ESCUCHAREl sector de los pequeños y medianos desarrollistas de Córdoba vuelve a disparar contra el Estado y los organismos de provisión de servicios, que los obligan a montar obras de infraestructura que no les corresponden, y que encarecen una vivienda en $60.000.
Por Laura Pantoja
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“Los desarrollistas somos recaudadores del Estado”, enfatizan los empresarios del sector, tras mencionar -una vez más- la cantidad de obras de infraestructura que deben montar, aunque sin corresponderle, para construir y vender sus edificios con los servicios necesarios.
Según detallan, por los costos derivados de éstos “pedidos ilegales”, la unidad habitacional se encarece en 60.000 pesos.
Los edificios con departamentos no dejan de ser viviendas, unas apiladas encima de otras.
Todas las prestatarias de servicios, y en algunos casos monopólicas, como EPEC, tienen un acuerdo firmado con el estamento de Gobierno que le corresponde, que detalla “su responsabilidad en el aprovisionamiento del servicio y su obligación a realizar las inversiones necesarias para garantizar la prestación”, según indican los empresarios de Cadepyme, entidad que agrupa a desarrollistas, profesionales y afines de la construcción de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Córdoba.
“Ante la negativa del Gobierno durante años de actualizar tarifas que permitan realizar inversiones, estas instituciones decidieron comenzar a financiarse mediante las unidades nuevas, sin que existan previamente reglas claras y sobre todo legalmente viables”, acusan.
“Comenzaron a exigir ilegalmente que los desarrollistas realicen bajo su aprobación, obras de infraestructura, no sólo necesarias para un edificio en particular, si no de tal magnitud que contribuyen a la provisión de servicios de hasta cinco edificios”, añaden, al tiempo que acotan sobre su “forma ilegal”, en tanto según el reglamento de comercialización, -destacan- toda estructura debe ser construida por la prestataria y sus fondos deben ser extraídos de lo recaudado por la venta del servicio a los usuarios.
La primera en comenzar con esto método fue EPEC, que exige subestaciones transformadoras, costosas cuando se divide entre los departamentos de un edificio y que, desde luego, contribuyen a cuadras enteras. “Piden que las hagamos y las donemos, mientras esos trámites interminables avanzan venden energía eléctrica al edificio a una tarifa mucho mas cara, que es la tarifa de servicios, de más de 80% más costosa que la luz residencial. La maniobra parece concretarse cuando con la donación, más la venta de luz a tasas mas elevadas, engrosan el resultado de EPEC y sus empleados cobran bonos de ese resultado”, enfatizan.
Los empresarios acusan al gobierno provincial de “ hacer la vista gorda” y decidir por “simple decantación de los hechos”, que sean los desarrollistas los encargados de ejecutar las obras y, por ende, a los ojos de la comunidad, “los responsables del deterioro del servicio dentro de la ciudad”.
Sobre esto, destacan, que los desarrollistas construyen viviendas y que éstas maniobras sólo contribuyen a que la vivienda “sea cada vez mas inaccesible”
A esto se le suma, según grafican, el hecho de que la Provincia decidió no incluir a la actividad de la construcción en la exención de los Ingresos Brutos y que, además, cobra el impuesto a los Sellos. “Como no tienen el coraje de exigir importes a toda la sociedad para soportar las obras, le piden al desarrollista que se ponga a recaudar para la corona. No tienen coraje de correr con ese costo político y al estar el desarrollista obligado a cobrar ese importe a cada propietario, este último siempre piensa que es viveza criolla del constructor”, afirman.
Luego de EPEC, continuaron los empresarios, prosiguió Ecogas, que comenzó a cobrar una tasa por primera conexión, por medio de un orden administrativo sobre el que exigen que sea el desarrollista el que junte los fondos. “Ahora, últimamente, se adhirió Aguas Cordobesas, pidiendo a las empresa que colaboren para la construcción de esas obras”, precisaron.
“Por otra parte, cada unidad nueva en la ciudad de Córdoba paga una tasa de conexión a cloacas, lo que parece justo y lógico si se hicieran obras, pero como esto tampoco sucede, aquí también nos transforman en recaudadores”, insisten.
El costo de todas estas cuestiones puede llegar a rondar $60.000 pesos adicionales por unidad (Ingresos Brutos, sellos, EPEC, Aguas, Ecogas y cloacas).
Solución a largo plazo
Plantean que es necesario promover la construcción ordenada de la ciudad. Los diferentes niveles de Gobierno deben realizar planes de inversión a largo plazo, como cuestión de Estado y, luego, conseguir que el costo de esa nueva infraestructura recaiga de forma equitativa en la población. “No es justo que el abuelo haya disfrutado de servicios, el padre también, pero le exijamos al nieto que con esfuerzo y mayores dificultades comparativas que aquéllos tenga que costear años de corrupción e ineptitud administrativa”, opinan los empresarios de manera enfática.
Abrir el juego
Los pequeños desarrollistas también plantean la necesidad de repartir de un modo más equitativo las tierras potenciales de urbanizar, ubicadas dentro de la ciudad.
“Estamos transformando el espacio libre que queda dentro del territorio de la ciudad en un banco de tierra donde realizar urbanizaciones, y es tan complejo en términos administrativos que requiere de un gran conocimiento de relaciones personales y amistades, a las que sólo las megaempresas desarrollistas pueden acceder. Están derivando toda la tierra a pocas empresas y eso tampoco es bueno para la competitividad de un mercado”, indicaron en la cámara.
Señalaron que el municipio debe regular la apertura de nuevas zonas aptas para el desarrollo, debe coordinar la ejecución de la infraestructura y permitir que muchos desarrollistas puedan llegar a esa zona. “Existen instrumentos en otras partes del mundo que ayudan a regular sin abusos de precios ni por parte del dueño de la tierra ni de los constructores. Es necesario sentarse a trabajar y tener apertura de mente”, agregaron los empresarios.
La cámara expresa una vez más la necesidad de densificar para mejorar la calidad de vida.
“El futuro de las ciudades está en juego: que el ser humano devore todo el espacio físico a su alrededor, que recorra grandes distancias todos los días contaminando el medioambiente, no es algo inteligente. La altura de Córdoba es ridícula si la comparamos con otras ciudades de Argentina. Hay que buscar elevar la ciudad y promover una mayor superficie verde”, argumentaron.
Al respecto, el arquitecto Marcelo Lange, miembro de la cámara y uno de los principales impulsores de esta línea, deja planteada de una manera integral y precisa las coordenadas a seguir. En ese sentido, Cadepyme idea un proyecto, con el que ya está gestionando su presentación ante los diferentes entes gubernamentales.
