por descontado que el Gobierno tenía planeado aumentar dos impuestos coparticipables (Ganancias y Bienes Personales), las provincias dejarán de percibir unos $190 mil millones. La suma de $90 mil millones por la disminución en la recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales y la de $100 mil millones, por el impuesto a las Ganancias. En el caso de la Provincia de Córdoba, eso implicaría recibir unos $19.000 millones menos. Tampoco podrá refinanciar la deuda de $8.240 millones que EPEC mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) ni beneficiarse por el aumento del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros que le significaba un ingreso extra de $3.500 millones. 

¿Qué cambiará en los impuestos sobre los Bienes Personales y sobre las Ganancias a partir del rechazo del Presupuesto 2022?

Sobre el impuesto a los Bienes Personales, se volverá a las alícuotas tradicionales, quedando sin efecto la aplicación de las alícuotas agravadas sancionadas al poco tiempo de asumir el actual Gobierno. Hay otras repercusiones en materia del mínimo no imponible y el valor de la casa habitación, que están muy por debajo de los valores reales. En términos generales, volveremos al texto de la ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 

En materia de impuesto a las Ganancias, se rehabilitaría la posibilidad de que las empresas adjudiquen en un solo ejercicio los resultados del ajuste por inflación. 

Se ha difundido que la interpretación que el oficialismo hará al respecto permite que las facultades dadas al Poder Ejecutivo en su momento todavía permanezcan vigentes, con lo que el Presidente por medio de un decreto las prorrogaría por otro año. En ese caso, seguirían en vigencias las alícuotas agravadas. Empero, esta elucidación es absurda. No sólo sería inconstitucional por violar el principio de legalidad (arts. 4°, 9°, 17, 19, 28, 39, 52, 75 inc. 1° y 2°, 76, 99 inc. 2° y 3°) sino que además contradiría normas específicas, taales como el artículo 20 de la ley 24156, que le prohíbe al Poder Ejecutivo crear, modificar o suprimir tributos. 

La oposición anunció que aprobará un proyecto de ley -antes de fin de año- que contemple estos cambios. En realidad, este proyecto ya existe y está aprobado en Senadores ¿Qué opinión le merece? 

Veo muy poco probable que esa reforma se concrete. Quedan muy pocos días para que concluya el período de sesiones y el oficialismo se va a oponer rotundamente. Ojalá me equivoque, ya que en el proyecto en cuestión se actualizan los valores de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, acercándolo un poco más a la realidad. Actualmente pagan este tributo contribuyentes que no tienen la más mínima capacidad contributiva. 

¿Qué conclusiones nos puede dejar?

Un país sin presupuesto constituye un acto de enorme irresponsabilidad política, atribuible, en este caso por lo menos, tanto al oficialismo como a la oposición. Nuevamente, la Constitución Nacional no deja de ser un libro de “buenos deseos”. Una utopía.

Una “Constitución simbólica” que nos debe llevar a preguntarnos: ¿de qué manera nuestra Constitución Nacional, que promete asegurar los derechos fundamentales, y que constantemente no son respetados, pueden ser considerada un parámetro capaz de orientar la conducta de los individuos y protegerlos? ¿En qué medida el déficit de concretización jurídico-normativa de la Constitución no constituye solamente un problema de ineficacia sino la hipertrofia de su función?

Cualquiera sea la respuesta que cada uno de nosotros crea válida, hay un hecho incontrovertible: tenemos ante nosotros un divorcio entre el poder (y su ejercicio) y el derecho (y su aplicación real). 

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