ESCUCHARLas transferencias monetarias como parte de ayudas estatales pasaron de una cobertura menor que dos por ciento de la población en edad de trabajar (de entre 15 y 65 años) en 2003 a más del ocho por ciento durante el primer trimestre de 2021, según datos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
El documento elaborado por el economista Lucas Navarro señala, en ese marco, que la cifra de titulares de beneficios en centros urbanos pasó de 250 mil durante 2003 a más de un millón y medio a inicios de este año.
De los 141 programas sociales existentes, la Asignación Universal por Hijo (AUH), creada en 2009, es el de mayor magnitud, con casi 2,5 millones de titulares a lo largo del país.
Entre los titulares de la AUH, 90% no tiene trabajo o se encuentra en la informalidad.
Si bien los programas sociales podrían contribuir a contener la pobreza, también pueden tener efectos no deseados en el mercado de trabajo, indica el documento.
De la comparación del 47,2% de beneficiarios con el 39,1% de no beneficiarios que estaban inactivos en el mercado laboral en el primer trimestre de 2021, se deduce que el porcentaje de personas que no buscan empleo es casi 21% mayor entre quienes reciben transferencias monetarias del Estado.
Similarmente, los subsidios estatales reducen 17% las chances de estar empleado en Argentina, indica el informe.
Además de reducir los incentivos a buscar trabajo, las ayudas monetarias estatales generan incentivos a mantenerse en la informalidad para conservar los beneficios; en el primer trimestre de 2021, la informalidad entre beneficiarios de programas sociales fue de 59,4% y 41,6% entre los no beneficiarios.
En síntesis, los planes sociales aparecen como respuesta al estancamiento del empleo y el deterioro del poder de compra del salario, pero su diseño genera efectos no deseados en el mercado laboral, aumentan la presión sobre el gasto público, y además son un instrumento de clientelismo político que debilita la democracia.
Los desafíos para salir de esta trampa, concluye el informe, van desde lograr la estabilidad macroeconómica, en base a un ordenamiento fiscal y monetario, hasta mejorar condiciones para la creación de empleo privado, con una menor carga regulatoria y menos presión tributaria, de la mano de potenciar el capital humano, con más educación y capacitación para el trabajo, que derive en una mayor productividad.
