El subsidio es para compensar la caída de los subsidios nacionales y, en el caso de Tamse, costos laborales y otras cargas. Se pagará en tres cuotas, la última durante la futura gestión. A pesar de que se comprometen a no activar reclamo de tarifas hasta el 31 de diciembre, las compañías alertan sobre desfases y ya preparan nuevo pedido de aumento
Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info
La Municipalidad de Córdoba otorgó una “asistencia financiera no reintegrable” por 214,09 millones de pesos a las empresas de transporte urbano producto de las diferencias de ingresos por la caída de los subsidios nacionales desde enero último.
Sin embargo, las compañías ya preparan un nuevo pedido de ajuste en las tarifas del servicio.
De acuerdo con datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, el planteo ingresará no bien asuma la nueva administración, después del 10 de diciembre. En principio, el planteo ubicaría el precio del boleto “por encima de 40 pesos”.
En una primera instancia, el pedido parece contrariar el convenio firmado la semana pasada y oficializado ayer entre las propias empresas y el municipio.
Sucede que la cláusula tercera de los acuerdos suscriptos con las tres prestatarias privadas del servicio en la ciudad, estipula claramente que que, “por los conceptos expuestos, la empresa (hay un convenio por cada prestataria) renuncia expresamente a cualquier tipo de reclamo relacionado a la tarifa vigente”.
El punto es que, tal como indica el texto, la renuncia es sólo producto de los conceptos pagados ahora por la administración de Ramón Mestre. No por otros rubros, cuyo aumento puede haber impactado en forma paralela.
De hecho, es básicamente con ese argumento que las empresas harán un nuevo planteo tarifario, aun pese a que el acuerdo firmado ahora señale que hasta el 31 de diciembre no podrían efectuarlo.
“Además de la diferencia por la baja de los subsidios nacionales que ahora quedó cubierta con este acuerdo, hubo una serie de aumento de costos que hoy ameritan largamente una revisión tarifaria”, resumió a este medio una fuente empresarial.
Hay un dato que resulta clave. Dos semanas atrás venció el plazo fijado por la ordenanza votada el 9 de noviembre que no sólo llevó el boleto a 23,70 pesos entonces sino que habilitó al intendente a ajustar el valor de la tarifa cada cuatro meses, sin pasar por el Concejo Deliberante, en tanto y en cuanto se verificaran aumentos de costos vinculados salarios, combustible y subsidios y siempre que no superaran la inflación minorista.
En ese marco, Mestre aplicó dos subas. Una en junio que llevó el boleto a 28 pesos y, la última, en septiembre que lo ubicó en 31,9 pesos.
Ahora, cualquier nuevo incremento deberá pasar por el Concejo Deliberante.
“Desde que se votó la suba a 31,90 pesos, hubo aumentos salariales y de combustible. Eso sin contar con la suba de todos los otros rubros como repuestos, lubricantes, chasis y carrocerías”, resumió el informante.
En ese marco, las empresas buscarán un nuevo aumento cuyo valor será “de 40 pesos o más”.
De solicitarse una suba a 40 pesos, el aumento respecto al aprobado en noviembre del año pasado será de 68,7 por ciento, entre 12 y 15 puntos porcentuales por encima de la inflación.
En el cálculo no estaría contemplada -en principio- la suba salarial que las empresas deben afrontar el mes próximo. Luego de abonar un bono de 5 mil pesos días atrás y por única vez -fondos que llegaron desde el Gobierno nacional-, la paritaria acordada con UTA establece que con los sueldos de diciembre deberá pagarse la inflación acumulada en el último trimestre. Ese incremento, que impactará sobre el medio aguinaldo, no tiene en principio cobertura de la Nación por lo que serían los municipios por medio de aportes y bien vía tarifas, quienes deban hacerse cargo de la mejora.
Por ahora, desde el entorno de Llaryora prefieren no opinar sobre el tema. En todo caso, piden cautela y esperar a ver qué postura toma el presidente electo, Alberto Fernández, respecto a los subsidios a los servicios públicos, entre ellos al transporte.
Sin embargo, con relación al tema tarifas del transporte, hay un antecedente que podría tomarse en cuenta. Si bien todavía no se conoce quién ocupará el cargo en la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Transporte, sí trascendió que sería algún funcionario o allegado a la actual gestión del ministro de Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, y del secretario Gabriel Bermúdez. La política de la Provincia en el tema transporte, en este caso interurbano, fue trasladar a tarifas en general, la suba de costos por la prestación del servicio.
Si esa decisión se replicara en la Municipalidad de Córdoba, el planteo empresarial llegaría al precio del boleto, obviamente, luego de verificar cada número y probablemente en un valor por debajo del que piden las compañías.
Pagos millonarios
El acuerdo firmado la semana pasada, oficializado ayer mediante un decreto firmado por Mestre, estipula un pago total de 135,23 millones de pesos a las tres compañías privadas.
Previamente, otro decreto autorizó una compensación no reintegrable para la estatal Tamse por 78,86 millones de pesos, para solventar obligaciones “laborales, previsionales y cargas sociales”, entre otros conceptos, por el período noviembre-diciembre.
En cuanto a las prestatarias privadas, ERSA recibirá 75,73 millones de pesos, Autobuses Córdoba 18,93 millones y Coniferal 40,57 millones de pesos. En todos los casos, los montos corresponden a “asistencia financiera no reintregrable” destinada a cubrir la diferencia de costos por la suspensión de las partidas del Gobierno nacional destinadas al denominado Sistema Intregrado de Subsidios al Transporte Automotor (Sistau), a la Compensación Complementaria Provincial (CCP) y por la eliminación del cupo de gasoil a precio diferencial.
Los montos acordados con las compañías cubren así la diferencia generada entre el 1 de enero pasado y el 31 de diciembre próximo.
Los pagos se realizarán en tres cuotas. La primera, diez días después de la visación del decreto por parte del Tribunal de Cuentas, la segunda entre el 2 y el 6 de diciembre y la tercera entre el 16 y el 20 de diciembre, esta última ya durante la gestión de Martín Llaryora.
Sin embargo, los montos de cada cuota son ciertamente distintos y se concentran particularmente en el primer pago.
Así, por ejemplo, en el caso de ERSA, el primer desembolso deberá ser de 50,48 millones de pesos, el segundo de 18,93 millones y el último de 6,31 millones de pesos, siempre según los convenios adjuntos al decreto firmado por el intendente Mestre y fechado el 25 de noviembre pasado.
Las empresas habían recibido ya previamente algunos aportes como adelantos del Fondo de Transporte aunque en ningún caso de semejante volumen y vinculados a estos conceptos.
