ESCUCHARTras el default de los denominados “Bonos Verdes” por no cancelar pagos de fines de febrero, la provincia de La Rioja se comprometió con el grupo AHG a abonar los intereses, pero tampoco cumplió la promesa de cancelar la totalidad y ahora los tenedores de bonos reclaman la cancelación total de la deuda en 14 días.
Los acreedores anunciaron que, si no hay respuestas de la jurisdicción que gobiernra Ricando Quintela, recurrirán a la Justicia buscando más medidas para asegurar el cobro de US$26,3 millones.
El estudio de abogados que representa a los bonistas, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, informó en un comunicado que ya notificó a las autoridades riojanas.
En tanto, indicó: “La Rioja, un moroso único, no pagó la totalidad de los intereses que prometió como señal de buena fe y no respondió a la propuesta para remediar el incumplimiento”.
Los Bonos Verdes se emitieron en 2017, por US$200 millones con 9,75% de tasa nominal anual, para de financiar un parque eólico. Ese mismo año, se sumaron US$100 millones adicionales.
El Ministerio de Hacienda riojano anunció a fines de febrero que la provincia enfrentaba “limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses” del vencimiento. Argumentó que “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio” tuvieron “un efecto directo” en la economía de la provincia, resultando en “un grave descenso en la recaudación fiscal”.
No obstante, lo bonos iban por su segunda reestructuración.
Al respecto, los letrados de los acreedores manifestaron que La Rioja es la única provincia que no honró su deuda internacional desde el período de reestructuración de 2020-21.
“Este fracaso es particularmente atroz a la luz del hecho de que los ingresos de los Bonos Verdes se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales se vendió posteriormente por 171 millones de dólares a Pampa Energía SA. Es evidente que la provincia efectivamente tenía los medios para pagar su deuda, pero decidió no hacerlo”, sumaron.
Además, denunciaron que los funcionarios de La Rioja no interactuaron “de ninguna manera con los tenedores de bonos desde su incumplimiento” y que no brindaron respuesta a una propuesta para remediar el incumplimiento presentada por el Grupo Ad Hoc (el AHG).
