ESCUCHARMediante la publicación del decreto 27/18 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional formalizó ayer un plan para reducir la burocracia y los trámites en el Estado.
La iniciativa, cuyos lineamientos principales fueron adelantados el miércoles por ministros del Gabinete nacional, agrupa un total de 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.
También comprende al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), dos organismos descentralizados.
Entre otros puntos, establece que los expedientes digitales pasarán a tener “la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos”. Además, hace obligatorio el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional.
La iniciativa también estipula que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país, al tiempo que simplifica y hace más rápido el proceso para obtener marcas y patentes.
En tanto, se podrán resolver sin ir a la Justicia -en un lapso de 60 días- controversias legales-administrativas relacionadas con la administración del Estado, que antes podían durar entre tres y cinco años.
La norma dispone asimismo el cierre del Registro Industrial de la Nación, que se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial, debido a que en la actualidad se superpone con otros sectores o dependencias, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En el ámbito de la cultura, la norma habilita la exportación de hasta 15 obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura, o una licencia especial en el caso de obras de autores muertos hace más de 50 años, sin necesidad de tener que pedir permiso previo a la Dirección General de Aduanas.
En el área de transporte, se unificará la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA, dejando de lado la competencia del Ministerio de Defensa sobre esta área, al tiempo que se incorporan nueve aeropuertos a su sistema de control. También se habilita el uso “en algunos corredores viales” de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión-tractor y dos acoplados, que permiten transportar más carga y así reducir costos logísticos.
La norma también especifica que en adelante se deberá tramitar un registro específico para circular con cuatriciclos, los que además deberán cumplir con una verificación técnica.
A esto se suman modificaciones en el registro de conducir: mientras antes había dos licencias nacionales, una para automóviles y vehículos particulares y otra para conductores profesionales, emitidas por dos organismos distintos, ahora ambas se unificarán en la órbita de la Agencia de Seguridad Vial, de manera de poder cruzar las bases de datos de infractores, inhabilitados y mejorar el control del proceso.
En tanto, el decreto también realiza modificaciones que inciden en el sector de las mipymes y los emprendedores, respecto principalmente del financiamiento.
BCRA: “Se favorece la inclusión financiera”
Ayer, en el marco de la publicación del decreto para reducir los trámites en el Estado, el BCRA emitió un comunicado en el cual destacó varias de las disposiciones. “Dichos decretos incluyen medidas que mejoran el funcionamiento del sistema financiero, generan competencia, reducen costos e incentivan la inclusión financiera”, indicó el texto.
En este sentido, la autoridad monetaria resaltó los nuevos métodos para la celebración a distancia de contratos de tarjetas de crédito, cheques, letras de cambio y pagarés; la incorporación del saldo de boleto de compraventa como uno de los instrumentos de financiación que podrán celebrarse en UVA o en UVI; la inembargabilidad del sueldo; la modificación de la ley de agencias y casas de cambio; y el tope regulatorio a la tasa de interés que remunera los depósitos bancarios, entre otros puntos.
