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“Es posible esperar una catarata de juicios, si se aprueba el impuesto a la renta inesperada”

Lo asevera el especialista Marcos Sequeira, quien agregó: “Nuestros tribunales han descalificado -una y otra vez- tributos de distinta naturaleza que resultaron violatorios o lesivos de la garantía que veda la confiscación por la vía tributaria del capital o de la renta de las persona”

Según las últimas noticias, ya es prácticamente un hecho que el proyecto de ley sobre la renta inesperada será convertido en ley en los próximos días. A propósito del tema, «Factor» suplemento de Comercio y Justicia consultó al tributarista Marcos Sequeira, quien, además es jurado de Tesis Externa en la UBA y director de Posgrado en la Universidad de Belgrano. Sobre la iniciativa, Sequeira expresó que “es muy difícil encontrarle aspectos positivos. Sin embargo, el Gobierno insiste en sostener que suma ‘progresividad’ al sistema tributario argentino”

¿Puede ampliar el concepto de progresividad y decir qué opinión le merece este nuevo impuesto?

Recordemos que, en un sistema tributario progresivo, pagan más los que mayores exteriorizaciones de capacidad contributiva poseen. En tanto, cuando el sistema tributario es regresivo, la mayor parte de la carga fiscal recae en los que menos tienen. Desde ese punto de vista, entonces, parecería asistirle la razón al Presidente. Pero eso no resulta posible por varios motivos. El primero de ellos, es porque nuestro país no posee un “sistema tributario, sino una suma de cargas públicas desorganizadas, complejas, amplias, heterogéneas y cuya variedad de particularidades no están vinculadas ni tampoco se puede decir que respondan a una ideología unificada. En segundo término, aun bajo la hipótesis del “sistema tributario”, la Constitución establece límites precisos que, en este caso, se estarían -más de uno- incumpliéndose.

¿Cuáles son esos límites?

Sería muy extenso mencionarlos todos, así que me referiré sólo a algunos: el principio de legalidad y el de no confiscatoriedad. Sobre el primero, este impuesto se aplicaría a ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021; es decir, en forma retroactiva. El principio de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria está establecido en la Constitución Nacional, en los arts. 4°, 9°, 17, 19, 28, 39, 52, 75 inc. 1° y 2°, 76, 99 inc. 2° y 3°.

Esto implica que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, es decir, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, debiendo ser siempre aplicable “hacia adelante”.

Sólo la ley penal y la ley procesal penal pueden tener efectos retroactivos. Nunca eso es posible con las leyes tributarias.

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Desde el punto de vista de la confiscatoriedad, por esa misma base imponible, las empresas ya pagaron 35% y ahora se les haría pagar un 15% adicional; lo que lleva la alícuota sobre la renta -esperada e inesperada- a 50%.

Nuestros tribunales han descalificado -una y otra vez- tributos de distinta naturaleza que resultaron violatorios o lesivos de la garantía que veda la confiscación por la vía tributaria del capital o de la renta de las personas. Existe una relación íntima entre el Estado de Derecho, la garantía constitucional del derecho a la propiedad privada y los tributos como institución.

El abuso de la potestad tributaria puede demoler el Estado de Derecho y lesionar el derecho a la propiedad privada, empujándonos arteramente a la frontera del colectivismo.

Así lo exige el artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de propiedad privada y proscribe la confiscación como pena y también así lo impone la garantía innominada de razonabilidad que se desprende del artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que hay sectores que se han favorecido mucho con la pandemia obteniendo beneficios extraordinarios, por lo que es de toda justicia que parte de esos rendimientos sean transferidos al sector menos favorecido de la sociedad.

No niego, porque además lo ignoro, si eso es así. Empero, suponiendo que eso sea cierto, esa transferencia de ingresos no puede realizarse por medio de un impuesto confiscatorio al que se le otorguen efectos retroactivos. Debería buscarse otro mecanismo. Aunque en lo personal opino que la atención debería concentrarse en disminuir el gasto público en lugar de crear nuevos impuestos. Desde ya, no ignoro el alto costo social que eso significa; con todo, cada empresa que cierra son puestos de trabajo que se pierden y más tarde o más temprano eso se refleja en el gasto social.

Lo peor, aprecio, es que la recaudación prevista con este tributo solo alcanzará para pagar dos meses de los bonos extras que se pagarán a los jubilados, a los monotributistas -categorías A y B- y a quienes trabajan en la informalidad; vale decir, es una ayuda o transferencia al sector menos favorecido de nuestra comunidad para los meses de abril y mayo ¿Qué sucederá en junio y de ahí en adelante? ¿Se sancionará otro nuevo impuesto? El temor de que eso ocurra existe entre los empresarios argentinos, quienes, desde hace ya bastante tiempo están modificando su residencia a países que, además de ofrecerles incentivos para la inversión, poseen regímenes tributarios mucho más benignos, en los que el costo fiscal y la presión tributaria es infinitamente menor a la nuestra, y donde, además, existe previsibilidad; seguridad jurídica.

Judicialización

A la pregunta de si es posible esperar juicios si se sanciona el impuesto, Sequeira respondió: “Es probable que sí, aunque solo alcanza a 3,2% del padrón de contribuyentes; se trata de empresas de gran envergadura que poseen servicios profesionales de asesores experimentados” y señaló que cualquiera de ellos alentaría demandar al Estado y no pagar ese tributo.

“Se trataría de un consejo responsable, ya que, a tenor de lo que tiene dicho sobre la materia nuestra justicia federal y nacional, incluyendo los tribunales federales de Córdoba y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el éxito está prácticamente asegurado”, concluyó el profesional.   

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