El jefe comunal electo insistió en que salir de la crisis requerirá el esfuerzo de todos. Sin embargo, volvió a evitar definiciones. Passerini reiteró quejas por la falta de información oficial. El Gobierno de Córdoba acordó coparticipación provincial extra para atender gasto corriente
El intendente electo de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró el éxito de su gestión “no va a ser fácil, por arte de magia” y que requerirá del “esfuerzo de todos”.
“Va a ser una tarea titánica, pero que los cordobeses podemos hacer”, señaló ayer tras recibir el diploma correspondiente por parte de la Junta Electoral en el acto de proclamación de las autoridades municipales electas el pasado 12 de mayo que se desarrolló anoche en la sede del Cabildo.
Llaryora volvió así a eludir definiciones en el marco de la transición y a 30 días de asumir como nuevo intendente de la ciudad de Córdoba.
Tampoco fue más elocuente el viceintendente electo, Daniel Passerini. En todo caso, el compañero de fórmula de Llaryora sólo se limitó a repetir sus quejas respecto a la falta de información oficial por parte de las autoridades actuales. “Los datos son incompletos”, insistió y volvió a decir que recibirán una Municipalidad en “emergencia económica, sanitaria y ambiental”.
En el acto de ayer también fueron proclamados los 31 concejales electos. No estuvo el intendente Ramón Mestre, de viaje en Estados Unidos.
La preocupación de Llaryora y su equipo apunta en una primera instancia a la situación de corto plazo. Concretamente, suponen que cuando asuman el 10 de diciembre encontrarán un municipio sin caja y con obligaciones ineludibles por atender, entre ellas sueldos y medio aguinaldo, además del pago de una Letra del Tesoro por 160 millones de pesos más intereses.
Previamente, antes del traspaso de mando, Mestre debe pagar otra Letra por 350 millones de pesos más los intereses correspondientes, además de los sueldos de noviembre.
El actual intendente mantiene activo un plan de pago para deudas tributarias, en procura de obtener fondos hasta el último día de gestión.
En ese marco, Llaryora podrá lanzar una agresiva moratoria a poco de asumir. En forma paralela, declarará la emergencia económica. Esa decisión le permitirá consolidar deuda con proveedores y contratistas a los que seguramente les ofrecerá un bono que devengará intereses pero cuyo capital se pagará en el mediano y largo plazo.
La herramienta ya fue usada por el propio Mestre cuando asumió su primer mandato en 2011, tras denunciar que el entonces jefe comunal, Daniel Giacomino, le había dejado un municipio sin fondos y con importantes deudas.
Más coparticipación
Mientras, el Gobierno provincial confirmó ayer que girará 2.450 millones de pesos extra a los municipios y comunas en 2020. Se trata de 5,3 por ciento más respecto a los recursos ordinarios incluidos en la coparticipación provincial.
El monto corresponde al denominado Fondo de Desarrollo Urbano que hasta el momento se giraba pero con el requisito que fuera utilizado para obra pública.
Ahora, esa partida irá a rentas generales de los municipios por lo que podrán pagar gasto corriente, concretamente salarios.
La mejora fue ponderada por los intendentes que ayer participaron de la reunión de la Mesa Provincia-municipios, encuentro encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Massei.
“Fue una reunión positiva. Logramos fondos extra que son claves para un año que se avizora difícil”, indicó a Comercio y Justicia el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi.
El también referente de los jefes comunales del radicalismo, presentó un cuadro con números respecto del impacto de la crisis sobre los presupuestos de las localidades en general.
Salibi explicó que la inflación superó holgadamente a los ingresos. En ese contexto, anticipó que los municipios ajustarán sus tasas un 40 por ciento promedio para 2020.
Según informó, en el encuentro, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, informó datos sobre las proyecciones para el año próximo.
El Gobierno considera que, luego de avanzar con la ejecución de obras en diferentes puntos del territorio, ahora es tiempo de atender situaciones coyunturales hasta que mejore el panorama; de allí la decisión de permitir que el fondo para infraestructura, se destine a otros fines.
Será por ley
El acuerdo firmado ayer entre la Provincia y los municipios y que será luego remitido a la Legislatura, implica que en el año 2020, los estados municipales y comunales percibirán, de manera automática, aproximadamente 2.450 millones de pesos, que podrán ser destinados por cada localidad a cubrir las necesidades que estimen convenientes.
Paralelamente, en la reunión se pautó también la creación de un fondo para la realización de obras de redes domiciliarias de gas en el territorio provincial.
El Gobierno de Córdoba aportará 200 millones de pesos. Del mismo modo, los municipios y comunas que adhieran a la iniciativa aportarán una alícuota del 0,8 por ciento mensual deducido de la coparticipación, a cuyo fin el Ministerio de Gobierno establecerá las modalidades para su instrumentación.
La devolución será en 36 meses, sin interés, y las cuotas serán aplicadas para retroalimentar el fondo.