La Unión del Personal Superior (UPS), que nuclea a empleados jerárquicos de la Provincia, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un planteo de inconstitucionalidad en contra de la reforma previsional (ley 10333) votada por la Legislatura a fines de diciembre pasado y que implicó un ajuste en el cálculo de los haberes jubilatorios.
La acción fue patrocinada por el constitucionalista Horacio Gentile.
En ese marco, el gremio que conduce Domingo Ovando planteó que la nueva norma constituye un “perjuicio a los derechos” de los asociados a esa entidad gremial y un “flagrante apartamiento a las normas constitucionales de la provincia en materia previsional”.
A fines de 2015 Gentile ya había interpuesto un planteo de inconstitucionalidad ante el TSJ, al considerar que la norma sancionada por la Unicameral es “totalmente inconstitucional”, ya que, en su opinión, viola el principio de “irreductibilidad” de los haberes que fija el artículo 57 de la Carta Magna provincial.
En esa oportunidad, Gentile adelantó que su pretensión es llegar a la Corte Suprema e, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El planteo lo hizo en representación del jubilado y ex gremialista bancario Miguel Acosta.