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La compleja tarea de lograr una adecuada negociación y reprogramación de la deuda pública

Por Salvador Treber. Economista. Profesor de Posgrado de la FCE-UNC

Se trata de un gran desafío para el equipo económico nacional, asumido hace apenas cinco meses, que enfrenta en esta área un exigente examen. El gobierno saliente presidido por Mauricio Macri, no previo ni planificó cómo se afrontaría el elevado pasivo acumulado y acrecido en forma importante durante su gestión.

Podríamos pensar, al analizar el perfil de los vencimientos originalmente previstos para los años 2020 y 2021, que -muy por el contrario- se preocupó prolijamente por dejar “terreno minado” para el gobierno presidido por Alberto Fernández.

Declaraciones tales como las del presidente Diego Sandleris, en ejercicio de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), realizadas en octubre de 2019, cuando se produce el cambio de gobierno, ponen de manifiesto la escaza voluntad del gobierno saliente de llevar adelante una adecuada transferencia en la conducción económica-financiera del país. El referido funcionario declaró en esa oportunidad: “Hay suficientes dólares para llegar a fin de año”. Evidentemente su horizonte de planificación y de previsión para el país no excedía el 31 de diciembre de 2019, postura inadmisible para quien tiene la responsabilidad de encabezar el Banco Central de la República Argentina (BCRA), brazo ejecutor de la política monetaria y financiera del Estado.

El sólo hecho de pensar apenas “hasta fin de año” demuestra un alarmante y hasta peligroso grado de irresponsabilidad; sin embargo, lo peor del caso es que lo que sostuvo tampoco se ajustaba a la verdad. La venta diaria de dólares generó una pérdida acumulada durante la gestión precedente y significó la pérdida de potenciales reservas por casi US$90 mil millones sin lograr frenar -ni siquiera atenuar- la continua suba de la cotización del dólar.

Al asumir el nuevo gobierno, la renegociación de la abultada deuda, especialmente de la contraída en moneda extranjera, y la reprogramación de sus vencimientos se convirtió automáticamente en una de las primeras y más urgentes prioridades, que sólo fue transitoriamente desplazada por la irrupción de la problemática de la pandemia mundial de coronavirus.

Aun así, prontamente se debió definir los objetivos esenciales al respecto, ya que los vencimientos inminentes obligaron a tomar posiciones firmes en la negociación con los bonistas particulares. Es de notar que el total de dicha deuda sólo en jurisdicción federal a mediados de 2019 era de alrededor de US$310 mil millones. El monto antes referido es aceptado como real por todos los analistas; en cambio, al respecto la consultora Daniel Marx ha anunciado que -según el resultado de sus evaluaciones- “sólo” ascendería a US$281.296 millones, que equivaldrían a 63% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino. Debe advertirse que en este caso dicha cifra incluye las deudas correspondientes a la Nación, todas las provincias y las del BCRA. De ese total, las transferencias intrasectoriales totalizan un importe equivalente a US$106.000 millones. Teniendo en cuenta las características de exigibilidad, subrayaban que debería prestarse muy especial atención a lograr una renovación con ampliación de US$223.000 millones, que equivalen a 51% del PBI.

La relación de la deuda pública y el PBI -que se mantuvo relativamente estable hasta el año 2017- se convulsionó, llegando a niveles elevados durante 2018 y 2019. A fin de 2019 significaba 90% del PBI, siendo casi 78% en moneda extranjera. Estos guarismos se reflejaron en las manifestaciones del propio FMI respecto de la no sustentabilidad de la deuda argentina.

El caso del pasivo contraído con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si bien no representan vencimientos próximos a afrontar, deberá ser motivo oportunamente de un tratamiento especial teniendo en cuenta que los nuevos plazos no podrán ser menores a una década.

Era previsible que las negociaciones fueran dificultosas, especialmente con los bonistas particulares encabezados por ciertos fondos comunes de inversión, cuyo comportamiento se asemeja bastante a la operatoria de los conocidos como “fondos buitres”. Las dificultades se evidenciaron con mayor fuerza al plantear el ministro Guzmán su requerimiento de reducción de intereses y especialmente al exigir un periodo de gracia para comenzar a pagar y una extensión de plazos y reordenamiento de los vencimientos.

