Los economistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE) analizaron el proyecto de ley que declara la triple emergencia (económica, de salud y social) que se debate en el Congreso.
Al respecto, el presidente del Consejo, José Simonella, indicó que Alberto Fernández “está aprovechando el poder político para avanzar en un plan que conforme al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que le permite arreglar la deuda”.
“Es un impuestazo disfrazado de solidaridad que es música para los oídos del Fondo”, aseguró Simonella en la presentación de la que participó Comercio y Justicia.
En ese sentido, indicó que cumple con dos funciones: mejora el déficit fiscal intentando llevarlo hacia el superávit de modo que se pueda pagar la deuda, y por el otro controlar los dólares incentivando la demanda de pesos. Al respecto, explicó que va a convenir tener y ahorrar en pesos, porque de ese modo no se cobrará el impuesto a la renta financiera.
Por su parte, los economistas Mary Acosta y Víctor Peralta hicieron un repaso de las principales medidas incluidas en el proyecto y apuntaron que el objetivo del Gobierno a corto plazo es que la economía deje de caer; los efectos sobre el consumo en primera instancia son escasos.
Respecto a los cambios en retenciones, indicaron que afecta la rentabilidad en general y podría determinar que caiga la inversión en el campo. “Podría aumentar la sojización, y en el mercado interno debería impactar en los precios por la disminución de lo que percibe el productor”. Para el Estado implica una mejora en la recaudación.
En cuanto a la modificación en Bienes Personales, indicaron que las alícuotas sube al nivel de 2015 y el Ejecutivo está facultado a incrementar hasta 100% los bienes en el extranjero. También remarcaron la suspensión del pacto fiscal. “Este año no seguirá la baja de Ingresos Brutos y Sellos. Las provincias se comprometen, a cambio, a desistir de las demandas judiciales”, remarcaron. Respecto de los cambios en las jubilaciones, refirieron que se suspende la movilidad jubilatoria por 180 días. Las subas en ese período serán por decreto. “Su efecto sería un achatamiento en la pirámide ya que los beneficios superiores a $19.000 no recibirán incrementos ahora y será arbitrario el que se otorgue en los próximos meses.
Es una medida fiscalista que apunta a cerrar las cuentas públicas”, aseguraron e indicaron que el gasto social representa alrededor de la mitad del total de las erogaciones del Estado.
De este modo, Simonella advirtió que se “vuelve a un esquema discrecional; la impresión es que los jubilados que están de la mitad de la pirámide hacia arriba serán los más afectados”, y agregó que un punto a tener en cuenta es que “no necesariamente el que cobra la mínima es pobre; es el segmento que ingresó al sistema por moratoria y no todos son de bajos ingresos”.
Finalmente, en cuanto al cepo cambiario, refirieron que se mantienen las limitaciones y se extiende el plus de 30% del dólar turista al dólar para atesoramiento. El impuesto es por cinco años. Los efectos serían un incentivo al turismo nacional; un aumento de la demanda del dólar blue; reducción del déficit de la balanza de turismo y reduce la fuga de divisas.
Y consideraron que si la brecha entre el dólar oficial y el informal superara el 40% podría empezar a incidir en los precios internos.
“Para el hacedor de políticas, la medida le permite mejorar los ingresos tributarios y cuidar los dólares. Mucha gente se verá obligada a desatesorar, a desprenderse de dólares –describió Simonella-.
Se suma una ventana más a las que ya se fueron cerrando para comprar dólares; obligan a tener pesos y agrega el incentivo de no pagar el impuesto a la Renta Financiera si se tienen plazos fijos o bonos en pesos. Apunta a que se ahorre en pesos; si las medidas logran credibilidad habrá demanda de pesos”, concluyó.
