ESCUCHARLa Municipalidad de Córdoba prepara un amplio operativo de fiscalización, principalmente sobre contribuyentes de la tasa de Comercio e Industria, en sectores y rubros en los que se presumen inconsistencias o atrasos en el pago de la obligación.
Paralelamente, trabaja en un nuevo mecanismo de control de gestión en el área de Procuración Fiscal, con el objeto de mejorar la recaudación por ese concepto.
El diseño de ambas herramientas fue anticipado a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo municipal, en el marco de la estrategia recaudatoria de la Secretaría de Economía a cargo de Gabriel Bermúdez.
La intención oficial apunta a poner en marcha los dos mecanismos en un plazo perentorio, a más tardar los primeros días de marzo.
El operativo de fiscalización ya comenzó a ser diseñado en la Subsecretaría de Ingresos Públicos con un análisis sobre los bolsones de mora, por rubros y por zonas, siempre con acento en Comercio e Industria.
Ese trabajo se encararía junto a la Policía Fiscal de la Provincia, tándem que ya actuó a fines del año pasado y por primera vez en años.
Según trascendió, la idea es poner fuerte énfasis en el control de la morosidad, declaraciones juradas o bien en comercios no inscriptos como forma de apuntalar la recaudación de recursos propios.
En ese sentido, trascendió que por el momento no está en análisis un nuevo plan de pagos, tal como se implementó sobre el cierre de 2009.
Tampoco la emisión de bonos o títulos para el pago a proveedores, herramienta que fue estudiada como alternativa a mediados del año pasado.
Sí en cambio, se mantendrá el esquema de pago con cheques a plazo.
En ese sentido, las fuentes consultadas aseguraron que desde que se lanzó esa operatoria, se han emitido un total de 27 millones de pesos.
De ese monto, ya se cancelaron seis millones de pesos, otros 15 millones vencen en febrero y seis millones más en marzo.
“Esa herramienta se mantendrá aunque siempre calzada con las previsiones de ingresos futuros para evitar que pierdan valor en el mercado”, señaló un informante.
Los instrumentos, que en general tienen vencimiento a 90 días, se utilizan para el pago a proveedores y contratistas con los que la Municipalidad acumula un pasivo de 96 millones de pesos, según confirmó otra fuente.
“Es una deuda manejable”, indicaron en el municipio.
Cincuenta por ciento del pasivo depende en parte de la Nación o bien son deudas renegociadas y calzadas a plazo.
En el primer rubro se ubican las obras públicas con presupuesto nacional, como el caso de la obra de ampliación de la planta de Bajo Grande. En esos casos, el pasivo y el plazo de atraso depende de la demora de la Nación en cancelar las certificaciones de obra.
Por su parte, en el segundo caso se ubica, por ejemplo, la deuda con Cliba, renegociada oportunamente y pagadera a plazo en cuotas mensuales.
En tanto, el otro 50 por ciento del pasivo, esto es casi 50 millones de pesos, incluye obligaciones corrientes de la Comuna con diferentes proveedores, principalmente de servicios.
“El atraso en los pagos se ha reducido sensiblemente en la mayoría de los casos a 30 días”, revelaron desde el Palacio 6 de Julio.
Por lo demás, no se prevé gestionar nuevos créditos, salvo los que se incluyan en el futuro fondo que la Provincia pretende crear por ley y que se destinará a obras en municipios y comunas. A Córdo
