Llaryora aplica amplia emergencia, renegocia deudas, habilita retiros y sube tributos hasta 53%

Por: Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

Acreedores deberán certificar sus reclamos y el municipio habilitará pagos que podrían ser a plazo. La norma extiende facultades al Ejecutivo para reestructurar y disponer cambios para mejorar servicios y ajustar el gasto. Por otro lado, la nueva ordenanza tarifaria incluye alzas progresivas en Inmobiliario y Automotor. En Comercio e Industria, habrá aumentos en alícuotas específicas. Lanzan plan de pago para sectores medios y bajos

El intendente Martín Llaryora giró al Concejo Deliberante un paquete de proyectos de ordenanza que, entre otros puntos, declara la emergencia economica, financiera, administrativa y social de la Municipalidad de Córdoba.

Paralelamente, modifica el proyecto de Ordenanza Tarifaria Anual con media sanción en el cuerpo deliberativo, para avanzar con subas progresiva de tasas en función de la capacidad patrimonial de los contribuyentes. En el caso del Inmobiliario, los aumentos llegarán hasta 53 por ciento.

Asimismo, también modifica el Código Tributario para crear un organismo para resolver problemas específicos que plantee un contribuyente.

Finalmente, habilita la subasta electrónica como parte de los cambios a la Ordenanza de Compras y Contrataciones. El combo que ingresó ayer al Concejo Deliberante fue detallado a Comercio y Justicia por el secretario de Economía, Guillermo Acosta.

El funcionario confirmó asimismo la adhesión a la emergencia dispuesta por ley en el ámbito nacional y votada días atrás en el Congreso.

“Es una estrategia articulada a través de diferentes proyectos que busca dar respuesta a una situación compleja y que en el caso tributario apunta a la progresividad conforme la capacidad de cada contribuyente”, explicó.

Por lo pronto, Acosta dijo que el Presupuesto votado en primera lectura y enviado por el ex intendente Ramón Mestre no tendrá modificaciones, aunque sí la Tarifaria y el Código Tributario.

De todas formas, se descuenta que, en función de la mayor presión fiscal que se proyecta, los ingresos deberían ser superiores a los presupuestados originalmente.

Emergencia
Respecto al proyecto que declara la emergencia, será por un año prorrogable por uno más.

Incluirá a todos los ámbitos del municipio, esto es Concejo Deliberante y empresas bajo su órbita.

El artículo 3, dispone el “reordenamiento, reestructuración, diferimiento y renegociación de los compromisos y obligaciones dinerarias contraidas al dia 10 de diciembre de 2019.”

Asimismo, avanzará en diferentes frentes para “reducir costos y gastos públicos, como la generación de mayores ingresos y mejoras en Ia asignación de los recursos municipales”.

Al mismo tiempo podrá “disponer la desafectación de bienes muebles, muebles registrables, vehículos e inmuebles que no esten destinados a funciones esenciales, y que puedan ser enajenados para obtener recursos”.

También, “disponer medidas de racionalización del gasto público, que permita el redireccionamiento de los recursos municipales a los gastos prioritarios y necesarios para superar Ia situación que provoca Ia declaración de emergencia”.

En esa línea, “revisar y mejorar los sistemas de contratación y adquisiciones (…) implementar iniciativas, procedimientos y acciones que posibiliten mejorar los sistemas de recaudación y las normas que lo regulan”.

Finalmente, plantea “evaluar la factibilidad técnica y económica, y disponer la posible reorganización y reestructuración de los servicios municipales”.

Pago de deudas
Respecto a las eventuales deudas que tiene la comuna, los acreedores del municipio pero también de los entes y empresas, deberán acreditarlas en un plazo perentorio.

“Vamos a ver a cuánto ascienden primero”, dijo Acosta. La idea es cancelarlas en principio a través de cheques de pago diferido. No obstante, el funcionario admitió que podrían eventualmente apelar a otra herramienta llegado el caso.

El punto es que, según Acosta, siguen apareciendo acreedores e incluso la deuda con AFIP es mucho más abultada de lo que habrían consignado las autoridades salientes.

