ESCUCHARRedujo dos por ciento, desde julio, las contribuciones de 55 mil empleados públicos. En paralelo, incrementó la contribución patronal. El costo fiscal ronda $350 millones anuales. Si bien por ahora es una medida casi simbólica, el decreto habla de un sendero de reducción de alícuotas para adecuarlas a las nacionales. La decisión implica un desfinanciamiento de la Caja.
El Ejecutivo provincial dispuso reducir dos puntos porcentuales los aportes previsionales de 55 mil trabajadores activos del sector público, al tiempo que aumentó en la misma proporción la contribución patronal con el objeto de neutralizar el impacto sobre las ya complicadas cuentas de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Con todo, el costo de la suba de contribuciones para cubrir el beneficio a los activos surge de fondos del Tesoro.
El impacto fiscal anualizado de la medida fue cuantificado en unos 350 millones de pesos.
En la práctica, la decisión, con vigencia desde el 1 de julio, implicará que los empleados beneficiados percibirán un aumento en el sueldo neto de 2 por ciento, que se sumará al segundo escalón -de 10 por ciento- acordado en la paritaria de comienzos de año.
La medida desde el punto de vista fiscal en casi simbólica.
No obstante, la decisión y principalmente el objetivo planteado en los considerandos del decreto puede tener una profunda incidencia futura en las cuentas públicas provinciales y en la situación del organismo previsional.
“Es parte del acuerdo que se había firmado oportunamente con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) a comienzos de año por el tema salarial”, recordó a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
En rigor, la medida alcanza al personal administrativo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Salud, Seguridad (Policía, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcóticos) y los empleados que pertenecen a los escalafones Cuerpos Artísticos, Boletín Oficial, Ceprocor, Policía Fiscal y Dirección de Aeronáutica.
De todas formas, Giordano admitió que la decisión de reducir aportes es un primer paso que podrá profundizarse en el mediano plazo para armonizarlos con la Nación.
En esa línea, recordó que la carga previsional de un trabajador activo -de hecho también la contribución patronal- es en Córdoba de las más altas de país, si bien claves para poder solventar las jubilaciones que paga la Provincia, también de las más elevadas de Argentina.
“La idea es ir bajando esa carga”, reveló.
La clave de la medida está en los considerandos del decreto. Allí, luego de hacer referencia a la reciente ley ómnibus sancionada por el Congreso, que en uno de sus artículos refiere concretamente a que la Nación tendrá 120 días para acordar un financiamiento del déficit de las Cajas previsionales provinciales no transferidas, avanza respecto a la armonización con el sistema nacional.
Concretamente, señala que “a los efectos de mensurar con exactitud los desequilibrios del sistema previsional que corresponden ser afrontados por el Estado Nacional (…), resulta necesario ajustar de manera gradual y escalonada los aportes personales, disminuyendo las alícuotas vigentes a los efectos de su adecuación a las previstas en el orden nacional”.
Bajar los aportes implicaría desfinanciar la Caja que, aun con los ajustes aplicados por la ley 10333 de recálculo de haberes, cerrará el año con un déficit en torno a 900 millones de pesos.
Si se reducen los ingresos de la Caja cómo seguirá la película: o bien se aumentarán las contribuciones patronales en la misma proporción, o se reducirán las jubilaciones, o el Tesoro provincial cubrirá el mayor déficit o, finalmente, la Nación será quien lo atienda.
La última opción es la correcta a tenor de lo que aseguró a este medio el ministro Giordano.
La apuesta es fuerte y es por eso que una nueva baja de aportes recién se concretaría una vez que la Provincia tenga certezas sobre qué postura tomará la Nación respecto a la cobertura del rojo de la Caja.
Schiaretti ya lo hizo público. Considera que la Nación debería atender unos 4.200 millones de pesos anuales a valores presentes. Ese monto surge de proyectar qué déficit debería cubrir Anses si la Provincia hubiese transferido la Caja oportunamente como lo hicieron otros distritos. Pero la intención de Anses no parece ir por esa vía, al menos en función de los sondeos que ha podido cotejar la Provincia.
Por lo pronto, la ley que activa los 120 días para que la Nación audite las cuentas del organismo previsional provincial aún no fue publicada en el Boletín Oficial, por lo cual todavía no rige en la práctica.
Según trascendió, en la negociación con Anses también se incluiría la demanda que por 1.040 millones de pesos reclama la Provincia, se tramita ante la Corte Suprema de Justicia y que en las últimas horas registró avances -aunque por ahora sin resolución a la vista-.
