ESCUCHARSólo uno por ciento de la superficie rural de la provincia está en manos extranjeras y, según la ley, ese porcentaje podría extenderse hasta 15%, si el Ejecutivo local presentara las equivalencias en unidades productivas al Consejo Interministerial de Tierras. Ese trámite debería haber sido cumplimentado hace 30 meses. Otras 10 provincias también lo adeudan.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) acusó a los gobiernos de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y de otras provincias, así como al Ejecutivo nacional de frenar el ingreso de divisas extranjeras al no emitir (los gobiernos subnacionales) ni obligar a presentar (el Gobierno nacional) las equivalencias en unidades productivas conforme a la ley 26737 -y su reglamentación-, conocida como “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
“Los gobernadores de las provincias de Córdoba, José Manuel de la Sota; Santa Fe, Antonio Bonfatti; y Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otras, en forma conjunta con el Gobierno nacional, son los responsables máximos de frenar el ingreso de divisas de inversores extranjeros en buena parte de la pampa húmeda”, indicó la CAIR en un comunicado en el que recordó que próximamente, el 27 de diciembre, se cumplirán tres años de la promulgación de la ley que otorgaba a los gobiernos subnacionales, a partir del mes de febrero de 2012, 60 días de plazo para proponer sus equivalencias al Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
“Los gobiernos de las provincias deben elevar sus equivalencias, es decir, la cantidad de hectáreas que equivalen en cada lugar a una misma unidad productiva”, explicó a Comercio y Justicia Cristian Beláustegui, presidente de la CAIR. “En la zona núcleo están consideradas mil hectáreas, pero en otras zonas, de acuerdo con las características climáticas, de suelo, de productividad, entre otras cosas, las cantidades de hectáreas varían y eso es lo que las provincias deben determinar para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de esta ley”, agregó.
En el caso de Córdoba, el dirigente explicó que “sólo uno por ciento de la tierra rural está en manos de extranjeros, por lo cual hay posibilidades de vender y generar ingreso de divisas por el 14% restante”, remarcó.
“En todo el país hay 23 millones de hectáreas que se pueden promover con inversiones extranjeras”, aseguró Beláustegui a este medio.
Consideraciones políticas
“Sin dudas, esta ley deberá ser revisada por el próximo Gobierno, ya que el actual ha demostrado que no tiene la menor intención de acompañar al campo argentino -gran motor de la economía-, promoviendo sus inversiones”, sostuvo la entidad en el comunicado en el que también se dijo que “lamentablemente, este grave error político, donde se priorizó la ideología antes que la cordura, está perjudicando no sólo a las arcas públicas sino al futuro del país. Lamentamos que las autoridades nacionales, inexpertas en esta materia, continúen haciendo oídos sordos a esta problemática”.
El Consejo Interministerial de Tierras Rurales -de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio César Alak- debería ocuparse en forma inmediata de que las 12 provincias que aún no han presentado sus equivalencias conforme a la ley y a su reglamentación lo hagan, explicó el mensaje.
Sólo a modo de ejemplo, en el comunicado de prensa se expuso que hoy un extranjero está habilitado a adquirir mil hectáreas en la zona núcleo, donde se puede “hablar de un promedio de inversión por la compra de alrededor de 14 millones a 16 millones de dólares, pero si ese mismo extranjero quisiera realizar su inversión en zonas más marginales del sur de la provincia de Buenos Aires como Villarino o Patagones sólo podrá invertir entre 300 mil y 500 mil dólares”.
“Adicionalmente y para agravar más la situación, quien invierte en las zonas marginales, además de la inversión inicial para la compra del inmueble, tiene que invertir sumas importantes para hacer productivo aquel campo, lo que incide favorablemente y directamente en la economía local”, se quejaron. En el duro pronuncionamiento, CAIR se preguntó qué motivos o intereses tendrán los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero, quienes a partir del mes de febrero del 2012 tenían 60 días de plazo para proponer sus equivalencias y transcurridos 30 meses aún no lo han realizado.
“¿Será desidia, será ignorancia, será falta de interés, será que habrá otros intereses? A CAIR le cuesta encontrar los motivos, lo que sí tiene muy claro es que esta inoperancia castiga al país, a las provincias, a sus localidades y especialmente a las zonas más necesitadas”, expresó la entidad.
Finalmente -y a modo de “recomendación”-, la cámara pidió “especialmente que cada gobernador asuma la responsabilidad que le corresponde como funcionario, caso contrario que actúe el Consejo que está facultado para solicitarlas” (haciendo mención a las equivalencias adeudadas).
En la zona núcleo…
En la zona núcleo argentina la unidad productiva equivale a mil hectáreas. A modo de ejemplo, la CAIR indicó que si un extranjero quisiera adquirir esa porción de tierra se puede “hablar de un promedio de inversión de alrededor de 14 millones a 16 millones de dólares”. En cambio, “si ese mismo extranjero quisiera realizar su inversión en zonas marginales del sur de la provincia de Buenos Aires (como Villarino o Patagones), podrá invertir entre 300 mil y 500 mil dólares pero, para agravar más la situación, hay que considerar que quien invierte en zonas marginales, además de comprar el inmueble invierte en hacer productivo el campo, lo que incide favorable y directamente en la economía local”, indicó.