En cuanto a las deudas derivada de resoluciones y pronunciamientos judiciales, “serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en la previsiones anuales”.

Sobre esos pagos, el proyecto de emergencia dispone detalles a través de dos artículos específicos.

En cuanto a la cancelación de pasivos en general, podrá celebrar acuerdos de pago con organismos públicos y privados.

En tanto, el artículo 10 señala que la comuna, “ podrá acordar transacciones a los fines de cancelar obligaciones. Los medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes de Ia transaccion serán los previstos en su reglamentación”.

Por último, se faculta al Ejecutivo a “crear una Comisión, con el objetivo de evaluar y dictaminar sobre las actividades financieras y administrativas internas del Municipio, siendo sus funciones las que por vía reglamentaria se determine”.

Emergencia social
En forma paralela, la comuna adhiere a la Emergencia Alimentaria Nacional, Ley Nacional 27519. En esa línea, se autoriza al Ejecutivo a “establecer o prorrogar por resolución del Organismo Fiscal, planes de regularización de deudas originadas en obligaciones fiscales vencidas, asi como sus intereses, multas y accesorios, con independencia del estado actual de las mismas. De la misma manera, podrán establecerse exenciones y otras medidas afines, tendientes a graduar la carga fiscal de sectores de contribuyentes en situación de vulnerabilidad social y económica, alcanzando las mismas a los pequeños contribuyentes de la tasa de comercio e industria”.

Retiro voluntario
En tanto, bajo el título de Organización Administrativa, la comuna podrá “establecer un Régimen de retiro voluntario para los empleados (…) limitado a quienes le faltaren menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.

“Es una facultad que estará abierta pero veremos si se utiliza”, explicó una fuente del Ejecutivo.

El municipio podrá avanzar con el “pago de sumas no remunerativas, siempre que sean de carácter extraordinario y transitorio”.

Acosta admitió que una vez vencida la ordenanza que habilita la aplicación de la cláusula gatillo bimestral a los empleados, se revisará. No obstante, evitó precisar cómo será la futura paritaria con el Suoem.

En la misma línea, el artículo 18 faculta al Ejecutivo a “realizar una reestructuración del personal de gabinete, tomando las medidas pertinentes a los fines de racionalizar las estructuras, suprimiendo o congelando cargos conforme a las necesidades del servicio”.

Por lo pronto, la decisión de achicar en 25% la planta de funcionarios, generará un ahorro de $160 millones anuales, explicaron.

Finalmente, el artículo 23 fija la adhesión de la comuna a la “Ley Nacional N° 27.541

-Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de Ia Emergencia Pública, en todo lo que sea compatible con las potestades y competencias Municipales, quedando autorizado el Departamento Ejecutivo Municipal a disponer su adecuación en el ámbito de esta Municipalidad”.

Esa adhesión le abre a la comuna amplias potestades, por ejemplo la de reestructurar o reperfilar la deuda. “En principio no lo tenemos pensado”, dijo Acosta. Sin embargo, los pagos en dólares de los servicios del bono por 150 millones emitido por Mestre, podría generar alguna novedad llegado el caso.

Más letras, auditoría y fondos

Letras. Se emitirán por un monto mayor al que solicitó autorizar Mestre para 2020.

Auditoría. Hay conversaciones con la UNC y otras casas de altos estudios para auditar la situación financiera pero también el patrimonio de la comuna.

Fondos específicos. Además de los ya existentes para obras de gas y cloacas, se crearán nuevos o se fortalecerán como el caso del vinculado a Catástrofes Climáticas y Emergencia Social.

También habrá un Fondo Ambiental, otro para Políticas Sociales y uno para Descentralización. Estos dos últimos serán voluminosos y se nutrirán de parte de la recaudación de Inmuebles y Automotores.

Reclamo de contribuyentes. Se creará una comisión mixta para resolver casos específicos de contribuyentes por situaciones planteadas.

Subasta electrónica. Se modificará la Ordenanza de Compras y Contrataciones para habilitar esa herramienta y “simplificar, transparentar y ahorrar recursos”.

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