“Argentina es uno de los países que más recursos pierde por evasión”

Según el especialista Marcos Sequeira, sigue siendo negocio no pagar las obligaciones fiscales a la espera de una moratoria. Sólo cinco por ciento de las causas por evasión llega a sentencia

Los cambios más importantes que marcaron la realidad del año en curso se produjeron en el año 2017, con la sanción de la ‘ley ómnibus’ 27430 sancionada el 29 de diciembre y que modificó sustancialmente el régimen tributario y penal tributario y que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
Por medio de ella se derogó la ley penal tributaria vigente desde el año 1997 y se modificaron las leyes de impuesto a las Ganancias, del impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos Internos, Procedimientos Tributarios, el Código Aduanero y se estableció el Revalúo Impositivo. También se creo la Unidad de Valor Tributaria.
Muchos de ellos todavía no fueron reglamentados y tampoco comenzaron a regir” así lo señaló Marcos Sequeira –tributarista- al ser consultado sobre los acontecimientos sucedidos en el corriente año en materia tributaria y las perspectivas fiscales para 2019.

Para el especialista, lo más sustantivo con respecto a la ley de impuesto a las Ganancias es la gravabilidad de la renta financiera y la derogación de exenciones para las entidades sin fines de lucro que obtengan recursos por medio de actividades de crédito o financieras.
Ninguno de estos cambios fue reglamentado todavía y lo mismo ha sucedido con el ajuste por inflación, que es reclamado por las empresas desde hace décadas, al igual que la gravabilidad de las remuneraciones de los jueces, magistrados, empleados públicos y demás.
La ley establece que sólo lo pagarán los que ingresen a partir del 1 de enero de 2018. Se modificaron las tasas para las empresas, de 35% a 25% para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020, inclusive. “Muchos de estos cambios seguramente nunca entrarán en vigencia efectiva, en virtud del acuerdo celebrado con el Fondo Monetario Internacional”, refirió el profesional.

Conforme lo que usted acaba de decir ¿en que influye el acuerdo con el FMI?
Este acuerdo exige que el Gobierno ponga sus cuentas en orden. Como la reducción del gasto público es muy difícil por sus consecuencias sociales, sólo queda aumentar la presión fiscal. Dentro de un contexto recesivo y con una inflación descontrolada sucederá lo que siempre pasa: el incremento de la presión fiscal recaerá sobre los contribuyentes inscriptos. Los que continúan en la clandestinidad, si bien son cada vez menos, seguirán privilegiándose con la ineficiencia del Estado en sus diversos roles.
Muestra de ello es que nuestro país se ubica dentro de los que más recursos pierden por evasión. Sólo nos superan Guyana, Chad, Malta, Comorras, Guinea, Gambia y Pakistán. Nos encontramos en la misma situación que Eritrea y Namibia.
La situación era todavía más grave antes de la sanción del último blanqueo y de la implementación de ciertos avances en materia de transparencia fiscal. Lo mismo, es tanta la información que se recibe del exterior y tan ineficaces los recursos del Estado para analizarla, que no es previsible esperar cambios en el corto plazo.
Por ejemplo, la Dirección General Impositiva (DGI) recibió en mayo de este año una lista con más de 200 mil cuentas bancarias de argentinos en el exterior y solo se han podido analizar menos de 20%.

De ese porcentual, la mayoría no fue declarada en el blanqueo, por lo que se producirá la pérdida de sus beneficios. Si esta tendencia se mantiene, los importes de evasión serán todavía mayores. No ayuda que todavía existen territorios que protegen el dinero en negro.
Es el caso de las Islas Vírgenes Británicas, Guernsey, Jersey (ambas del Reino Unido), las africanas Seychelles, Suiza, Andorra, Hong Kong, las Islas Vírgenes norteamericanas y Uruguay. En rigor, EEUU si bien mantiene un pacto bilateral de trueque informativo con la Argentina, no funciona de manera automática sino por requerimiento y cuando se cumplan ciertos requisitos.
Algo semejante ocurre con Suiza, las Islas Caimán, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Taiwan, Dubai, Panamá y los Países Bajos.