A modo de amenaza, los voceros de los grandes acreedores privados hicieron circular que si “osan realizar quitas se deberán olvidar de desarrollar el yacimiento de Vaca Muerta”. Gerardo Rodríguez, director Ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, amenazó: “Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”.

Los desafíos más serios

Cabe recordar que se mencionaron como vías probables las modalidades identificadas como “a la uruguaya”, que implicaba simplemente diferimientos de plazos, pero que resultan claramente insuficientes en el caso argentino. Algunos operadores financieros coincidieron en que nuestro país podría no apelar a quitas y retornar de inmediato a los mercados para lograr sólo ampliar adecuadamente los plazos de pago. Ello permitiría encarar una importante extensión de la actividad económica en general y, muy especialmente, poner el acento en asegurar un indispensable mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones, única fuente de divisas.

Se insiste en analizar muy en detalle lo actuado en una instancia semejante respecto por una virtual cesación de pagos por parte de nuestro pequeño vecino Uruguay y en un trance similar por el más distante Portugal. En ambos casos los respectivos acuerdos que han viabilizado dicha extensión permitieron dar lugar a una sólida consolidación de dos procesos exitosos -en ambos casos se logró consolidar el acceso a procesos superavitarios sin tener que apelar a cortes en áreas o actividades sensibles como educación y salud-.

Es necesario llegar a un acuerdo que otorgue tiempo para en el mientras tanto acceder a fuentes generadoras de dólares que permitan sin dificultad sostener una expansión creciente de la economía, que a la par respalde un creciente consumo de la población y que sólo requiera encarar un ajuste del gasto público en rubros de menor relevancia económica-social.

Este escenario, de por sí difícil, fue conmovido por el agravamiento de la caída del comercio internacional generada o a instancias de la pandemia del coronavirus que cuestionó los pilares de la globalidad.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sostiene que 2020 será el peor año de los últimos 25, ya que se asiste a la mayor contracción de la última generación.

Los intercambios mundiales, que han sido el símbolo del mundo globalizado, sufrirán una caída de dos dígitos en casi todas las regiones y la caída se sentirá en todos los sectores. Todo ello en un contexto de retracción que ya venía ocurriendo: 2019 fue negativo, con un descenso de los intercambios del 0,1%.

En un escenario mundial complicado, en el que las economías se ven obligadas a auxiliar a sus sectores más vulnerables y a tomar medidas internas fuertemente intervencionistas por parte de los Estados, crece la sensación de que las posibilidades de lograr una buena negociación en términos de la deuda externa con los bonistas particulares no son pocas.

Se esperaba llegar a un acuerdo con los acreedores externos, de modo de poder liberar fondos públicos que deberían destinarse al pago de intereses y poder destinarlos a la reconstrucción de la economía.

Hoy en día esa economía está aún más golpeada por la paralización de muchas actividades y los fondos del Estado deben ser destinados a paliar los efectos de esa paralización. Pero debemos admitir que esta problemática es general a nivel ecuménico y por lo tanto el beneficio que pudieran obtener los acreedores de un posible default argentino no se advierten fácilmente. Tal es así que el mismo FMI sostiene que un default argentino “no le conviene a nadie”, y menos al propio FMI ya que además de ponerse en cuestión su rol de árbitro financiero internacional, Argentina significa más de un 40% de su cartera prestada, en virtual violación a las normas establecidas en la Carta Orgánica del mencionado organismo internacional. En fin…. No nos une el amor, sino el espanto.

Es necesario llegar a un acuerdo que otorgue tiempo para en el mientras tanto acceder a fuentes generadoras de dólares que permitan sin dificultad sostener una expansión creciente de la economía, que a la par respalde un creciente consumo de la población y que sólo requiera encarar un ajuste del gasto público en rubros de menor relevancia económica-social.

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