ESCUCHARQuienes adhieran cobrarán un porcentaje de sus sueldos hasta que alcancen la edad de jubilarse. Pero ya no trabajarán en la comuna. La idea es reducir la incidencia del costo salarial. Aguardan instructivo de Nación respecto a eventuales criterios de corte y si habrá algún tipo de financiamiento. La decisión política final será de Mestre. La Provincia insiste en que no considera ninguna de las dos herramientas
Por Alfredo Flury – [email protected]
La Municipalidad de Córdoba analiza implementar un régimen de pasividad anticipada para el personal como mecanismo para reducir la incidencia del costo salarial sobre el total de ingresos, que hoy se ubica apenas por debajo de 60 por ciento.
El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes al tanto de la alternativa, quienes descartaron que se busque avanzar con retiros voluntarios.
Ambas herramientas aparecen incluidas en el Acuerdo Fiscal que la Nación firmó días atrás con las provincias, convertido en ley por el Congreso.
Concretamente, uno de los puntos de esa norma señala como compromiso de la Nación “financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”.
Precisamente, el municipio está aguardando esos detalles para ver cuál será el criterio de corte, por ejemplo respecto a la edad o años de aportes de los empleados pasibles de adherir al régimen, así como qué tipo de apoyo financiero recibirán. Habrá que ver, por ejemplo, cómo incide en los ingresos de la Caja de Jubilaciones. En cualquier caso, la decisión política final será tomada por el intendente Ramón Mestre.
Según el Presupuesto 2018, el municipio tiene 10.620 cargos de planta, sin contar los cargos políticos.
Las fuentes consultadas evitaron precisar cuántos empleados podrían retirarse. El antecedente inmediato anterior de un régimen de ese tipo data de la gestión de Daniel Giacomino, 10 años atrás.
Un criterio posible es que puedan adherir quienes ya tienen los años de aportes requeridos por el régimen jubilatorio pero aún les restan cinco o menos años de edad.
Quienes se acojan a ese régimen ya no trabajarán en el municipio y cobrarán un porcentaje de su sueldo, probablemente 70%, hasta que accedan a la jubilación ordinaria.
El mecanismo tiene sus puntos a favor y en contra. Por un lado, permitiría reducir el costo salarial total porque si bien se contratarían a nuevos agentes -tal vez no en todos los casos-, éstos tendrían antiguedad cero, o esa que el gasto en salarios sería menor.
No obstante, se perderían cuadros técnicos y jerárquicos que de difícil reemplazo. De hecho, ésa fue una de las críticas que recibió el sistema en su momento.
El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) evitó opinar hasta tanto no haya una información oficial. De todas formas, recordó que la adhesión o no es voluntaria de cada trabajador. “Hay muchos que están esperando que se reabra esa posibilidad”, admitió una fuente gremial.
Respecto al municipio, aún hay mucho camino por recorrer.
El análisis, además del visto bueno de Mestre respecto a la decisión de fondo, debe incluir un detallado estudio de, por ejemplo, las disímiles edades jubilatorias de cada sector: los docentes o los médicos, para ejemplificar También, cuántas personas estarían en condiciones de acceder a la jubilación anticipada en función de la edad de corte o de algún otro criterio que se adopte. En cualquier caso, también se espera la determinación de la Nación con relación al tema.
De hecho, esta semana, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que se avanzará con un esquema de ese tipo y que también la Nación lo activaría para los empleados estatales de ese ámbito.
La decisión se tomará en paralelo a una reducción de 20% de la planta política que será anunciada en los próximos días, según anticipó en las últimas horas el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La Provincia, no
En tanto, fuentes del Ejecutivo provincial ratificaron que el tema no está en análisis.
“Ni pasividades ni retiros”, confirmaron ayer a este medio fuentes del Ejecutivo y reiteraron que la Provincia tiene uno de los ratios más favorables en la relación empleado público cada mil habitantes.
Sin embargo, la Nación había deslizado que si bien ese dato es correcto, el costo salarial total era elevado respecto a los ingresos.
Así y todo, la idea de la Provincia es no avanzar en iniciativas de ese tipo.
La última experiencia no fue muy elogiada. Las masivas pasividades anticipadas que dispuso el entonces gobernador José Manuel de la Sota en su primer mandato tuvieron luego un impacto negativo en la Caja de Jubilaciones.
