ESCUCHARLa Municipalidad de Córdoba quedó expuesta al pago de una cifra cercana a los 50 millones de pesos a los accionistas de la empresa Tecsa, adjudicataria del proyecto de Municipio Digital durante la gestión de Germán Kammerath, luego que el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires habilitó el “derecho a pago” por incumplimiento de aquel vínculo contractual.
En ese marco, los accionistas buscarán percibir en el corto plazo la acreencia, caso contrario avanzarán con el embargo de las cuentas municipales.
El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes próximas a Tecsa. En tanto, en el Ejecutivo municipal admitieron una “notificación” aunque relativizaron los alcances de la decisión. No obstante, recordaron que la Municipalidad se encuentra bajo el paraguas de la emergencia económica particularmente en lo referido a embargos sobre sus fondos. Asimismo, indicaron que parte de los conceptos exigidos ya fueron cancelados.
La decisión del Tribunal de la Bolsa de Buenos Aires como órgano habilitado por contrato para arbitrar en un eventual conflicto, se produjo en las últimas horas.
“Son 23 millones de pesos de capital adeudado y una suma que podría rondar los 25 o 30 millones por intereses y otros conceptos”, reveló una fuente de la UTE ya disuelta. Ese último concepto deberá ser resuelto por el Tribunal a partir de una presentación que realizará la empresa en las próximas horas.
En caso de avanzar los accionistas en el cobro de esas acreencias, el proceso de recuperación económico-financiera que la Comuna había comenzado a esbozar recibiría un duro revés.
Un largo camino
El proceso que derivó en la decisión del Tribunal de Arbitraje se remonta al 17 de julio de 2002, cuando el entonces intendente Germán Kammerath resolvió rescindir el contrato con Tecsa.
El vínculo con la prestataria integrada por SP SA, Relevamientos Catastrales SA y Recovery SA, se había firmado el 3 de mayo de 2001. Tecsa había ganado la licitación para la “Provisión de tecnología informática y asistencia técnica de gestión para la implementación del Municipio Digital y el Programa Córdoba 24 horas”.
El contrato que apuntaba a fortalecer el proceso de recaudación de la Comuna, incluía la provisión de equipamiento informático y nuevo software además de un contrato de fideicomiso con el ABN Amro Bank, quien a su vez debía proveer de un anticipo financiero por US$50 millones.
La UTE ofertó $ 75 millones. No obstante, ese anticipo no se concretó aunque sí un crédito por US$ 20 millones.
El contrato nunca se ejecutó normalmente. A poco de andar, el gremio de los municipales (Suoem) se opuso tenazmente a la “tercerización” del cobro de la recaudación y a otras “irregularidades”, situación que fue derivando en acciones directas que complicaron seriamente la marcha del vínculo.
Finalmente, en julio de 2002, Kammerath rescindió el contrato por “razones de fuerza mayor”, y en el marco de la emergencia económica vigente.
A la Justicia
Rescindido el contrato y con sólo cinco certificados liquidados a la empresa, desde junio a octubre inclusive, los accionistas recurrieron al Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -órgano habilitado por contrato
