Por Alfredo Flury
La Municipalidad de Córdoba sumó presión sobre los deudores de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios y elevó a 3.559 el listado considerado de Riesgo Fiscal, 72,34 por ciento por encima del padrón previo a la cuarentena.
Los nominados deben tributar alícuota agravada, según la normativa vigente que dio origen a la herramienta, creada por el ex intendente Ramón Mestre en 2018 y que Rentas de la Provincia dispuso ya a partir de 2017.[privado]
En rigor, si el listado se compara con el informado por la anterior administración para el período noviembre-diciembre, cuando se contabilizaron 933 contribuyentes, el aumento del padrón llega a 281,4 por ciento.
El incremento observado denota en los hechos cómo creció la morosidad en los últimos meses. En rigor, está claro que el atraso en los pagos o bien la falta de declaraciones juradas y otras irregularidades, difícilmente se haya incrementado en ese porcentaje en apenas seis meses. De los seis ítemes que conforman los requisitos para ser incluido, prácticamente la totalidad de los nominados fueron sumados por tener deudas superiores a 100 mil pesos.
En todo caso, la administración de Martín Llaryora sólo habría sincerado ese listado en el período desde que inició su gestión, el 10 de diciembre pasado. De hecho, el primer reporte de Riesgo Fiscal de su administración, correspondiente al bimestre enero-febrero, ya subió a 2.065 deudores, más del doble del que informó Mestre antes de dejar la Intendencia. Desde que asumió Llaryora, el padrón no dejó de crecer hasta el número actual. Si se toma como base el dato de enero-febrero, previo a la cuarentena y al parate económico por el coronavirus, los deudores de Comercio e Industria con pasivos mayores a 100 mil pesos subieron 72,3 por ciento. Si así fuera, es toda una radiografía de cómo impactó la crisis sobre la actividad comercial, industrial y de servicios.
Ese derrotero no se puede seguir de la misma manera en Rentas de la Provincia de Córdoba. Si bien ese organismo tiene una herramienta similar, el número de “escrachados” en la web no evolucionó de la misma manera y de hecho se mantuvo medianamente estable aún en plena crisis. Según informó oportunamente Comercio y Justicia, Rentas “administró” el ingreso al listado y hasta mostró cierta flexibilidad ya desde septiembre del año pasado cuando se observaba el agravamiento de la crisis.
Las penalidades que rigen para quienes ingresen en el padrón de Riesgo suponen una carga tributaria extra que deben pagar y que recién caducará cuando regularicen su situación y sean excluidos del listado que se actualiza de manera bimestral. La drástica caída de la recaudación que impacta en todos los niveles del Estado, exige a cada administración apelar a distintas herramientas para neutralizar la baja. En el caso de la comuna, instrumentó una serie de beneficios para contribuyentes de menores ingresos. No obstante, está claro que busca recuperar por otras vías la merma en los recursos.
Por lo demás, en la lista aparecen contribuyentes de las más diversas actividades, incluso algunas de renombre que de hecho se repiten en los sucesivos listados que el municipio renueva cada dos meses.
Alícuota extra
La herramienta de Riesgo Fiscal debutó en junio de 2018 durante la gestión de Ramón Mestre, como instrumento para presionar a los deudores a regularizar su situación, caso contrario, debían pagar un plus al Fisco hasta tanto salieran de esa coyuntura. Mestre siguió entonces el camino del gobernador Juan Schiaretti que había hecho punta un año antes con ese mecanismo. Originalmente, en el listado hubo poco más de 600 deudores. Sin embargo, en septiembre del año pasado, el ex intendente sumó a los contribuyentes tipo 2 y fijó la deuda para ser incluido en 100 mil pesos o más.
El nuevo “parámetro” apareció reflejado en la resolución general 0038, fechada el 29 de agosto pasado. En la práctica, la decisión implicó que el padrón que hasta julio -último dato previo disponible- alcanzaba a 609 morosos, se elevara a 912. El aumento de los “escrachados” aumentó así 50 por ciento respecto a la cifra anterior.
De acuerdo a la normativa vigente, para el municipio serán considerados de riesgo fiscal aquellos que registren alguno de los incumplimientos reseñados en la norma, esto es que “en los últimos 18 meses no hubiesen presentado seis o más declaraciones juradas y/o posean seis o más períodos fiscales adeudados, continuos o alternados; contribuyentes que no hubieran constituido a la fecha su domicilio tributario electrónico; contribuyentes y/o responsables que posean deuda en instancia judicial y agentes de retención, percepción y/o recaudación de la mencionada contribución que no hubieran presentado dos o más declaraciones juradas en su carácter de tal o que mantuvieran adeudado el saldo de una o más declaraciones juradas, vencido el término para el ingreso del mismo”.
Paralelamente, también serán de riesgo fiscal “contribuyentes y/o responsables a los cuales se les hubiera determinado de oficio la obligación tributaria y, encontrándose firme la misma, no hubiera sido abonada o regularizada dentro del plazo otorgado a tal efecto. Idéntico tratamiento se otorgará a aquellos contribuyentes y/o responsables que presten conformidad al ajuste realizado por la Dirección de Fiscalización y no abonaren o regularizaren la deuda en el plazo otorgado a tal efecto, o contribuyentes, responsables y/o agentes a los que se les hubiera labrado un acta de constatación o requerimiento en el domicilio fiscal constituido, cuando hubiesen transcurrido treinta días sin su acabado cumplimiento”.
Finalmente, entrarán en la categoría de riesgo fiscal los “contribuyentes, responsables y/o agentes de retención o percepción de la mencionada contribución que adeudaren multas y/o sustitutivo de multas por incumplimiento a los deberes formales o materiales”. A todos esos “parámetros” ahora se sumó desde septiembre pasado, las deudas iguales o superiores a 100 mil pesos. La lista incluye “nombre y apellido/Razón Social y número de CUIT”. De acuerdo con la normativa oficial, “los agentes de retención y/o percepción (…) deberán aplicar a los sujetos incluidos en la nómina de riesgo fiscal un incremento del 100 por ciento sobre la alícuota de retención y/o percepción vigente para cada caso”.
Asimismo, el artículo 5 de la resolución general el municipio dispuso que quienes aparezcan incluidos en el listado en cuestión “no podrán realizar modificaciones respecto su situación tributaria y/o datos relativos a su registración ante el organismo fiscal, hasta tanto sean excluidos de la misma o acrediten haber regularizado su situación ante la oficina receptora del trámite”.[/privado]
