ESCUCHAREl ministro del área dijo, no obstante, que el pasivo es menor de los $3.500 millones deslizado por las empresas. Aseguró que se pagará -aunque no dio plazos- y recordó que en tres años siempre
cobraron en tiempo y forma. “Son los únicos contratos indexados”, advirtió. Señaló que las nuevas obras licitadas se adjudican con ahorro de hasta 30% por la “falta de demanda”
El ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, admitió que el Gobierno de Córdoba mantiene una deuda con las contratistas viales por retención de parte de las redeterminaciones de costos, aunque aseguró que el pasivo es sensiblemente menor de los 3.500 millones de pesos que deslizaron las compañías.
En ese marco, el funcionario dijo que esa deuda se cancelará -aunque no especificó plazo-. Con todo, recordó que las empresas que ahora reclaman cobraron durante tres años en tiempo y forma. La referencia temporal se vincula en general con el inicio de los principales proyectos, hoy concluidos, que son por los que las compañías reclaman el pago de un saldo.
Asimismo, Sosa destacó que los proyectos de obra vial son los únicos que se indexan por el costo de la construcción, al tiempo que adelantó que hoy las licitaciones lanzadas y adjudicadas por la Provincia se cierran con presupuestos 30 por ciento menores a valores constantes respecto a las obras de referencia, producto de la caída de la obra pública en general que lleva a que las empresas ajusten sus costos para poder continuar trabajando.
El ministro de Obras Públicas salió así a responder los reclamos de las contratistas viales por deudas pendientes luego que ayer Comercio y Justicia reflejó la inquietud de las compañías por esos pasivos.
“La deuda existe y se va a pagar. Es un saldo pendiente pero es mucho menor de 3.500 millones de pesos”, señaló Sosa.
El pasivo es relativo a la retención del 10 por ciento que se aplica en cada redeterminación de precios conforme el decreto 691/16 que rige en el ámbito nacional pero que aplicó en Córdoba particularmente la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la RAC, para obras como el cierre del anillo de Circunvalación o el puente “José Manuel de la Sota” sobre el lago San Roque.
Esas obras, además de concretarse en rutas nacionales, tenían comprometido un aporte del Gobierno nacional que, para el caso de la Circunvalación, llegaba a 30 por ciento.
En ese marco, la normativa dispone que esa retención que se hace en cada redeterminación, se pague al final de la obra y con el certificado definitivo tras la recepción provisoria de los trabajos.
Si bien las obras ya terminaron, las contratistas reclaman que el Gobierno, en este caso Caminos de las Sierras, no pagó ese remanente que el ministro Sosa reconoce aunque relativiza el monto.
Si bien admitió el pasivo, recordó que siempre cobraron al día. “Durante tres años cobraron en tiempo y forma más de 30 mil millones de pesos que invertimos en el área”, dijo. Además, aseguró que “son los únicos que tienen sus obras indexadas por el costo de la construcción”, en referencia a que tienen asegurado mantener en términos reales sus ingresos. En rigor, todos los contratos tienen cláusulas de revisión aunque no en todos los casos el recálculo, por ejemplo de las tarifas de servicios públicos, permite recuperar el costo real de la prestación, particularmente porque el incremento tarifario se aplica mucho después de hecha la solicitud de revisión. En un contexto inflacionario, la pérdida resulta evidente.
Por lo demás, Sosa recordó que en las últimas licitaciones efectuadas por el Gobierno provincial, ya sea mediante Vialidad o de Caminos de las Sierras, se logró bajar hasta 30 por ciento los presupuestos respecto a proyectos similares concursados tiempo atrás.
Este medio le preguntó si eso tenía relación con que antes las empresas se cartelizaban para fijar precios muy por encima de los costos. “De ninguna manera. Siempre fueron licitaciones transparentes y electrónicas. El tema es que ahora tuvieron que bajarse porque al haber bajado fuertemente la obra pública en general, tienen que competir y trabajar al costo para poder seguir activas”, explicó.
Sosa puso como ejemplos casos como las obras en la pista de aviación ubicada en predios de Fadea que la Provincia debió financiar como contrapartida por usufructuar parte del espacio para la nueva traza de la Circunvalación. También la licitación para ampliar a tres carriles otros tramos del anillo vial.
Ayer, este medio informó respecto al planteo de las constructoras por deudas vinculadas con obras como la Circunvalación, el puente sobre el San Roque y el cierre del Camino de Altas Cumbres.
En tanto, entre las empresas involucradas figuran firmas cordobesas y otras con mercado nacional, entre ellas Boetto y Buttigliengo, Cisa, Afema e incluso Astori en el caso del puente “De la Sota” sobre el lago San Roque. Pero también hay otros como Roggio, en rigor de Córdoba pero con fuerte proyección nacional, Rovella Carranza, Chediak o Sacde, la ex Iecsa.
En principio, la intención oficial es regularizar la situación una vez que la Nación cumpla con el pago de una deuda de 13 mil millones de pesos originada durante la gestión de Mauricio Macri por compromisos de esa administración con parte de las obras mencionadas. El gobierno de Alberto Fernández prometió cumplir con el pasivo pero sólo cuando se termine de reestructurar la deuda externa del país bajo legislación extranjera.
