Pese a que el ajuste en la tarifa de gas rige desde principios de abril, la presentación del Fiscal de Estado de Santa Cruz, Ramiro Castillo, se realiza justo cuando el gobernador Claudio Vidal negociaba con el gobierno de Javier Milei el apoyo al proyecto de Ley Bases a cambio de una serie de concesiones para una jurisdicción que está siendo golpeada no solo por la suba de las tarifas sino también por el freno en la construcción de las represas, la salida de YPF, y el intento de privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Según fuentes que siguen de cerca las conversaciones entre Nación y la provincia para que los dos senadores que responden al gobernador voten la ley está empantanada.
En ese contexto, la solicitud de un pedido de amparo para frenar los aumentos, que llega luego de que el ministro de Economía Luis Caputo dejara en suspenso la aplicación de los incrementos adicionales previstos a partir de mayo, pareciera una jugada destinada a redoblar la presentación en la recta final previa a la votación en el Congreso.
El fiscal Castillo, quien realizó la presentación junto a tres usuarios del servicio de gas natural de la provincia, pidió que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad en Santa Cruz de la resolución 41/24 de la Secretaría de Energía que fijó los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y de la resolución 122/2024 de Enargas que incluye los nuevos cuadros tarifarios para la provincia.