ESCUCHARLa Cámara de Diputados debatió en torno a la reforma de la ley de Alquileres, con contrapuntos entre el oficialismo, que propone mantener los pilares centrales del marco normativo actual, y la oposición, que pretende modificaciones más profundas.
Al cabo de la reunión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, avanzan tres dictámenes: uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y un tercero que es compartido entre el interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas.
El oficialismo y Juntos por el Cambio comparten el diagnóstico de que la ley (que tuvo media sanción en 2019 durante el Gobierno de Cambiemos y aprobada definitivamente en 2020), la que había sido fruto del acuerdo transversal de las fuerzas mayoritarias del Congreso, no arrojó los resultados esperados.
El dictamen que consensuó el oficialismo indica que «en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales».
«En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario», indica el texto del proyecto oficialista», agrega el texto.
Topes
Una novedad que introduce el proyecto oficialista es que aplica un tope a los aumentos pactados que coincide con una fórmula que combina la variación salarial con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
«La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores», explica la iniciativa del Frente de Todos.
Además, se incorporán aspectos comprendidos en el proyecto del sanjuanino José Luis Gioja, vinculados a beneficios fiscales que recibirían los locadores que se inscriban en el régimen de monotributo, que podrían deducir esos bienes inmuebles en alquiler del pago del impuesto sobre los Bienes Personales.
El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli recordó que él en 2019 había votado en contra de la ley actual por considerar que «no es equilibrada», y que dio como resultado que se contrayera la oferta de viviendas en alquiler.
«Por eso ahora proponemos al sistema del Código Civil: un plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean semestrales y no por un índice fijo sino por cualquier índice que les convenga a las partes», afirmó.
