ESCUCHAREl sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa manifestó su solidaridad con los productores y solicitó la derogación del artículo 7 de la Ley de Bioinsumos
En junio, Misiones se convirtió en la primera provincia de Argentina en prohibir el uso del glifosato en el ámbito rural.
El proyecto de “Promoción de la Producción de Bioinsumos” fue redactado por varios diputados; entre ellos, el presidente de la Legislatura y ex gobernador, Carlos Rovira (PJ).
Se lo promovió para establecer el marco regulatorio para la investigación de productos biológicos naturales (bioinsumos), pero en su artículo 7 prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines.
Además, les da un plazo de dos años a los productores y cooperativas para adaptarse a la ley.
Así, si la norma se reglamenta en lo que queda de 2023, la agroindustria misionera tendrá hasta 2025 para desprenderse del glifosato.
La discusión por su erradicación en Misiones no es nueva y la jurisdicción ya contaba con una ley que prohibía usarlo en ámbitos urbanos.
A principios del 2022, Rovira adelantó que durante el año se trabajaría “muy fuerte” en una norma para eliminar el glifosato, que definió como “uno de los elementos más dañinos del mundo”.
Desde ese momento comenzó un debate con voces a favor y en contra del texto, que logró dictamen hace 12 meses y ya se sancionó.
El interbloque de Juntos por el Cambio votó a favor del proyecto en general, pero rechazó el capítulo 2, en el que figura el artículo 7.
Los diputados del PRO y de la UCR valoraron que la eliminación del glifosato “no puede ser una imposición del Estado” y estimaron que alentará el uso de agroquímicos más nocivos.
Además, el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) resaltó que la Legislatura de Misiones adoptó “una postura netamente ambientalista sin considerar las recomendaciones técnicas y científicas de organismos nacionales e internacionales, quienes desmienten la peligrosidad del herbicida”.
Asimismo remarcaron que “el productor pyme conoce su responsabilidad: garantizar una mesa diaria, segura y saludable para todos los argentinos”.
Agregaron que, para ello, el emprendedor utiliza productos de forma correcta y racional, bajo la supervisión de un profesional “como una herramienta para lograr la inocuidad de los alimentos”.
“Si la ley apela a una producción más sustentable, la mirada debería no sólo hacer énfasis en lo ambiental, sino también en lo económico y social”, aseguró el director del sector de Economías Regionales de la CAME, Eduardo Rodríguez.
“No tuvieron en cuenta la rentabilidad del productor, el encarecimiento de sus costos y la consecuente pérdida de competitividad. Realizar la transición hacia un modelo de producción más amigable con el ambiente no debería poner en riesgo al sector productivo y social de la provincia, sino todo lo contrario”, agregó.
Así, como representantes de los pequeños y medianos productores agropecuarios, la gremial empresarial de las pymes le solicitó al Gobierno de Misiones vetar el artículo 7 y generar una instancia de diálogo entre los públicos y los privados.
