Subas de hasta 56% en impuestos patrimoniales, baja de IIBB y déficit consolidado de $26 mil millones

La pauta de gastos e ingresos incluye un superávit financiero de $258 millones para la Administración Central. Pero, por el plan de obras en cabeza de ACIF más el rojo de la Caja, el quebranto será importante. Se mantiene el ahorro corriente. Cambios impositivos

El proyecto de Presupuesto 2019 que el Gobierno provincial envió ayer a la Legislatura, prevé un fuerte incremento en los impuestos patrimoniales a la vez que una reducción en Ingresos Brutos como parte de la política de ingresos que en total contempla 221.004 millones de pesos, 28,9 por ciento más que el que terminará por ejecutarse en 2018.
En tanto, los gastos totales ascenderán a 220.746 millones de pesos, 29,1 por ciento superiores a este año.
De esta forma, el resultado financiero será de 258 millones de pesos, apenas por debajo del estimado para 2018.
La cifra corresponde a la Administración Central. Sin embargo, si se toma en cuenta la Administración Pública no Financiera, esto es también los organismos descentralizados entre ellos la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) y la Caja de Jubilaciones, el resultado financiero alcanzará a 26.742,3 millones de pesos negativo.
Los gastos de ACIF corresponden a parte del plan de obras mientras que, en el caso del organismo previsional, al rojo por mayores gastos respecto a los ingresos.
Ese quebranto es, no obstante, menor al previsto para este año que se ubicaba en casi 30 mil millones de pesos.

Ese déficit se cubrirá con un uso de crédito que, para el consolidado provincial, alcanzará a 46.508 millones de pesos que en parte surgirá por la toma de nueva deuda y también por el uso de remanente de ejercicios anteriores.
Con todo, el proyecto presentado ayer en la Legislatura por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, mantiene básicamente la estructura conceptual de presupuestos anteriores, esto es un elevado ahorro corriente que, sin embargo, será menor en términos porcentuales que el de años pasados.
De hecho, el resultado corriente previsto (ingresos corrientes menos gastos corrientes) será de 28.481 millones de pesos, 18,5 por ciento más respecto a este año.
“Es un Presupuesto que pone énfasis en la austeridad, manteniendo el superávit para financiar obras, con fuerte incremento en las partidas sociales para afrontar el contexto de crisis y con reducción de impuestos a los sectores productivos”, resumió Giordano.
El funcionario apeló a una original forma de presentar los grandes rasgos de la política de gastos e ingresos a través de grandes tubos de ensayo en donde volcaba “caramelos Sugus” de diferentes colores. La explicación generó distintas ironías desde los bloques opositores, más allá de las críticas de rigor a la política presupuestaria provincial.

Cambios impositivos
Respecto a los ingresos, la pauta presentada junto a la Ley Impositiva y al Código Tributario, incluye varios cambios. Algunos dispuestos por decisión propia, la mayoría producto del Acuerdo Fiscal con la Nación y su reciente adenda.
El principal por su impacto es el vinculado a Ingresos Brutos. Tal lo acordado en el Pacto Fiscal nacional, se mantiene el sendero de baja de alícuotas que impactará principalmente en el sector comercial y financiero. Esa reducción tendrá para la Provincia un costo fiscal de los 6.140 millones de pesos, según el Gobierno.
En tanto, el impuesto de Sellos se mantiene sin cambios, también según lo acordado en la adenda al Acuerdo Fiscal.
La otra modificación de peso llegará a través del impuesto Inmobiliario que viene con un amplio revalúo fiscal que llevará la valuación de las propiedades al 70 por ciento de su valor de mercado.
El aumento será de entre el 29 y el 40 por ciento en cinco escalones que tienen que ver con la base imponible de cada propiedad. En el caso de los mayores aumentos corresponden a bienes valuados en más de 2.167.500 pesos. Esa suba impactará en el 28 por ciento de las propiedades.

En el caso del Rural, los aumentos serán del 38 por ciento para los inmuebles de hasta 50 hectáreas, del 51 por ciento para los de entre 50 y 200 hectáreas y del 56 por ciento para los que tengan más de 200 hectáreas, esto es el 11 por ciento del total.
Finalmente, en el impuesto Automotor, los incrementos superarán en algunos casos el 50 por ciento producto del impacto de la suba de la base imponible que en definitiva es la valuación de los vehículos. De hecho, ese tributo prevé recaudar un 50 por ciento más que este año, casi en línea con el Inmobiliario.
Por lo demás, se mantiene el descuento del 30 por ciento para los contribuyentes que se encuentren al día. Además, habrá un 15 por ciento (antes 10 por ciento) por pago de cuota única y 5 por ciento extra (antes 10 por ciento) por pago a través de medios electrónicos.
Tanto la pauta de ingresos propios como los nacionales se mantiene en torno al 32 por ciento interanual, por debajo de la inflación prevista.
Asimismo, la Provincia resaltó que se mantienen las diferentes exenciones para sectores vulnerables en diferentes tributos. En el caso del Automotor, hay 926 mil autos exentos y 650 mil motos, en este último caso no sólo por antiguedad sino también por valuación.

