ESCUCHARLa Caja de Jubilaciones de Córdoba denunció ante la Justicia cinco casos de fraude perpetrados por personas que cobraron los haberes de beneficiarios ya fallecidos.
El monto del desfalco supera el millón de pesos, según precisó el titular del organismo, Osvaldo Giordano.
A partir de las denuncias efectuadas, la Caja buscará que se juzgue la actitud dolosa y también recuperar las acreencias en juego.
Según se informó, los controles sobre el pago de haberes previsionales que viene aplicando la Caja permitieron descubrir una vía, hasta el momento desconocida, mediante la cual se filtraban irregularidades contra el patrimonio de la institución.
“La modalidad de fraude se origina cuando los allegados a la persona fallecida no entregan el DNI al Registro Civil. Es por eso que el certificado de defunción se emite sin identificar el número de documento de la persona fallecida. Al no contarse con esa información, los cruces de bases de datos no detectan algunos fallecimientos”, explicó el organismo.
“Identificada esta fisura, se procedió a un minucioso análisis de la información disponible y así se detectaron cinco casos en los que se siguió depositando el haber a beneficiarios ya fallecidos y personas allegadas retiraron esos fondos de las cuentas bancarias”, completó el informe.
Según se indicó, una vez descubierta la irregularidad, se hicieron las denuncias en la Justicia Penal a los fines de que investigue los casos y se apliquen las sanciones que correspondan.
Además, en el ámbito de la Justicia Civil se iniciaron procedimientos para el recupero del dinero.
De los cinco casos, el más significativo, tanto por el monto como por el período durante el cual se llevó a cabo, es el de la beneficiaria Lilia Josefa Novelli de Guevara, quien murió en diciembre de 2011. Alguien allegado continuó retirando hasta abril de 2015 los haberes de la fallecida que la Caja depositaba en una cuenta del Banco de Córdoba sucursal Cerro de las Rosas. De esta manera, esta persona siguió percibiendo el pago, lo que le permitió apoderarse de 634 mil pesos.
Las otras cuatro denuncias también se refieren al cobro de haberes de beneficiarios ya fallecidos. En uno de ellas la maniobra de prolongó de noviembre de 2014 a abril de 2015 y perjudicó a la Caja por 221 mil pesos retirados de una cuenta del Banco de Córdoba sucursal Alto Alberdi, que habían sido depositados a nombre de la ya fallecida Elena Diony Peliza; en otro caso, entre septiembre de 2013 y abril de 2015, se retiraron indebidamente de la cuenta de la sucursal Tribunales, a nombre del fallecido Carlos Rogelio Balmaceda, 108 mil pesos; el tercer caso tuvo lugar en Cruz el Eje, donde se retiraron del banco, hasta mayo de 2015, 106 mil pesos de los haberes de Anastacia Bernabela Peralta, fallecida en octubre de 2012, mientras que el último caso se registró en Bell Ville, donde manos anónimas se apoderaron hasta noviembre de 2014 de casi 19 mil pesos depositados en la cuenta de Juan Carlos Joaquín Clericó, muerto de noviembre de 2013, es decir un año antes. En este último caso, el acta de defunción sí consignaba que el DNI había sido entregado por los deudos, pero el número no fue registrado informáticamente.
Según explicó Giordano, “la estrategia de la Caja es evitar someter a sus beneficiarios al trámite de demostrar periódicamente su supervivencia. Las razones van desde la cuestión práctica, ya que no garantiza que no se comentan fraudes, hasta la más importante que es no someter, por culpa de algunos inescrupulosos, a gente honesta a trámites burocráticos que obligan a estar demostrando permanentemente que sigue viva”.
