El líder de los docentes de Córdoba asegura que al Gobierno le falta saldar las actas firmadas en las dos últimas negociaciones salariales. “Ése será el piso para discutir la porcentualidad de este año”, dijo aunque se negó a poner un número. El ministro de Finanzas desconoce que haya “un atraso para tomar como punto de partida” y marca que la referencia será la pauta de inflación fijada en 18%
Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info
El pasado jueves se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, 16 gobernadores y vicegobernadores de algunos distritos -entre los que se encontraba Juan Schiaretti- y acordaron que las negociaciones paritarias serán en función de la meta de inflación fijada en el Presupuesto.
En la misma línea, en una entrevista concedida a la prensa, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, indicó que 18% es la pauta que se incorporó en el presupuesto y “ésa es la referencia”.
Asimismo, desconoció que hubiera saldos pendientes al decir: “No creo que haya un atraso para tomar como punto de partida. En función de la inflación proyectada, hay que garantizarles a los trabajadores que no pierdan respecto del índice de precios”.
Sin embargo, consultado por Comercio y Justicia, el titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, rechazó los dichos del ministro y aseguró que del acuerdo paritario del año pasado, los docentes perdieron contra la inflación entre ocho y 10 puntos porcentuales.
Además, aseguró que no van a sentarse “a hablar de porcentaje” hasta que no se salden “las actas acuerdo firmadas para 2015 y 2016”; en este último caso se firmó 25% y según los educadores, perdieron poder adquisitivo por entre ocho y 10 puntos.
“Después de eso vamos a ver la porcentualidad para este 2017. Pero ése es el piso para empezar a charlar”, advirtió.
Monserrat no toma en cuenta en ese análisis el aporte extra vía Fondo de Incentivo Docente (Fonid), por el que los educadores redondearon un aumento de 32,7% promedio el año pasado. “La Provincia puso 25%”, recordó el gremialista.
Vale recordar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la ciudad de Córdoba mostró que, en 2016, la suba fue de 34,4%.
“Lo mejor para todos es apostar a que la inflación baje (este año) y establecer una política salarial coherente con eso”, dijo Giordano.
Respecto a las negociaciones anteriores, el funcionario aseguró que en 2015 se dieron subas muy por encima de la inflación.
Convocatoria retrasada
Con el último acuerdo ya vencido, la Provincia aún no convocó al gremio de la UEPC para el primer encuentro. Todo hacía presuponer que el llamado se concretaría luego de la reunión con los gobernadores el jueves pasado pero -hasta ayer- eso no había sucedido según lo indicado por Monserrat. “Esperemos que nos convoquen esta semana”, dijo.
Respecto a la posibilidad de una paritaria semestral como hubo en varios sectores el año pasado, el líder de los docentes indicó: “No creo que el Gobierno acepte porque hay elecciones. Seguramente van a hacer una negociación anual”.
Provincia de Buenos Aires
Por su parte, el secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, adelantó ayer que el gremio pedirá 35% de aumento salarial en la reunión paritaria que tendrá hoy con la administración de María Eugenia Vidal y advirtió que “va a haber conflicto” si el gobierno bonaerense “quiere imponer 18%”.
El sindicalista dijo que pedirán “entre ocho y 10% por pérdida de poder adquisitivo”, más una proyección cautelosa para este año de 25%”.
“Vamos a plantear el 35%, entre pérdida del poder adquisitivo y proyección de inflación para este año”, adelantó Baradel.
Volver a los 90
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, advirtió que la decisión del Gobierno nacional de no convocar a los maestros a paritarias es «volver a los 90». «El Gobierno nacional y los gobernadores intentan llevar a los maestros a una situación muy grave», denunció Alesso. Según la dirigente, los gremios plantean que el Gobierno «cumpla con la ley».
