ESCUCHAREn una extensa y difícil jornada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el ministro de Energía aseguró que los incrementos se aplicaron de manera “gradual”. Por otra parte, la opinión de la procuradora General no es vinculante pero es un paso fundamental para que el Máximo Tribunal pueda expedirse
Mientras el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, defendió ayer en Diputados el nuevo esquema tarifario que quiere aplicar el Gobierno nacional, se espera que la procuradora General Alejandra Gils Carbó solicite la anulación de la suba con base en que no se realizaron las audiencias públicas correspondientes.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) puede pronunciarse mañana sobre la cuestión de fondo.
En la jornada de ayer, Aranguren se presentó ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para ofrecer un informe “técnico y político” sobre el incremento en el precio de las tarifas que aplicó el Gobierno a partir del segundo trimestre de este año, que fue “frenado” por un fallo de segunda instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
La exposición, que demandó varias horas, comenzó a las 14 y convocó a más de 120 diputados. Allí el ministro defendió la potestad gubernamental de fijar tarifas para aumentar el precio en boca de pozo, al justificar por qué no se convocó a audiencias públicas en esta materia.
En su informe, Aranguren aseguró que “en estos últimos 12 años Argentina pasó de tener energía abundante, nacional y barata a tener energía escasa, importada y cara”, y ratificó que, desde el punto de vista de su gestión, el aumento de tarifas se implementó de manera gradual.
El funcionario también aseguró que el Gobierno debe cambiar la estrategia de la gestión anterior y “apostar a la explotación y producción de petróleo y gas en lugar de la importación como se hizo desde el 2003”, porque “sin energía no vamos a tener desarrollo posible”.
En ese sentido, el ministro dijo que el nuevo Gobierno nacional heredó “un atraso tarifario que no se correspondió con el aumento de 1.600% de inflación”, y recordó que la tarifa de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires aumentó “40% y menos de 200% la de gas”.
“Esto implicó una discriminación entre el interior y el área metropolitana que pagó las tarifas más bajas, con lo cual hubo un subsidio para los ricos y menos para los pobres”, destacó Aranguren ante el centenar de diputados, y polemizó acaloradamente con la diputada del Frente Renovador (FR) Graciela Camaño.
Esto sucedió cuando Aranguren señaló que para aumentar las tarifas se utilizó un decreto de 2003 y, dirigiéndose a Camaño, le señaló que esa resolución que permitía modificar tarifas se firmó “cuando usted era ministra” en el gobierno de Eduardo Duhalde.
“La chicana conmigo no va”, disparó Camaño, quien previamente había objetado duramente al ministro por haber aumentado las tarifas sin audiencias públicas.
En ocasión de la exposición, también se registraron tensos intercambios de palabras entre Camaño y el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Negri.
Además, surgió un conflicto de entredichos entre el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, y Eduardo Amadeo, del PRO.
Por carta
Por su parte, como se esperaba, no asistió al plenario de comisiones el ex ministro de Planificación y diputado Julio de Vido.
Ausente del plenario a pesar de ser el presidente de una de las cuatro comisiones participantes, explicó que no fue para “evitar que se desvíe la discusión hacia cuestiones que responden a diferentes concepciones ideológicas y políticas, especialmente en relación al rol del Estado, la soberanía nacional y el libre mercado”.
No obstante, el ex ministro cuestionó mediante una carta la gestión de Aranguren al calificar el nuevo esquema como “ brutal tarifazo”. Además, aseguró que esa medida “transfirió a los productores de gas 3.500 millones de dólares”.
Opuesto
En la vereda opuesta a lo expresado por Aranguren, se anticipó que durante la jornada de hoy la procuradora General Alejandra Gils Carbó recomendará a la CSJN anulación de la suba, en consonancia con lo dispuesto por la Justicia federal.
Según publicaron distintos medios y agencias de prensa nacionales, la jefa de los fiscales se expresará sobre la necesidad de tener en cuenta los derechos de los usuarios a percibir el servicio.
Aunque esta postura no sea vinculante, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación habilitará al Máximo Tribunal del país a expedirse sobre la cuestión de fondo.
