ESCUCHAREl cierre del período ordinario de sesiones, encuentra al Legislativo sin siquiera haber sacado dictamen en comisión en Diputados sobre el Presupuesto. Sin acuerdo entre oficialismo y gobernadores, salvo que Milei lo incluya en extraordinarias, volverá a gobernar en 2025 por decreto. Con todo, aún hay múltiples temas pendientes
El Congreso nacional entrará esta semana en el tramo final del período ordinario de sesiones, sin que hasta ahora ni siquiera la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados haya emitido dictamen respecto al proyecto de Presupuesto 2025 girado por el presidente Javier Milei al Legislativo.
En ese contexto y salvo que el jefe de Estado resuelva incluir a la iniciativa en el período extraordinario de sesiones, volverá a gobernar el año próximo sin Presupuesto, tal como lo hizo en el año en curso.
En ese marco, se vislumbra una semana cargada de tensión en donde los gobernadores “dialoguistas” buscarán concretar reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el asesor presidencial Santiago Caputo que pidieron para tratar de consensuar la aprobación del Presupuesto. Sin embargo, por ahora no hay nada en agenda y Milei sigue con su postura de no aceptar cambios que violenten la consigna de emisión cero y equilibrio fiscal.
De mantener su postura, es evidente que el proyecto va directo al fracaso y que Milei volverá a gobernar por Decreto.
Mientras los diputados de la oposición intentarán esta semana bloquear el DNU de canje de deuda, los alineados con la negociación de los gobernadores quieren que la Casa Rosada reabra el debate en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Los mandatarios aseguran que el Presidente usó durante varios meses el argumento del Pacto de Mayo como eje de la institucionalidad de su Gobierno.
Sin embargo, sus políticas parecen ir en contra de esa intención.
De hecho, hoy la principal presión para que el Presupuesto se apruebe no viene de los gobernadores ni los legisladores, sino desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) que considera que gobernar un año más sin esa Ley clave, no sería una buena señal institucional para los potenciales inversores.
El chubutense Ignacio Torres entiende que una mesa de diálogo ahora de cara a 2025 va en el mismo sentido de las “reformas” incluidas en el acta firmada en julio en San Miguel de Tucumán, sobre las que nunca hubo avances. “Sería un error que no se apruebe el presupuesto”, ratifica. El viernes estuvo en Córdoba reunido con su par Martín Llaryora.
Torres y Llaryora coincidieron en la necesidad de descentralizar la recaudación de impuestos que tienen fines específicos -como el de los combustibles- y que no se están aplicando a esos objetivos. “O se descentralizan o se eliminan”, enfatizó el chubutense.
En esa línea, lo que vienen planteando los mandatarios es que no están pidiendo recursos -que es el argumento con que desde la Rosada les rechazan sus propuestas-, sino que el Ejecutivo no está cumpliendo leyes y pactos con fuerza legal. Señalan que si bien el objetivo del Presidente es el superávit fiscal “ni los mercados ni el Fondo Monetario Internacional” verán bien dos años consecutivos de presupuesto reconducido.
Las transferencias a provincias y municipios proyectadas para 2025 suman $3,6 billones ($3,3 billones son giros corrientes), equivalentes al 3,1% del gasto total. La suba sería del 69,9% respecto al cierre estimado para este año, impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y, en menor medida, por las de capital (21,1%). Un factor clave es la asignación de más recursos para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el pago del 2,95% de coparticipación, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre Caputo y Jorge Macri.
Los dialoguistas van por el mismo argumento. Si con CABA cumplieron, porqué no con las provincias que reclaman deudas de la Anses por las cajas no transferidas. En el caso de Córdoba, el planteo supera los 700 mil millones de pesos y está en su mayoría judicializado en la Corte Suprema.
Así como señalan que con el Pacto de Mayo hubo insistencia de la Casa Rosada y después no se hizo nada, algo similar pasa con el programa de conciliación de deudas y acreencias mutuas que impulsa el Gobierno.
Agenda
Aferrado a la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y al presunto apoyo de la opinión pública en base a encuestas, el Presidente avanza ante un atomizado y casi desierto mapa de la oposición para redoblar la apuesta ante los gobernadores, la “casta” que está más próxima a la vicepresidenta que a la Casa Rosada.
Milei ordenó congelar el pedido de los mandatarios provinciales para armar una mesa de negociación tras la decisión del gobierno nacional de suspender el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025 en la comisión de la Cámara de Diputados.
“Preferimos no tener Presupuesto antes que nos impongan un mal Presupuesto. El déficit cero no se negocia y el pedido de los gobernadores tiene un costo fiscal cercano a los 4.000 millones de dólares”, replica un funcionario con despacho en Casa Rosada.
Hoy inicia la última semana del período de sesiones ordinarias en el Congreso y, de no haber Presupuesto 2025, el Gobierno deberá prorrogar por segundo año el Presupuesto 2023 y dispondrá del manejo discrecional de los fondos.
En la última semana del período ordinario, se desató una guerra entre el oficialismo y bloques opositores que convocaron a tres sesiones especiales entre el martes y jueves próximo.
La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR buscan sancionar los proyectos de Ficha Limpia y Juicio en Ausencia, mientras que desde Unión por la Patria hacen una nueva apuesta junto a Encuentro Federal y los radicales de Democracia para Siempre para derogar el decreto 846 de canje de deuda.
Hasta ahora la única sesión que no corre riesgo que no alcance el quórum es la que impulsó para el próximo miércoles la Coalición Cívica, junto a Democracia para Siempre, la izquierda, y Encuentro Federal, para tratar un proyecto que busca combatir la ludopatía, ante el crecimiento alarmantes de las apuestas de los adolescentes.
Córdoba
En ese marco, los legisladores que responden a Martín Llaryora suponen que no habrá Presupuesto y que una vez más habrá que manejarse con los recursos propios.
Mientras tanto, esperan un fallo de la Corte Suprema sobre los planteos por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones.
En tanto, no hay aún definición si Córdoba entrará en el programa de negociación de deudas y acreencias entre la Nación y las Provincias, cuyo plazo de adhesión vence la semana próxima.
