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Nunca se reunió comisión que debía analizar la defensa de los usuarios

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Se trata de la multisectorial legislativa que, desde abril pasado, se proponía tratar lo tendiente a garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos considerados esenciales. La conforman representantes de los gremios, de los empresarios y funcionarios de la Unicameral.

En abril se creó por resolución legislativa una comisión multisectorial con el objeto de tratar todo lo concerniente a garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos considerados esenciales. En agosto, con la participación del defensor del Pueblo, Mario Decara, se resolvió que los técnicos de las instituciones que conforman la multisectorial siguieran trabajando en pos de lograr una reglamentación que surgiera del consenso de las partes. Sin embargo, desde esa oportunidad no volvieron a reunirse.

Este dato fue confirmado a Comercio y Justicia por Decara, quien aseguró que envió una carta al vicepresidente de la Unicameral, Oscar González, solicitándole que se reanudaran los encuentros.

“Ésa fue la única reunión de la comisión. Yo le envié una carta al vicepresidente de la Legislatura y al ministro de Trabajo, Adrián Brito. Habíamos quedado en juntarnos mañana (por hoy), pero me llamaron para decirme que no podían porque estaban en Río Cuarto. Así es que tendremos que posponer la reunión hasta la semana que viene”, dijo el ombudsman.

Recordó que en el encuentro del mes de agosto -del que además de González y él participaron Brito; los legisladores Carlos Gutiérrez, Orlando Arduh, Sergio Busso, representantes de ambas CGT y referentes del sector empresarial cordobés-, se acordó “una especie de statu quo hasta tanto la comisión se expidiere en cualquier sentido. De no ser así, o en caso de que no se respetare ese acuerdo, todos los que participamos en esta comisión quedábamos librados a continuar con nuestra actividad e intentar por otros medios la sanción de una norma”.

En ese sentido, el obudsman aseguró que se siente “liberado” para actuar, luego del paro de transporte de la semana pasada en la ciudad, consecuencia del despido de un trabajador.

De este modo, dio a entender que buscará que algún legislador presente un proyecto de ley que defienda a los usuarios de los servivios públicos en momentos en que los sindicatos y los trabajadores hacen uso del derecho de huelga. “Planeo incorporar al listado de los servicios que considero esenciales el de provisión de combustibles, porque si los trabajadores decidieran hacer un paro, dejarían la ciudad sin actividad”, explicó.

Poco esperanzados
Por su parte, el presidente de la Federacion Comercial de Córdoba (Fedecom), Rubén Martos, consideró “poco probable” que alguna iniciativa en ese sentido prospere.

“No creo que vaya a prosperar, menos que menos a esta altura del año. Hay que tener en cuenta que hay una medida que prohíbe que se arrojen bombas de estruendo y nadie la cumple. El ministro de Trabajo decreta una conciliación obligatoria, porque está dentro de su potestad, y los gremios no le hacen caso. No creo que vaya a prosperar, pero si lo hiciere, no tengo esperanzas de que se vaya a respetar”, dijo el dirigente comercial.

Recordemos que Martos formó parte de la reunión multisectorial realizada en la Legislatura en agosto, como parte del Grupo de los Seis.

Protección de usuarios
Decara había enviado a las autoridades de la Unicameral -a principios de agosto- una nota con forma de proyecto de ley, en la cual solicitaba el tratamiento de una iniciativa que protegiera los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando los trabajadores que deben prestarlos ejercen su derecho constitucional de huelga.

Explicó en la Unicameral que el proyecto no buscaba regular ni cercenar éste sino “garantizar a los ciudadanos una prestación mínima de los servicios esenciales, incluido el transporte público, ante las medidas de fuerza derivadas de conflictos laborales”.
Había concluido el ombusman provincial: “No se pretende atentar contra los derechos de los trabajadores de hacer huelga. Pero es necesario que existan ciertas pautas que garanticen que también se cumplan los derechos de los usuarios”.

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