ESCUCHAREl dirigente empresarial ligado a la política critica que este Gobierno aún no termina de definir un modelo económico. Asegura que el reciente decreto es sólo el primer paso hacia la liberalización del comercio. Por Cecilia Pozzobon – [email protected]
El decreto 27/2018 de 192 artículos emitido por el Gobierno nacional el pasado día 12, encendió luces de alarma en un sector del empresariado pyme que, representado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), emitió un comunicado en el que se puso en duda la constitucionalidad de la resolución y en el que se alertó también sobre el avance hacia la total eliminación de las Licencias No Automáticas (LNA) para la importación de bienes como mecanismo de control.
“Se avanza hacia sistemas más laxos, en línea con exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, aseguró el comunicado.
En diálogo con Comercio y Justicia, el titular de Apyme, Eduardo Fernández, ex candidato a diputado nacional por el partido afín a la ex presidente Cristina Fernández, Frente Córdoba Ciudadana, explicó la preocupación del sector y expuso algunos reclamos: “Cuando uno lee los fundamentos del megadecreto se observa que aparecen las exigencias de la OMC y de la OCDE respecto de la liberalización del comercio. En esta primera tanda, en la que se eliminaron más de 300 posiciones arancelarias del sistema de control de LNA, el Gobierno se justificó diciendo que se trata de insumos para la industria, sobre todo para la automotriz y la electrónica. Pero en realidad, y nosotros lo sabemos a partir de los dichos de los mismos funcionarios, se trata del primer paso para terminar con las LNA que han sido observadas por la OMC”.
-¿Qué sectores son los que se ven mayormente afectados?
-El decreto alcanza a insumos que, además de proveer al sector automotor, de electrónica, de electrodomésticos, maquinaria agrícola y en general, envases, y otros, compiten con la industria del juguete y de hilados de algodón, que son rubros que están muy complicados. Hay que recordar que la provisión de estos insumos se hace en medio de un contexto de retracción del consumo. En 2017, la balanza comercial resultó deficitaria en 8.000 millones de dólares y la industria ha colaborado con gran parte de ese déficit tanto en 2016 como en 2017, incluso el año pasado fue superior al anterior. Se dice que algunas de esas posiciones arancelarias corresponden a insumos que abaratarían algunas producciones, pero esos insumos son también producidos por empresas nacionales. De una u otra forma terminan influyendo sobre la industria y el mercado interno. Además de que está el compromiso de eliminar las 1.600 posiciones arancelarias que determinan las LNA.
-¿Las afectadas abastecen sólo el mercado interno?
-Sí, en más de 90%. Por eso el saldo deficitario de la industria del que hablábamos recién se amplía cada vez más. Y si se insiste con la misma receta, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Reconocemos que lo anterior tampoco fue lo mejor de todo. No creo que el tema “integración industrial” sea algo sencillo. Si esta decisión no se la acompaña con medidas crediticias, de tipo cambiario y de incentivo del mercado interno, resulta un salvavidas de plomo. Hoy dos o tres industrias pueden estar contentas de que se puede comprar insumos más baratos. Ahora, hay que ver a quién le venden los productos si el consumo va disminuyendo. Además, de que a la par tienen que competir con un producto igual importado y a menor precio que no será este mes, pero nadie asegura que esa apertura a los productos terminados no se dé el mes que viene o más adelante. Lo que nosotros vemos es que todavía no se termina de definir un modelo económico.
-¿Ve usted cuál puede ser la salida?
– Yo creo que hay que convocar a los sectores productivos, de los trabajadores, a los empresarios, el Estado y las universidades y los institutos de investigación para discutir un proceso de manera más integral, que contemple cómo va a ser la economía y cómo se va a hacer para que haya los suficientes puestos de trabajo que la economía requiere en función del crecimiento vegetativo de la población, cómo se van a hacer las regiones o si se van a declarar zonas inviables ahora con el pacto fiscal y qué rol juegan las industrias.
Apyme también advirtió sobre el impacto en el nivel de empleo
El comunicado emitido por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios luego de que se difundió que la Secretaría de Comercio eliminó más de 300 posiciones arancelarias del sistema de control de Licencias No Automáticas para la importación de bienes advertía también sobre el impacto de la decisión oficial en los puestos de trabajo. “El rojo de la balanza comercial de 8.000 millones de dólares en 2017 habla claramente de qué debe esperarse de la profundización de estas políticas”, decía.
“Esto significa menos trabajo para más empresas nacionales de rubros sensibles, que deben cerrar sus puertas o expulsar mano de obra. Como viene sucediendo en los últimos dos años, la caída de la demanda interna generada por el mayor desempleo y la política de salarios a la baja se refleja de modo directo en la disminución del poder adquisitivo de la población, con lo que caen las ventas de las pymes, de las que más de 90% dependen sólo del mercado interno”, añadía Apyme.
Asimismo, consideró que el “megadecreto” del poder Poder Ejecutivo “ratifica un proyecto con eje central en la liberalización comercial, la desregulación financiera y la flexibilización laboral. En suma, mayores ventajas para grandes grupos económicos, multinacionales y la especulación en detrimento de las pymes, la industria y el trabajo local”.
En resumen, los empresarios nucleados en Apyme instan al Gobierno a reconsiderar la medida y convocaron a “todos los sectores a pronunciarse contra este decreto que afecta el trabajo y los derechos de millones de argentinos y a defender políticas activas que posibiliten el desarrollo con equidad social”.