Se habla con insistencia de la «traición del Gobierno» con el blanqueo. ¿Cuál es el motivo?
Hay básicamente dos razones por las cuales quienes sinceraron sus cuentas fiscales pueden sentirse defraudados.
Uno de ellos es por la filtración de datos de quienes entraron en el blanqueo. En ese sentido, los que regularizaron tienen razón.
El otro motivo no es atendible: la AFIP detectó que varios de los titulares de las cuentas que recibió en mayo se habían acogido al blanqueo, pero no declararon esos depósitos.
A ellos se les dio de baja el sinceramiento fiscal, lo que significa que deberán pagar todos los gravámenes (21% de IVA y 35% de Ganancias), más las consecuencias derivadas de haber infringido la ley penal tributaria, donde las penas llegan a los 10 años.

En materia de ley penal por evasión ¿cuáles son los avances?
Sobre esta ley es donde más confusiones existen. El Gobierno ha encargado a un grupo de expertos la redacción del anteproyecto de reforma del Código Penal y según el texto conocido, la ley 27430 será derogada, incorporándose los delitos de evasión al nuevo Código Penal.
De allí que no tiene mucho sentido trabajar en una reglamentación de una ley cuya vida ya se finaliza. Hay que contemplar que, conforme a lo que se viene publicitando, el nuevo Código ya tiene intención de voto positivo en prácticamente todos los sectores del Congreso.
Hay un punto que no debería pasar por alto. Si la nueva ley penal no es modificada tal y como se encuentra plasmada dicho proyecto, los argentinos habremos de dar un importante retroceso en la materia, ya que, en esencia, se reproduce la legislación española que es irreconciliable con el ordenamiento argentino.

En aras de simplificar, es mi modesta opinión, se dará un paso atrás en una herramienta tan importante para la lucha de la evasión.
Hay que destacar que se acaba de crear la Comisión Evaluadora de Convenios Tributarios Internacionales, la cual reemplazará a la Comisión Evaluadora y Revisora de Convenios para Evitar la Doble Imposición creada en el año 2011 que en líneas generales no logró su objetivo.
Esta nueva comisión será a partir del mes de noviembre la encargada de evaluar iniciativas, tanto para suscribir nuevos convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, como para renegociar aquellos que ya se encuentran vigentes.
En ese orden de ideas, hay algunos acuerdos celebrados entre Argentina y otros países que seguramente van a ser dejados sin efecto, como consecuencia que algunas jurisdicciones, como Panamá, si bien han firmado estos compromisos han evidenciado su voluntad de incumplirlos de manera sistemática.
Esta situación se repite con otros países, tales como Uruguay. Es conocido por las autoridades fiscales que una parte significativa de las inversiones de los argentinos se encuentra precisamente en el país vecino y si bien éste suscribió acuerdos para garantizar la transparencia fiscal, esto no se ha visto concretado en la práctica.

¿Cómo cree usted que debería modificarse esta normativa para combatir el delito?
Creo que hay que cambiar el texto de la ley 27430 de modo significativo. Le Ley 24769, más allá de los defectos y problemas que se originaron durante su vigencia, era mucho más satisfactoria.
Si no alcanzó los resultados deseados, esto se debe a la conducta errática del estado argentino que, a la par de endurecer las penas, sanciona cada año una nueva ley de perdón fiscal.
Llámese moratorias, blanqueos, sinceramiento, entre otros. Lo cierto es que en la Argentina sigue siendo negocio evadir a la espera de la moratoria. Si eso no cambia, la evasión continuará en niveles superlativos. Los empresarios ya saben, de sobra, que nadie va preso por evadir.
Lo que enseñamos en nuestras universidades como «derecho penal simbólico».

¿Cuál es el panorama para 2019?
Nos espera una mayor presión fiscal, mayor a la de 2015, básicamente por el aporte de los impuestos al comercio exterior. Esto es muy grave, ya que contribuye a aumentar la recesión.
Más todavía cuando Argentina posee la presión fiscal más elevada del continente. Argentina actualmente paga en impuestos por siete por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) más que el promedio de América Latina.
Actualmente es cercana a 40%, cuando Brasil, apenas por dar un ejemplo, apenas supera 30% y de acuerdo a la Ley de Presupuesto será récord y avanzará hasta 26,2% del PIB. El panorama provincial no es menos problemático.
De hecho, la eliminación del «impuesto a las aduanas interiores» y la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos comprometida cuando se firmó el Pacto Fiscal en el mes de noviembre de 2017, ha quedado en letra muerta.
Esto me conduce a opinar que el incremento en la presión fiscal también se hará sentir en las Provincias y por ende también en los Municipios. Quizás no haya cambios en alícuotas pero sí aumentos en las bases imponibles y eliminación de exenciones.