Contratará a una empresa para que “asista y colabore” en la “generación y gestión” de sanciones, entre ellas las que impone la Caminera. El vínculo por dos años será a “riesgo empresario”
Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info
El Gobierno de Córdoba lanzó un llamado a licitación pública para contratar el servicio de “Asistencia y colaboración -bajo la modalidad de ‘riesgo empresario’- en la generación y gestión de multas impuestas mediante actas de infracciones por parte de las reparticiones del Ministerio de Gobierno y Policía de Córdoba”.
El vínculo será por un plazo de 24 meses, prorrogable por un período similar. El proceso, que ya está abierto, tiene como fecha límite para la presentación de ofertas el 10 de septiembre próximo, luego de lo cual se procederá a abrir las propuestas.
La intención oficial es apuntalar la recaudación, particularmente de multas de tránsito que impone la Policía Caminera, cuya evolución en el último año fue sensiblemente inferior al incremento del precio de la nafta súper, que se utiliza para actualizar el valor de las sanciones.
De hecho, según datos oficiales de la recaudación provincial, en los primeros siete meses del año, los ingresos producto de multas de la Caminera fueron de $659 millones, apenas 33,1 por ciento más que los $495,7 millones recaudados en el mismo período del año anterior cuando el litro de nafta súper se incrementó 58,4%, según el informe períodico que emite la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) junto a Economic Trends.
Según datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, la caída de los ingresos por esa vía no es consecuencia de que la Caminera haya labrado menos actas o bien por una mejor conducta de los automovilistas en las rutas. El problema radica en la falta de eficiencia desde la imposición de la multa hasta que ésta termina por cobrarse.
Esa gestión la tenía Kolektor en el contrato anterior. Pero en el nuevo vínculo con la adjudicataria del contrato de colaboración en la gestión de acreencias de la Dirección de Rentas, ese ítem no figura. En rigor, la ex Kolektor sigue a cargo del cobro de las sanciones pero no del proceso previo desde el labrado de la sanción y es allí adonde se apunta en esta ocasión.
El contexto, además, exige buscar por todos los medios una mejora en los ingresos de la Provincia, frente a una crisis que viene golpeando la recaudación, con gastos que se indexan por inflación o por suba del dólar.
El futuro contrato
Según los pliegos de licitación de la normativa que habilita el llamado, la contratación apunta a satisfacer una solicitud tanto la Dirección de Seguridad Náutica como de la Dirección de Prestadores Privados de Seguridad, la División Seguridad Bancaria y sistemas de alarma dependiente de la Policía de la Provincia y la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito.
De esta forma, la empresa que se haga cargo no sólo deberá colaborar y gestionar las multas de la Caminera sino también todas las demás sanciones bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y de la propia Policía.
El Gobierno provincial admitió que, “una vez impuesta la multa, para que la sanción pecuniaria, económica, cumpla con su cometido de lograr el cambio de conducta esperado por la ley, se hace necesario gestionar su percepción porque además de su finalidad principal representa una acreencia a favor del Estado, que a su vez destina sus recursos específicamente a la provisión de bienes y servicios afectados a las tareas de prevención y seguridad que debe cumplir por ley”.
En ese marco, se informó que en las reparticiones mencionadas “no existe personal capacitado para la tarea específica de gestionar el pago de la multa una vez que fue impuesta, ya que los recursos humanos de cada área se especializan en las funciones propias de prevención, educación, control y fiscalización”.
En esa línea, las áreas en cuestión solicitaron “la implementación de un un sistema de administración específico que permita la optimización de los procesos de generación y gestión de infracciones, con el objetivo de determinar de manera ágil, segura y fehaciente la deuda exigible que se deriva de las actas que labra el personal de cada una de las reparticiones que imponen multas”.
La Provincia negó que la decisión implique delegar funciones que les son propias a cada una de las dependencias. “Las multas de la Caminera las seguirá labrando el personal policial”, aclaró.
En cuanto al tipo de contratación, será bajo la modalidad de “riesgo empresario”, esto es, quien resulte adjudicatario cobrará una comisión por las sanciones que efectivamente terminen en una recaudación neta.
En principio y más allá de las propuestas técnicas y antecedentes de cada oferente, ganará el que menor comisión proponga. Esa comisión será neta de la que hoy cobra la ex Kolektor. Así, por ejemplo, si la actual colaboradora de Rentas cobra un 1,8 por ciento de comisión por lo recaudado y la oferente del nuevo proceso propone un 5 por ciento, esa empresa percibirá una comisión del 3,2 por ciento neto sobre la recaudación final -siempre a modo de ejemplo-.
La compañía que resulta adjudicada deberá proveer de implementos tecnológicos a quienes labren las actas pero también sumar personal capacitado y además habilitar un call center específico para atender al reclamo o inquietud de las personas sancionadas.
