El intendente Ramón Mestre firmó sendos decretos que autorizan el pago de más de 100 millones de pesos a las tres prestatarias del servicio de transporte urbano de la ciudad de Córdoba.
Los instrumentos legales bajo los números 2875 y 2876, publicados ayer, avalan los pagos producto de diferencias de valores de períodos anteriores, respecto a los costos reales de la prestación. Sin embargo, como es habitual, los textos recién podrán visualizarse hoy. Ayer, se publicaron pero sólo puede observarse el título, número del instrumento y fecha de promulgación.
Con todo, fuentes empresarias consultadas por este medio admitieron que esos recursos ya se fueron otorgando como adelanto de recaudación desde el Fondo de Transporte.
En cualquier caso, fueron gastos que el municipio erogó para cubrir diferencias de costos a las empresas.
Sin respuestas del Ejecutivo municipal, Comercio y Justicia debió reconstruir el texto de los Decretos más allá que hoy ya se conocerán en detalle.
De todas formas, los pagos autorizados corresponden a esos conceptos.
Bajo el título Convenio con firma ERSA Urbano SA, Autobuses Córdoba SRL y Coniferal SA, los dos instrumentos fijan montos por prestaciones específicas.
En el primero, se cubre la diferencia de costos derivados de los costos salariales desde enero a mayo pasado. Ese texto contempla el menor monto respecto al total.
En tanto, el segundo reconoce diferencias de junio, julio y Sueldo Anual Complementario (SAC) además de dos pagos no remunerativos de 4 mil pesos cada uno.
En total, los pagos sumarían poco más de 100 millones de pesos para las tres compañías.
Sin embargo, ese dinero ya fue anticipado oportunamente como adelantos de recaudación. En cualquier caso, es una erogación que toma a su cargo la comuna y que ya supo adelantar para que las empresas pudieran atender las mayores erogaciones salariales.
El reconocimiento de costos llega hasta la última suba de tarifa ocurrida el 1 de septiembre pasado y que llevó el boleto a 31,9 pesos desde los 28 que regían previamente. Fuentes empresarias indicaron que desde ese momento hasta ahora no hay nuevas presentaciones. En todo caso, el reclamo de las compañías llegará luego que deban pagar los 5 mil pesos de bono no remunerativo en los próximos días, como parte de la continuidad de la paritaria de UTA y que ya se suscribió para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
A esta altura, todo indica que una decisión de ajustar o no el boleto a futuro ya será del intendente electo Martín Llaryora, a partir del 10 de diciembre próximo. En parte, esa situación dependerá de qué política adopte el presidente electo, Alberto Fernández, respecto a los subsidios al servicio, eliminados por el actual jefe de Estado, Mauricio Macri.
Ese punto resulta clave. Si Fernández mantiene la política del actual Gobierno, el problema lo tendrá Martín Llaryora, el intendente electo, que deberá ver cómo solventa la suba salarial lograda por UTA que con los sueldos de diciembre, deberán cobrar un aumento en línea con la inflación acumulada desde septiembre hasta noviembre inclusive.
Ese gasto volverá a presionar sobre las cuentas del municipio y Llaryora deberá tomar una decisión si aplica el alza directamente a las tarifas del servicio.
