ESCUCHARSegún un informe de QSocialNow, Argentina y España son los países más críticos con la regulación actual de alquileres. Argentinos reprueban la utilidad de la ley por la reducción de viviendas disponibles y la continuidad del alza de los precios. La problemática es un denominador común en Latinoamérica y los usuarios reclaman la aplicación de leyes que promuevan la equidad
Durante el período de las últimas dos semanas, se observó que las conversaciones en español en Twitter respecto a regulación de alquileres son superiores en España (74%) y Argentina (21%); seguidas por Venezuela, México y Perú, que reúnen 7% del volumen total.
Así lo reveló el último informe de QSocialNow, compañía de big data e inteligencia artificial (IA), que concluyó que Argentina y España resultan ser los países donde la situación de la regulación de los alquileres es crítica.
El indicador de emociones de la red social del pajarito mostró la ira como expresión principal, que se desprende con mayor viralidad de España y Argentina, lo que revela la carga emotiva que otorgan a la problemática los usuarios de esos países.
En Argentina, las reacciones desfavorables se destinan al legislador Daniel Lipovetzky, principalmente, por parte del candidato José Luis Espert, seguido de usuarios afines a la oposición al Gobierno, quienes repudian su incentivo a la Ley de Alquileres, que caracterizan como “equivocación”. Bajo el hashtag #alquileres los usuarios argentinos cuestionan la utilidad de la ley a partir de la reducción de viviendas disponibles y la continuidad del alza de los precios.
Es destacable que Madrid y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las ciudades más mencionadas por los usuarios, debido a que se postulan como las más conflictivas y “caras” para la obtención de una vivienda.
En España destacan con gran viralidad las repercusiones en torno a Isabel Díaz Ayuso y sus “insultos” a mujeres e inquilinos. En general, las críticas apuntan al Partido Popular (PP, opositor) y su negativa a la reducción del precio de los alquileres. En segunda instancia surge la emoción “aversión”, ya que los usuarios responsabilizan al PP por su falta de regulación sobre los alquileres y aseguran que responde al desinterés de que la población tenga “vivienda digna”. El hashtag #ViviendaPorLey es el más utilizado entre los usuarios españoles a favor de que se promueva la ley.
Otra coincidencia entre ambos países, a la que se suma Chile, remite a que los medios de comunicación con mayor alcance revelan lo ocurrido en Berlín y el debate por las expropiaciones: tanto los usuarios de Argentina como de España y Chile reaccionan críticamente a las autoridades de sus países que “se niegan” a las regulaciones, alegando que esto sería algo “mínimo” en comparación a lo ocurrido en Alemania, ya que “sólo limitaría los precios”.
Precios de alquileres y acceso a la vivienda
En Venezuela, las conversaciones se concentran en las dificultades de acceder a alquileres en otros países por los elevados precios. Mientras que en México y Perú los medios de comunicación enfatizan desalojos y la situación crítica de inquilinos, a partir del elevado número de morosos y el temor de propietarios a alquilar.
En resumen, la mayor negatividad en general deriva del malestar de los usuarios respecto de los elevados precios y las dificultades para acceder a una vivienda digna; además de la falta de regulación y constante especulación inmobiliaria. Ante estos motivos, responsabilizan tanto al sector público como al privado por la falta de soluciones.
Entre las consignas también se registra la mención de la “salud mental”: a partir de las referencias a las consecuencias de la pandemia, algunos usuarios aseguran que la falta de estabilidad económica y de vivienda también “hace estragos” en este aspecto. Si bien la positividad es casi pareja, ésta remite a expectativas favorables a la regulación. Incluso en algunos países se reiteran pedidos por la “correcta” aplicación de leyes que promuevan la equidad.
Los datos surgen de un informe de QSocialNow, compañía líder en big data e IA, a partir del relevamiento de más de 10 mil publicaciones de cuentas públicas con un alcance de 85,8 millones de impresiones potenciales.
