La Corte Suprema de Justicia convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para participar de una audiencia el próximo día 22 en el marco de la causa por el conflicto de coparticipación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Nación que nació en el gobierno de Alberto Fernández, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
La reunión, de la que no participarán los jueces del Máximo Tribunal, será encabezada por el secretario de Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez.
La activa participación de la Corte en la causa genera alguna expectativa en el Gobierno de Córdoba. Concretamente, de acuerdo con fuentes consultadas por Comercio y Justicia, el hecho de que la Corte asuma un caso que bien podría haberse resuelto por negociaciones político institucionales, podría asimilarse a la demanda que entabló Córdoba por la falta de envíos de la Anses a la Caja de Jubilaciones.
“Si bien son causas diferentes, se abre una expectativa”, admitieron desde la administración de Martín Llaryora que este año esperaba envíos por 150 mil millones de pesos de los cuales no llegó “ni una moneda”.
Por lo demás, respecto de la causa que enfrente a CABA y a la Nación, todo se enmarca en la demanda que inició el gobierno porteño en septiembre del 2020, cuando el entonces jefe de Gobierno accionó contra el Estado Nacional de Alberto Fernández invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos.
Concretamente, la CABA reclama que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses. A su criterio, la Casa Rosada no podía “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.
A fines de 2022, la Corte Suprema hizo lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que el Estado Nacional le entregue el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548, que le fuera reducida primero por un Decreto del Presidente Alberto Fernández, y luego por ley sancionada en el Congreso de la Nación. A inicios del 2023, el Gobierno Nacional impulsó un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y el fallo no fue acatado.
Con la gestión de Javier Milei, el gobierno de Jorge Macri esperó avances en las negociaciones. Recién hubo novedades el 19 de julio pasado cuando se reunieron Caputo y Jorge Macri. “A partir del 1 de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte”, dijo Macri tras el encuentro.
Sin embargo, ese compromiso se cumplió de una manera que el gobierno porteño no estaba de acuerdo.