Más inversión social, menos en obras
Respecto a la política de gastos, el proyecto apuntala las erogaciones sociales para “paliar los efectos que tiene sobre la población más desfavorecida la grave crisis que se atraviesa a nivel nacional”, explicó Giordano. En ese marco, se prevén gastos totales por 19.398 millones de pesos, 98 por ciento por encima de los que se terminarán registrando este año.
De este monto, 4.227 millones de pesos financiarán políticas alimentarias y 4.709 millones irán a vivienda, además de 2.855 millones para empleo y capacitación y 1.028 millones para asistencia a familias.
El Presupuesto contempla también 3.200 millones de pesos que se emplearán en subsidios al transporte para compensar la eliminación de subsidios nacionales y 1.354 millones para sostener Tarifa Social de electricidad.
En tanto, la pauta destinada a obra pública, alcanzará a 43.283 millones de pesos. Si bien para 2019 se estima un gasto menor en términos reales al de 2018, desde la Provincia argumentaron que se debe a que la “principales y más costosas obras ya se completaron en su mayor parte”.
Concretamente, aseguran que ya se ejecutó el 68 por ciento del plan de obras, con lo cual la inversión prevista para el año próximo es la que se necesita para completar el plan inicial. De ese total, 36 por ciento se destinará a obras viales; 28 por ciento a obras hídricas y saneamiento; 17 por ciento a hospitales y escuelas; 3 por ciento a gasoductos, mientras que el resto de distribuirá entre diferentes rubros.
En cuanto a la financiación de esas obras, la mayoría se pagará con recursos propios. Sin embargo, los “incumplimientos” de Nación con los compromisos asumidos para acompañar el plan de obras provincial acrecientan las necesidades de financiamiento. Al respecto, desde la Provincia recordaron que la Nación ya adeuda 6 mil millones de pesos. Esa cifra representa 25 por ciento de la deuda que debe tomar la Provincia para financiar la inversión en 2019.
En cuanto a la política salarial, el Presupuesto prevé una erogación de 95.372 millones de pesos, 27,1 por ciento más que en el año en curso y 5,7 por ciento por debajo en términos reales. En rigor, el Gobierno provincial sólo proyectó una suba conforme la inflación nacional prevista en el proyecto de Presupuesto que se debate en el Congreso.

Deuda por hasta $27.500 millones

La toma de endeudamiento para el año próximo alcanza a casi 27.500 millones de pesos, pasivo que se utilizará para cubrir el plan de obras y déficit del consolidado provincial.
Concretamente y de acuerdo a datos incluidos en el Presupuesto y corroborados luego por Comercio y Justicia de fuentes oficiales, la toma de deuda incluye 23.960 millones de pesos para obras (pueden ser a través de la emisión de títulos o toma de crédito) y otros 3.500 millones de pesos en Letras del Tesoro. Ese último instrumento de cortísimo plazo nunca fue utilizado por la Provincia. En tanto, casi 20 mil millones de pesos podrán utilizarse para emitir deuda pero sólo para cancelar o refinanciar la vigente. En la práctica significa que a los efectos del monto de la deuda pública, no deberían generar cambios en el número final. En total, el uso de crédito previsto para la Administración Pública no Financiera alcanza a 46.508 millones de pesos, según el texto del Presupuesto. En ese marco, la intención de la Provincia es refinanciar los abultados vencimientos de capital que operan en 2021. Por lo demás, ayer, legisladores de la oposición volvieron a cargar sobre el volúmen de la deuda pública, básicamente nominada en dólares.
“Los vencimientos están bien estructurados y tenemos recursos para cubrirlos”, insistió el ministro Giordano quien además recordó que fue tomada en su totalidad para cubrir el programa de obra pública.
Asimismo, Giordano salió al cruce del diputado nacional por la UCR, Mario Negri, quien cuestionó el elevado endeudamiento y los servicios de intereses y capital que debe atender la Provincia para el año próximo y subsiguientes.
“Negri se olvida que la Nación tiene compromisos mucho más elevados y que la deuda que tomó es para cubrir gastos corrientes”, replicó el funcionario. Ayer, los cuestionamientos al pasivo provincial volvieron a ser recurrentes, entre ellos el esgrimido por el legislador provincial Aurelio García Elorrio.

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