Couyntura, Economía

La macroeconomía en el spa… ¿y la economía real para cuándo?»

Por José María Rinaldi. Economista.

Cuando el sábado 2 de julio de este año el ministro de Economía Martín Guzmán presentó su intempestiva, caprichosa e inoportuna renuncia, en una carta dirigida al Presidente, horas después, sostiene la necesidad de un «acuerdo político» para el ejercicio de las funciones del ministro, reprochando el silencio del jefe de Estado ante el pedido de mayor control sobre el tablero de decisiones. Ante esta situación, el Presidente lamentó la decisión del ministro, pero la respetó y sostuvo que la política económica del gobierno se mantendría.

Después de ello y de la breve asunción de Silvina Batakis como ministra, sumado a las corridas cambiarias, se comienza a notar que la promesa del Presidente de mantener el programa económico se comienza a resquebrajar. Evidentemente, en el discurso de la ministra queda en claro que las prioridades en los objetivos de la política económica, viran de los ejes tradicionales del kirchnerismo (con énfasis en tener un tipo de cambio real competitivo, una política fiscal expansiva y una mejora en el poder adquisitivo del salario que enciendan «los motores» de la demanda, es decir, las exportaciones, el consumo y la inversión, como consecuencia del estímulo del consumo), a la estabilidad de los balances básicos de la economía (el monetario, el externo y el fiscal).

La gestión de la ministra no llegó a cumplir el mes y Sergio Massa la reemplaza como «superministro», llevando acuerdo político a su designación, haciendo cambios institucionales muy importantes y confirmando la postura de Batakis respecto a la prioridad del equilibrio de los balances básicos. De esta manera, se confirma: el ajuste fiscal con congelamiento de la planta del Estado, el inicio del proceso de la segmentación de tarifas, el viaje a Estados Unidos con reuniones con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dos licitaciones de deuda exitosas que ampliaron el financiamiento del Tesoro.

Todo ello redunda en una macroeconomía desestresada, retroceso de los tipos de cambio financieros, pax cambiaria, sobrecumplimiento de las metas fiscales con caída de 38% del déficit por vía de disminución del gasto, política monetaria que se aprecia en la baja participación de los agregados monetarios en términos de PBI y la menor base monetaria en décadas.

De esta manera, la macroeconomía está en el spa pero como «no existen almuerzos gratis» y la economía es una suma cero, la otra cara es: las altas tasas de interés, el enfriamiento de la economía, la imposibilidad de eliminar las restricciones externas a pesar de la sobreproducción de instrumentos (dólar soja, dólar Qatar, swap chino, etcétera) y los buenos saldos positivos del balance comercial y, el verdadero «talón de Aquiles», las altas tasas de inflación.

Resulta paradójico que se insista con diagnósticos monetario-fiscalistas como principal causa de la inflación, cuando las evidencias empíricas indican que, con las históricamente baja tasas de monetización y la importante disminución del déficit fiscal, tengamos tasas de inflación que se acercan a los tres dígitos.

Ante estas circunstancias, el ministro decidió fijarse un objetivo de bajar un punto de inflación cada 60-75 días, arrancando en 7,5% para llegar a tres por ciento en abril. Para obtener ese logro, la estrategia consiste en un acuerdo de precios con 117 firmas y 1.900 productos durante 120 días y denominado «Precios Justos». Estos acuerdos funcionan cuando un gobierno está dotado institucionalmente de mecanismos regulatorios provistos tanto en recursos materiales como en lo simbólico, que actúen como simuladores de competencia, de lo contrario seguirán la misma suerte que un programa similar instrumentado por la dictadura cívico-militar, que se denominó «La Tregua» de 1977, cuyo resultado se desmoronó en el día 121.

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A su vez, el alto nivel inflacionario que se encuentra en 6,3% mensual, acumula 88% anual entre puntas y lleva 76,6% en lo que va del año, arrebatando poder adquisitivo al maltratado salario. Efectivamente, como sostiene Mariana González, asistente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) en la nota «Salarios, paritarias e inflación»: el inicio de la aceleración en el nivel general de precios a fines de 2021 marca un punto de inflexión a partir del cual los salarios fueron quedando nuevamente a la zaga de la inflación. El salario registrado promedio del pasado mes de julio resultaba, según información del Índice de Salarios del Indec, 3,4% inferior en términos reales al de noviembre del año pasado.

Así, este valor salarial quedó levemente por debajo del nivel de diciembre de 2019, cuando asumió el actual gobierno. Puede entonces decirse que la pérdida de 20% que sufrió el salario medio durante el gobierno de Cambiemos no se logró siquiera comenzar a revertir. Si bien en 2020 el mal desempeño salarial se podía vincular con las consecuencias negativas de la pandemia de covid-19 sobre economía y el mercado laboral, tampoco en 2021 y 2022 se logró la recuperación salarial, en un contexto más favorable caracterizado por el crecimiento económico y del empleo y la baja de la desocupación.

Por su parte, y tomando en cuenta las medidas paliativas que se vienen anunciando referidas a la necesidad de sumas fijas y el incremento del salario mínimo vital y móvil, desde el gobierno se ha buscado seguir la inflación y no recomponer poder de compra para el salario mínimo, con el agravante de que la inflación fue siempre subestimada. Así, y también con información de (Cifra), en 2022 el resultado promedio fue una reducción de 1,6% y, si se considera el salario de octubre (con la última información sobre el IPC), una reducción interanual de 9,3%.

A esta altura, cabe preguntarse: ¿después de cuánto resultan las variables reales?. Esto es, cuándo se volverán a recuperar el poder de compra del salario, para que de esta manera se encienda el consumo y, como consecuencia de ello, incremente la inversión.

No está mal que la macroeconomía esté en el spa, lo que no se entiende es la demora en urgentes medidas que mejoren el poder adquisitivo de la gente, alivien los niveles de pobreza e indigencia y enciendan, nuevamente, las «turbinas» de la demanda agregada que recuperen los principales ejes de la política económica.

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