Sólo 13% del gasto público de Córdoba que concentra el departamento Capital va a obras

Del total de erogaciones del departamento capital, 88,9% va a pagar salarios y jubilaciones. El resto está compuesto por transferencias corrientes (coparticipación) y trabajos públicos. En tanto,
casi 70% del gasto queda en sólo cinco de las 26 jurisdicciones que tiene la provincia

D del gasto total del Gobierno provincial, 50,4 por ciento se concentra en la ciudad de Córdoba que reúne, según el último censo, 40,2 por ciento de la población de la provincia. La concentración de las erogaciones y la disparidad en su distribución quedan reflejadas sin embargo en otros indicadores. Así, sólo cinco departamentos de los 26 que tiene la provincia, concentran 68,5 por ciento del gasto. Sin embargo, vale decirlo, también tienen 63 por ciento de los habitantes de la provincia. Se trata, además de Capital, de Río Cuarto, San Justo, Colón y Punilla.
Los datos aparecen compendiados en un informe sobre la Ejecución del gasto de la Administración Pública No Financiera (APNF) por ubicación geográfica al tercer trimestre del año pasado que el Gobierno provincial publicó en las últimas horas.
El documento incluye cifras del cierre de 2017 ya acumuladas al tercer trimestre de este año.
En rigor, no todo el gasto público es pasible de ser divisible por ubicación geográfica. De hecho, en los datos hasta el 30 de septiembre, son 107.750,1 millones de pesos lo que fueron divididos por departamento sobre una erogación total de 156.596,7 millones de pesos.
Como fuere, se trata de un primer documento que permite observar cómo se direcciona el gasto y en qué rubros se eroga.

En ese marco, la ciudad de Córdoba es, claramente, la que mayor inversión exige. Del total de 54.378,1 millones de pesos erogados hasta septiembre inclusive, 32.951,1 millones de pesos habían sido destinados al pago de salarios. En ese marco, Córdoba capital explica 61,1 por ciento del gasto salarial de toda la provincia, siendo que cuenta con 40,25 por ciento de la población.
En tanto, también explica la mitad del total de jubilaciones y pensiones que paga la Caja de Jubilaciones. Hasta septiembre fueron 15.410,06 millones de pesos.
De esta forma 88,9 por ciento del total del gasto provincial destinado a la ciudad capital fue a salarios y jubilaciones. El resto se utilizó en transferencias corrientes (coparticipación) que en total llegó a 5.075,4 millones de pesos y a obras. Precisamente, la inversión real directa fue de 941,5 millones de pesos. Esa cifra representó apenas 13,46 por ciento del total de erogaciones que por ese concepto registró la Provincia hasta el tercer trimestre del año pasado.
De hecho, si bien se trata de la mayor erogación respecto al resto, a diferencia del gasto salarial o de jubilaciones, el rubro inversión real directa que incluye obra pública, es el que tiene una distribución mucho menos concentrada. Por ejemplo, San Justo registró obras por 529,7 millones de pesos, Unión por 554,4 millones y Colón por 466,06 millones de pesos, por mencionar los más importantes.

Los más postergados
La distribución geográfica del gasto muestra asimismo como numerosos departamentos concentran apenas una porción minoritaria de la inversión. Si bien con escasa población, se trata en general de los que sufren mayores carencias. Ubicados en su mayoría al norte y al oeste, también hay excepciones.
Así, Minas, Pocho, San Alberto, Río Seco, Sobremonte, Totoral, Tulumba, Río Seco e Ischilín explican apenas 4,56 por ciento del gasto total de la provincia distribuido geográficamente.
En tanto, respecto a la inversión real directa, un total de 10 departamentos se llevan menos de 10 por ciento de la inversión en obras. Llama la atención que, en este caso, más allá de los nueve ya mencionados, también figura General San Martín cuya cabecera es Villa María. Allí, los trabajos públicos fueron de 91,01 millones de pesos, menos de 10 por ciento de lo que se erogó en la capital. Salvo este último departamento, el resto tiene un bajísimo aporte el Producto Geográfico Bruto de la provincia. Asimismo, en algunos casos tienen elevados índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En forma paralela, la mayoría tiene un alto porcentaje de población rural en zonas de bajo valor productivo.
Por lo demás, de acuerdo con los datos de 2017 también incluidos en el informe (a diferencia del actual, los del ese año incluyen el ejercicio completo), no se produjeron mayores cambios de un año a otro. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba, en 2017 exigió 59.431,7 millones de pesos, 50,19 por ciento del total, apenas por debajo del 50,4 por ciento de los primeros tres trimestres de 2018.
El año pasado, el gasto que pudo ser computado con distribución geográfica fue de 118.442.3 millones de pesos, el 69,1 por ciento del total de 171.491,7 millones de pesos que erogó la Administración Pública No Financiera de la Provincia.

Metodología
Según señala el informe oficial, el diseño del clasificador geográfico permite el registro de la información de acuerdo con la localización geográfica.
En ese marco, se avanza en un esquema que clasifica las transacciones regionales en función del destino geográfico previsto en el presupuesto. Los criterios metodológicos son: erogaciones divisibles: los gastos son perfectamente imputables a una determinada jurisdicción política, por ejemplo el pago de salarios asignados a un agente que habita determinado lugar. En el caso de las obras públicas o de servicios, también se asignan conforme el lugar donde se concreta la inversión o la prestación del servicio correspondiente.

En tanto, los aportes de capital y los préstamos de corto y largo plazo deben ser clasificados según el lugar de residencia del destinatario del aporte o préstamo.
Los intereses, comisiones y otros gastos que son abonados por el servicio de préstamos recibidos del sector privado y público deben imputarse según el lugar de residencia de la persona o entidad prestamista. Los intereses, comisiones y otros gastos originados en el servicio de la deuda interna o en los préstamos recibidos del sector privado o público que sean capitalizables por estar asociados a un proyecto de inversión deben clasificarse en la jurisdicción política donde se ubican las obras.
Por su parte, las Erogaciones Indivisibles se refieren a aquellos casos en que no sea posible imputar el gasto a una determinada ubicación geográfica de acuerdo con los criterios expuestos precedentemente.
Finalmente, las Erogaciones No Clasificables incluyen aquellos gastos que no pueden ser identificados con una localización geográfica dentro del ámbito territorial del país. Las partidas que deben incluirse en esta clasificación son las transferencias al sector externo, y la amortización de deuda interna y la cancelación de préstamos del sector privado y público, por mencionar sólo algunos casos.

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