ESCUCHAREl Gobierno provincial no evalúa por ahora una nueva reforma previsional, aunque admite que -de persistir los incumplimientos de la Nación con respecto al envío de fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y continuar vigentes los amparos que impiden la quita a los haberes de más de 6 mil pesos- la situación se volverá “insostenible” y habrá que tomar “algún tipo de medida”.
La posición fue admitida a Comercio y Justicia por una calificada fuente del Ejecutivo provincial quien de esta manera salió a responder sobre las versiones lanzadas por algunos dirigentes del gremio de Luz y Fuerza acerca de una “inminente” nueva reforma jubilatoria para reducir el abultado rojo del organismo previsional que, a fin de año y según datos oficiales, llegaría a 1.100 millones de pesos.
“Por ahora no hay nada. Vamos a pelear para que la Nación pague lo que corresponda. Si esos pagos se regularizan y se caen los amparos por la quita de haberes, el déficit es menor y está calzado. Ahora ,si en el corto plazo la situación no se regulariza, habrá que pensar en otro plan, por ejemplo reflotar la emergencia económica”, reveló el informante. La posición, aunque en otros términos, también fue admitida por otro funcionario con despacho en la Casa de las Tejas.
En tanto, técnicos de la Caja consultados por este medio también negaron que trabajen en un proyecto de nueva reforma.
Por lo pronto, ayer, el Gobierno acordó con Luz y Fuerza la conformación de una comisión para analizar la situación previsional y los salarios de los agentes de EPEC.
Ese ámbito destrabó el conflicto con el gremio que hoy, en asamblea, levantaría las medidas de fuerza por 30 días, según el acuerdo alcanzado.
Al frente de la comisión estará el ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, aunque no se descarta la participación de funcionarios de la Caja.
Es que, según anticipó Pablo Álvarez, subsecretario Gremial de Luz y Fuerza Córdoba, la intención del sindicato es, además de debatir un aumento salarial, discutir diferentes artículos de la actual ley previsional, entre ellos los que determinan quita de haberes a cambio de un bono a largo plazo o los que fijan un tope del porcentaje móvil del haber de los activos por más que el trabajador haya superado con creces los años de aporte. Asimismo, el gremio pretende que el aumento de 8% que reclama para los activos sea remunerativo e impacte en los jubilados.
La pretensión parece difícil de satisfacer más aun teniendo en cuenta que hace apenas días el propio Gobierno instruyó a EPEC y al Banco de Córdoba a procurar los medios para reducir el déficit previsional de los pasivos de esas dependencias, hoy entre las principales causas del abultado rojo previsional.
Con todo, la Provincia desactiva, al menos por ahora, uno de los frentes abiertos con los estatales.
Mientras tanto, la deuda de la Nación con la Provincia, sumado el déficit de la Caja de Jubilaciones y el Programa de Asistencia Financiera (PAF), superará el jueves próximo los 400 millones de pesos, luego del vencimiento de la cuota de septiembre.
