ESCUCHARA 15 días del comienzo del programa Precios Justos, que supuestamente mantendrá congelados los valores de 1.800 productos hasta fines de febrero, el Gobierno todavía está haciendo esfuerzos por lograr que las empresas firmen el convenio de puño y letra.
Si bien algunas lo hicieron, otras tantas todavía se resisten por cuestiones legales, a pesar de que son pocas las adendas que la Secretaría de Comercio aceptó realizar, que había pedido la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Lo que temen algunas es quedar atrapadas en ese acuerdo, que no sólo contempla el congelamiento de una canasta determinada sino también el ajuste de 4% mensual de todo el resto de los productos, y ante cualquier cambio brusco en las condiciones macroeconómicas no poder mover los precios.
Además de ese temor, un nuevo problema se evidenció en los últimos días: la promesa oficial de que si sellaban el convenio accederían a los dólares de forma inmediata, por el momento no se está cumpliendo. En algunos casos, los permisos de importación (SIRA) les siguen siendo concedidos a 90 días, como venía sucediendo hasta ahora, mientras que en otros casos todavía esperan la aprobación del pago de un permiso viejo (SIMI), cuyo plazo de 180 días venció la semana pasada.
“Teníamos que ejecutar un pago y no salió. Nos figuraban inconsistencias. Cuando indagamos en Comercio, nos preguntaron si queríamos entrar a Precios Justos y que si no lo hacíamos, iba a ser más dificultoso todo, desde la salida de las SIRA hasta el pago”, confesó un empresario. La compañía, entonces, firmó el ingreso al programa pero los dólares todavía no aparecieron.
El Gobierno asegura que no permitirá que el sector privado incumpla las obligaciones de su deuda comercial, pero en las empresas hay temor de no poder pagarles a sus proveedores, quienes confiaron en ellas y en el país al otorgarles financiación a 180 días. “Si en los próximos 15 días no se nos liberan pagos los bancos, vamos a tener complicaciones con los proveedores; no nos van a embarcar más insumos”, agregó la fuente.
El Gobierno promete adelantar plazos de pago con respecto al de 180 días que vienen demorando las SIRA desde sus comienzos, pero no tiene tanto margen para liberar tantas divisas de forma inmediata ya que, además, debe cumplir las cancelaciones de todas las SIMI viejas que comenzaron a vencer y que, según cálculos oficiales, rondan entre US$1.500 millones y US$2.000 millones hasta fin de año. “Es un flujo que podemos bancar con el dólar soja II más la sintonía fina del SIRA”, aseguraron en el Banco Central, lo que deja en claro que las aprobaciones y fechas de pago se analizarán con sumo cuidado y considerando las urgencias productivas; pero también que no sirve postergar los problemas porque todas esas fechas límite finalmente terminan llegando.
La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) informó en un comunicado que “persisten muchas y graves dificultades para el acceso a insumos, el pago efectivo a proveedores del exterior y la falta de financiamiento para los plazos establecidos”. Además, la UIA coincidió en manifestar su gran preocupación y señaló el impacto negativo que está generando en los sectores industriales de todo el país, que compromete la continuidad de procesos productivos. “El nuevo sistema ya implementado debe generar previsibilidad, evitar toda forma de discrecionalidad, así como permitir planificar la producción de cara al 2023″, agregó el parte de prensa.
