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Argentina sufre la falta de una política fiscal para reducir el consumo de alcohol

Según Marcos González –contador público-, no existe una estrategia que busque aumentar los gravámenes de este tipo de bebidas como un objetivo sanitario

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que aumentar el precio de productos que pueden tener un consumo problemático (cigarrillos, bebidas alcohólicas, entre otros) puede reducir su consumo, ya que las personas “son sensibles” a los aumentos en los precios. Por ello, la aplicación o el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas debe ser tomado como una herramienta sanitaria más que como una medida fiscal tendiente a aumentar la recaudación”, expresó Marcos González –contador público, especialista en Tributación de la UNC- al ser consultado por Factor con respecto al tema de los gravámenes que impactan sobre las bebidas alcohólicas en el país.
Según el profesional, en Argentina las bebidas alcohólicas tributaron históricamente muy bajos impuestos. La ley 24674 estableció en su artículo 23 las alícuotas del impuesto interno a estas bebidas: 20% las bebidas con más de 10° de graduación alcohólica y ocho por ciento las cervezas, mientras que el vino y el champagne no tributaban impuestos.

¿Se produjeron cambios con la reforma tributaria?
En 2017, el proyecto de Ley de Reforma Tributaria del Poder Ejecutivo contenía un incremento en las tasas de impuestos internos para todas las bebidas alcohólicas, así como para las gaseosas azucaradas. La propuesta original preveía que la tasa para las bebidas espirituosas se elevara de 20% a 26%; para vinos tranquilos y sidras, de cero a 10 por ciento, y -en el caso de champañas y espumantes- de cero a 17 por ciento. A su vez, aquellas sobre cervezas pasarían de ocho a 17%.
Pocos días después de anunciado el proyecto, antes de su envío al Congreso, el Poder Ejecutivo decidió renunciar a gravar a los vinos y espumantes, así como rever las alícuotas previstas para la cerveza.
Dicho retroceso respondió a la intensa presión ejercida por los gobernadores de Mendoza y de San Juan contra la imposición a la vitivinicultura, enfatizando que ésta responde a una amplia base agraria (230 mil hectáreas cultivadas por 17.500 productores, y 800 bodegas procesadoras), lo que justificaría mantener la desgravación de tal producción regional.
Las provincias productoras de los insumos cerveceros (Buenos Aires, origen de 80% de la cebada, y Río Negro y Chubut, abastecedoras de 90% del lúpulo) no emularon las gestiones políticas de las provincias cuyanas en defensa del sector de su interés.

Entretanto, el ministro de Hacienda decidió modificar el proyecto por afectar a actividades tales como la vitivinicultura, no obstante de calificar vinos y cervezas como consumos sustitutos, por lo que aumentar el impuesto a las últimas a 17% sin que el vino tribute generaría un fuerte incentivo a favor de éste, agravando la distorsión ya existente en los hábitos del mercado. Al respecto, el sector vitivinícola demandó equidad, evitando alterar los precios relativos entre productos sustitutos que pudieran generar una migración del consumo hacia la cerveza, calificada como bebida de naturaleza industrial altamente concentrada (salvo en el sector artesanal que cubre cinco por ciento del mercado).
Las empresas dominantes en el sector -propiedad de los dos mayores grupos internacionales, AB InBev (belga–brasileño) y CCU (chileno)- enfatizaron la relación de sustitución entre vino (no gravado) y cerveza, alertando acerca de la eventual revisión del plan inversor para el período 2016/2020 por U$S1.800 millones, influyendo así sobre la reducción de las tasas originalmente previstas.

Finalmente, la reforma tributaria modificó entonces la ley de impuestos internos elevando, la tasa para las cervezas de ocho a 14 por ciento, aunque por vía del decreto reglamentario se redujo a sólo 10% (dos puntos sobre el nivel previo vigente). La producción artesanal permaneció sin cambios (tributando ocho por ciento) y aquella hasta 1,2 grado de alcohol en volumen resultó exenta.

¿Cree que existe una política fiscal para reducir el consumo?
En materia de impuestos que protegen la salud humana, en Argentina no existe una política fiscal que controle la verdadera efectividad del impuesto a las bebidas alcohólicas en cuanto a la reducción de su consumo, a pesar de las palabras del secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein: “El impuesto a los productos no saludables es la estrategia de mayor impacto para reducir el consumo”
Las bebidas alcohólicas tienen un impuesto interno muy bajo y algunas ni siquiera están gravadas, por ende existe un amplio margen para aumentarles los impuestos. Aunque no es la única medida que puede adoptarse para disminuir su consumo, es indispensable que el Gobierno la considere.

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