ESCUCHAREl monto incluye US$315 millones de la Administración Pública Centralizada, US$2.774,7 millones de la ACIF y US$326,6 millones de EPEC. A esos fondos hay que sumarle $300 mil millones en letras del Tesoro. Los vencimientos a cubrir en 2025 ascienden a unos US$800 millones entre capital e intereses. La idea es rollear parte de esas obligaciones. También gestionar crédito para fortalecer el plan de obras. El proyecto de Presupuesto comienza a debatirse en la Unicameral
El proyecto de Presupuesto 2025 que el gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura el viernes pasado, autoriza a la Provincia a tomar deuda por hasta 3.700 millones de dólares, tanto en esa moneda como en pesos y a través de diferentes operaciones.
El monto es récord y deja al descubierto la estrategia oficial con vistas a 2025: aprovechar la “ventana” que se abrirá en el mercado externo para rollear los vencimientos de títulos ya reestructurados o por vencer y, en paralelo, hacerse de recursos para financiar un ambicioso plan de obra pública, no sólo en 2025 -año electoral-, sino para los años siguientes.
Tal como lo anticipó Comercio y Justicia, el proyecto que ingresó junto a la Ley Impositiva y al Código Tributario, respecta la estructura de iniciativas anteriores, incluso de la gestión de Juan Schiaretti, esto es ahorro corriente y equilibrio o superávit financiero.
Los números reflejan una recuperación de los ingresos producto de una mejora en la economía y una menor inflación, a la vez que sostienen un fuerte control del gasto en determinados rubros para destinar recursos a obra pública y, en paralelo, para atender un creciente déficit previsional, sin perspectivas de que la Nación vaya a reactivar los giros a las cajas no transferidas el año próximo.
Deuda
Entre los diferentes aspectos que se destacan del proyecto, llama la atención el monto del endeudamiento que se solicita que la Legislatura autorice.
Concretamente, el artículo 33 del proyecto de Presupuesto 2025, fija “un valor nominal en circulación de $300 mil millones o su equivalente en moneda extranjera el monto a emitir en Letras de Tesorería”.
Este año ya había aval para colocar Letras. Sin embargo, hasta ahora nunca se emitieron.
En cuanto al artículo 34, autoriza al Ejecutivo, “en el marco de la Ley N° 10.835, a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de la Administración General Centralizada por hasta un total de US$315.359.022 y en el ámbito de la Agenda Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) por hasta la suma de US$2.774.772.897, su equivalente en pesos u otras monedas a desembolsarse en el presente ejercicio y subsiguientes. Se incluye en este total la autorización para la celebración de convenios y/o acuerdos de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, el Estado Nacional, Entidades Financieras Nacionales y cualquier otro Organismo Internacional. Asimismo, se contempla la creación de Programas de Títulos Públicos a emitirse en el mercado local o internacional para ser destinado a la realización de inversiones como asimismo a la reestructuración, refinanciación, recompra y/o canje de los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación. Dichos Programas podrán emitirse en una o más series o clases en el ejercicio presente y subsiguientes hasta el límite de autorización”.
Por lo demás, el artículo 35 autoriza al Ejecutivo a “efectuar operaciones de crédito público y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos en esta Ley, a cuyos fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias afectando los montos que correspondan al Tesoro Provincial o en la Coparticipación Federal (…)”.
También se autoriza a “rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar los Títulos de Deuda Provincial en circulación con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia”.
Queda en evidencia así que el dinero que eventualmente se obtenga se podrá usar para rollear los vencimientos futuros o financiar obras, no sólo a ejecutarse en 2025 sino también en ejercicios siguientes.
En definitiva, el pedido de autorización no significa que se vaya a tomar toda esa deuda, o que podría tomarse pero para cancelar pasivos con vencimiento perentorio por lo que el rojo no se incrementaría, sólo cambiaría de plazos y tasas.
Aunque igualmente se deja reserva de tomar todo ese dinero. “Hay proyectos de obra para ampliar el crédito de la CAF o gestionar crédito de fondos árabes para continuar con el acueducto del Paraná. Para eso, hay que contemplar que se tiene que considerar el monto total del crédito más allá que luego se termine ejecutando en varios ejercicios”, explicó una fuente a este medio.
EPEC
Pero más allá de esos montos, también el Presupuesto autoriza a la EPEC a “efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma total de US$326.675.365, su
equivalente en pesos u otras monedas a desembolsarse en el presente ejercicio y subsiguientes. Se incluye en este total la autorización para la celebración de convenios y/o acuerdos de financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito, el Estado Nacional, Entidades Financieras Nacionales y cualquier otro Organismo Internacional. Asimismo, se contempla la creación de Programas de Títulos Públicos a emitirse en el mercado local o internacional para ser destinados a la realización de inversiones. Dichos programas podrán emitirse en una o más series o clases en el ejercicio presente y subsiguientes hasta el límite de autorización”.
Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, hay dos obras claves para ejecutar.
Una tiene que ver con la Central hidroeléctrica Río Grande y contempla una modernización de los sistemas de control y la reparación de generadores. Si bien el fondeo se continúa solicitando a la Nación, no figura en el Presupuesto 2025 que envió Milei.
La otra obra es fundamental para Córdoba capital y el norte cordobés y es la línea de alta tensión del Gran Córdoba. Son obras que demandarán unos tres años de ejecución pero que, en este último caso, permitirán cubrir la demanda por los próximos 10 años.
