Preocupación por los futuros aumentos de los alquileres

La alta inflación enciende las alarmas de los inquilinos. La ley correspondiente sigue sin debatirse y el tiempo apremia a los que ven cómo la vivienda representa una proporción cada vez mayor de sus ingresos

Desde antes de su sanción hubo algunos economistas que se encargaron de alertar sobre los efectos nocivos que tendría la vigente Ley de Alquileres. Pese al lobby con el que se trató de instalar en los medios que iba a ser beneficiosa para los inquilinos, la alta inflación y la caída del salario real generaron un combo perjudicial para los que no disponen de casa propia.

Los cambios del gabinete y las urgencias económicas que enfrenta el Gobierno nacional volvieron a enfriar las negociaciones que estaban en marcha para modificar el texto de la norma, algo que se ha convertido en una demanda de buena parte de la ciudadanía desde que los efectos nocivos de la ley se empezaron a hacer sentir en los bolsillos de los inquilinos. Aunque hace dos semanas se intentó tratar en el recinto un dictamen opositor de minoría, todo terminó frustrado.

La propuesta opositora de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal incluye la reducción en los plazos de los contratos de tres a dos años (como en la normativa anterior) y actualizaciones semestrales a negociar entre dueños e inquilinos en lugar de la norma fija atada a la inflación y a la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Según un estudio reciente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en dos años desde la sanción de la nueva Ley de Alquileres, el precio de alquiler promedio para un departamento de dos ambientes en la ciudad aumentó 169%, contra 146% de inflación para el mismo período.

Por el lado del oficialismo, el dictamen en mayoría que impulsa el Frente de Todos mantiene el plazo de tres años de contrato y los ajustes indexados, tal como figura en la ley actualmente, proponiendo un incremento en los controles (que hoy son casi inexistentes y de difícil aplicación) para que la ley se respete.

Tal como viene pasando desde hace meses, los alquileres no alcanzan a cubrir el retorno de la inversión de una propiedad, sumado a las dificultades para hacer cumplir las normas de desalojo cuando hay incumplimientos del contrato, lo que empujó a que la oferta de propiedades en alquiler sea la más baja en más de una década, aumentando por otro lado la oferta de propiedades en venta.

El contexto de inestabilidad político-económica ha trastocado el esquema de prioridades, con el Gobierno tratando de reordenar la macroeconomía y la oposición evitando quedar atrapada en el ojo de la tormenta como si fuese la “máquina de impedir”. La falta de diálogo entre las fuerzas políticas prolonga la agonía de inquilinos que prevén fuertes aumentos para el próximo mes, de casi 60% sobre el valor inicial del contrato, que se suma en algunos casos a los aumentos de expensas, más difíciles de controlar.

La retracción de la oferta de propiedades en alquiler acentúa el efecto, empujando los precios hacia arriba en un mercado que igualmente está deprimido. El exceso de regulación estatal en lo que antes era un acuerdo entre privados ha tenido el efecto que algunos avisaron pero que muchos, en su voluntarismo, eligieron no escuchar. La suba del valor de los alquileres está por encima de los valores que hubiesen regido con la ley anterior, contribuyendo a la inflación general que aqueja a toda la población.

Los recientes saltos en el valor del dólar paralelo generan, además, un incentivo para que los dueños de las propiedades elijan esperar para ponerlas en alquiler o en venta, esperando para ver si hay un cambio brusco en el valor del dólar que justifique inclinarse por una u otra operación.