ESCUCHARAunque el dictamen no es vinculante, constituye uno de los pasos antes de que el Máximo Tribunal divulgue su posición sobre el tema. Se estima que la respuesta de Gils Carbó se conocerá en la brevedad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) inició ayer el procedimiento para resolver el conflicto sobre el aumento de las tarifas de gas, al solicitar a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, su opinión sobre el tema.
El Máximo Tribunal resolvió, en su habitual reunión de los días martes, pedir a la procuradora General que emita un dictamen sobre el aumento en las tarifas de gas, dispuesto por el Ministerio de Energía, cuya aplicación fue suspendida por la Cámara Federal de La Plata.
Si bien el dictamen no es vinculante, es uno de los pasos previos a que la Corte difunda su posición sobre el tema.
Gils Carbó no tiene plazo para emitir dictamen pero se estima que será en la brevedad.
Estado de situación
El fallo de la Cámara de La Plata, que será tratado por la CSJN y que fue apelado mediante un recurso extraordinario por el Gobierno nacional, retrotrajo las tarifas de los servicios públicos a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerior de Energía y Minería.
Mediante ellas el Gobierno había dispuesto -a partir de marzo- la suba de hasta 2.000 por ciento (o más) en las tarifas del gas, según el tipo de consumidor y la región en la que reside, según las denuncias de los usuarios.
A su vez, esas resoluciones fueron modificadas por el mismo Poder Ejectivo en dos ocasiones: disminuyó los incrementos hasta un límite de 500% del total de la factura en caso de comercios e industrias y de 400%, de residenciales.
Los argumentos de los fallos emitidos hasta el momento para frenar el aumento de las tarifas se basan en que el Gobierno no realizó audiencias públicas antes de disponer el incremento, como se contempla en los marcos regulatorios para la distribución de electricidad y gas que componen una parte del costo de la energía.
Así, el fallo suspensivo de la Cámara platense respondió a las apelaciones presentadas por las asociaciones civiles Cepis y Consumidores Argentinos, y a la resolución del Juzgado Federal de 1ª Instancia 4 de la Capital Federal, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los usuarios los aumentos.
La Cámara platense estableció que “la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, al declarar la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía.
En este contexto, el martes pasado, el ministro Aranguren anticipó que el Poder Ejecutivo realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo”.
Sin embargo, entidades defensoras de los consumidores pusieron en duda la validez de esas audiencias informativas y, mientras algunas consideran que ellas serán una pérdida de tiempo, otras sostienen que no son suficientes para conocer la composición de las tarifas.
Osvaldo Riopedre, abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua), indicó que habrá que esperar conocer la resolución de las convocatorias, pero estimó que “con el cambio de nombre” (de audiencia pública a audiencia informativa) “no se cumplen los requisitos”.
“Vamos a perder tiempo. Va a haber impugnaciones. Va a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20, 30 días más”, pronosticó.
En tanto, Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos, entidad que motorizó el primer amparo contra el aumento de tarifas de gas, sostuvo que las audiencias informativas “no alcanzan”.
“Creo que no alcanzan. Hay que ver lo que se va a concretar dentro de la audiencia y cuál sera la información disponible. Hay que ver qué es lo que compone la tarifa, la de gas y la de electricidad. Vamos a ver si esto de la informativa es para esconder información”, cuestionó.
Procelli explicó que “la necesidad de hacer la audiencia es para conocer el precio real de la generación en el caso de la electricidad, del gas en la boca de pozo, y todos los circuitos que van hasta el consumidor”.
Pymes
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) ratificó su posición a favor de “poner un freno a los tarifazos”, al avalar la sesión que impulsan para hoy los diputados de la oposición en el Congreso de la Nación, en contra del incremento dispuesto para la electricidad y el gas que enfrenta varios escollos en la Justicia.
La entidad que nuclea a pequeños y medianos empresarios, que participó el sábado pasado de la Audiencia Pública Autoconvocada contra el tarifazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que los perjuicios de “la errática e inequitativa política tarifaria” no alcanzan solamente a familias, clubes y negocios sino que también deteriora las pymes que “no saben cómo afrontarán sus costos en un contexto de retracción del mercado interno y de la actividad productiva”.
Este conjunto de empresas, que provee 80% del empleo en el país, solicitó que “se revierta la fijación de tarifas desmesuradas, exageradas e injustas, estipuladas sin un sólido fundamento que las justifique”.
