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Para el CPCE, la devaluación debe ser parte de un programa

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El titular de la entidad colegiada consideró que la necesidad de dólares que tiene Argentina no da margen para otra opción. Sin embargo, alertaron sobre que no debe ser una medida aislada para evitar la reacción excesiva de los precios, la pérdida del poder adquisitivo y una nueva caída en la actividad y la recaudación.

La devaluación del real que ha venido aplicando Brasil, principalmente los últimos días, ha instalado otra vez  en el centro de la discusión si la devaluación debe ser de tipo gradual o bien de shock. Sin embargo, ya no se discute la necesidad de implementarla. “Es cierto que todos esperan una devaluación y el próximo gobierno no tiene mucho margen para no hacerlo debido a la necesidad de dólares que tiene”, explicó José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE).
“Argentina tiene un problema cambiario mucho mayor en términos relativos, ya que todos están devaluando y  Brasil lo hace a ritmo más importante”, dijo. “Respecto de cuándo se devaluará, dependerá de quién gane las próximas elecciones presidenciales. Al parece puede ser una medida más inmediata si asume un candidato que si lo hace otro. En cuanto al porcentaje de devaluación, estará atado a la cantidad de dólares que consiga el Gobierno para calmar el mercado”, sostuvo.

En ese sentido, los economistas del CPCE plantearon que las necesidades de divisas para cubrir los pagos de deuda hasta diciembre de 2015 ascienden a 7.3084 millones de dólares; y para cubrir las ventas de dólar ahorro y dolar turismo, 2.724 y 192 millones de dólares respectivamente. Todo ello alimenta la actual necesidad de divisas por más de US$10.300 millones.
Si a eso se agregan las necesidades de los tres primeros meses de 2016 y siempre suponiendo que las condiciones de mercado se mantendrán tal y como son las actuales, el monto suma 3.242 millones de dólares más.
“Hay que ganar competitividad. Hay que frenar la inflación. Seguramente el próximo Gobierno deberá convocar a un gran acuerdo entre empresarios y sindicatos”, apuntó Simonella.
De todas maneras, el plateo de los economistas del Consejo pasó por que una devaluación aislada provocaría una reacción excesiva de los precios al alza, limitando la posible ganancia de competitividad, afectando el salario real, el consumo, la tasa de actividad y, por ende, la recaudación fiscal.

La corrección del tipo de cambio –enfatizaron– debe ser parte de un programa de medidas que incluya instrumentos de política fiscal y monetaria. Esto implicaría políticas sectoriales que mejoren la competitividad de manera discrecional, racionalización “inevitable” del gasto público, potenciación de la sustitución de importaciones y sostenimiento de la demanda.

Contexto económico general
La economista Mary Acosta repasó ayer el contexto general sobre el que deberá actuar la nueva gestión.
Según sostuvo, el frente financiero presenta, a junio de este año, un resultado que está sólo a 2.584 millones de pesos de igualar el resultado financiero de todo 2014.
A su turno, Guillermo Pizarro apuntó que la estimación original era que de mantenerse las condiciones del año pasado, el rojo llegaría a $300 mil millones. “Esa proyección ya quedó vieja. El crecimiento promedio fue de 36% en 2014 y este año es de 105%”.
La brecha entre ingresos y gastos totales va aumentando en los últimos meses hasta alcanzar una dimensión “sin antecedentes en todo el período de gestión kirchnerista”.
Al analizar el panorama fiscal, los economistas remarcaron que la utilización de recursos extraordinarios es clave: “Al hacer un uso tan importante de las reservas y de la emisión, deja al Banco Central sin margen de acción. Es una encrucijada  porque constriñe a la política monetaria”.

Ambos especialistas coincidieron en que “a los problemas coyunturales hay que sumarle los estructurales” como el perfil industrial argentino, altamente dependiente de las importaciones, y la necesidad de destinar divisas a la compra de energía. A partir de esas consideraciones se deberá resolver si hay medidas gradualistas o de choque “con impacto en los sectores de menores recursos”.

 

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