ESCUCHARLa concejala Sesma consensuó con el oficialismo un proyecto para crear un contexto que regule el servicio de higiene urbana. Se crea un ente de control. La edil había condicionado su apoyo a las bases para licitar el servicio a que se votara una regulación general. No obstante, el tema aún no está allanado
La concejala del bloque Social Demócrata, Laura Sesma, consensuó con el oficialismo de Juntos por Córdoba un proyecto para crear un marco regulatorio para el servicio de higiene urbana, clave para que la edil, otrora integrante del bloque oficialista, apoye la votación en segunda lectura de los pliegos de licitación para la concesión del servicio de recolección de residuos en la ciudad. Se trata del respaldo que le faltaba a Juntos por Córdoba para lograr cerrar la votación.
No obstante, el tema está lejos de allanarse para el oficialismo.
Es que hace algunos días, tres ediles que responden al sector interno de Miguel Nicolás pusieron reparos a los pliegos.
A esa situación se sumó en las últimas horas el accidente que sufrió el concejal Gustavo Fonseca, presidente de la Comisión de Servicios Públicos. El edil -que está fuera de peligro- estaría ausente al menos un mes de las sesiones y en principio no sería reemplazado con un suplente toda vez que, por Carta Orgánica, el cuerpo deliberativo sólo puede pagar 31 sueldos. Si asumiere el suplente, Fonseca se quedaría sin salario y obra social para afrontar su situación.
Aun si el suplente asumiere ad honoren, la situación no sería sencilla porque debería ser Fonseca quien convoque a la comisión específica para avanzar en el tratamiento de los pliegos en segunda lectura. El panorama, al fin, no resulta sencillo para el oficialismo, de cara a la sanción de los pliegos que en el mejor de los casos podrán votarse a fines de abril.
De ser así, es casi un hecho que los futuros concesionarios del servicio de recolección de residuos en la ciudad recién se harían cargo en 2018.
Respecto del proyecto de marco regulatorio, Sesma dijo anoche a Comercio y Justicia que tomaría estado parlamentario en la sesión de mañana. “Por ahora no está resuelto si tendrá preferencia (respecto a los plazos hasta que sea votado). En cualquier caso, deberá votarse junto o antes de los pliegos de la recolección de residuos, nunca después”, advirtió la edil, quien defendió la decisión de condicionar su apoyo a que, previamente, se avanzara en una regulación del servicio.
El proyecto
Según Sesma, el establecimiento de un marco regulatorio resulta “esencial” para que el Estado municipal “planifique, desarrolle y ejecute eficazmente las políticas públicas en la materia y se asegure su control, al delimitar con claridad los roles y responsabilidades de todos los actores participantes en la gestión integral de residuos sólidos urbanos (Girsu): generadores, transportistas, operadores y fundamentalmente del propio Estado municipal”.
En ese marco, Sesma enumeró los principales puntos del proyecto.
Por un lado, fija los principios rectores que orientarán la política ambiental del municipio en materia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que ponen especial énfasis en el logro de una reducción significativa del enterramiento de RSU y su separación en origen para su valorización, reutilización y reciclaje.
Paralelamente, busca alcanzar la protección ambiental en la gestión integral de los RSU, sean éstos de origen residencial, comercial, asistencial, de servicios, sanitario, industrial o institucional.
Al mismo tiempo, se obliga al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar un Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Pmgirsu).
También avanza en el establecimiento de metas concretas de ese plan que, entre otras, serán lograr una reducción significativa de los residuos que están destinados a ser enterrados y crear valor económico mediante el adecuado tratamiento de residuos específicos.
El proyecto también propende al establecimiento de las condiciones generales que organizan la prestación del servicio público de higiene urbana, con el objeto de que sirvan de marco de referencia para la elaboración de los pliegos de las futuras concesiones.
Asimismo, busca la adopción de herramientas informáticas para la presentación de las ofertas con el objeto de contribuir a la transparencia.
En esa línea, refiere a la delimitación clara de las obligaciones de cada uno de los actores del sistema, grandes y pequeños generadores, edificios de propiedad horizontal, frentistas, peatones, automovilistas y propietarios de mascotas, transportistas y operadores de la disposición final de residuos.
En cuanto a los sistemas de control de la prestación de los servicios, se prevé la actuación de un ente regulador, cuyos miembros serán elegidos por concurso público y que tendrá la participación de los usuarios. Tendrá la misión de controlar las obligaciones del propio Estado municipal, de sus entes descentralizados, sociedades del Estado y sociedades mixtas.
También se dispone el reconocimiento institucional del rol de las cooperativas que nuclean a los recuperadores urbanos en la valorización de los RSU.
Finalmente, prevé el diseño y ejecución de un Plan de Relaciones con la comunidad, que llevará a cabo campañas educativas para facilitar el logro de las metas del Pmgirsu y la protección de la salud pública y del ambiente.
