ESCUCHARAnte las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social en Diputados, el ministro de Economía defendió el proyecto de ley que busca limitar la facultar de los gobiernos para vender acciones de empresas privadas en manos del Estado.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que el proyecto de ley que busca preservar las acciones que el Estado tiene en empresas privadas «es un anticuerpo a cualquier intento de volver a privatizar activos, tenencias o participaciones», al participar de la reunión de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social.
Junto con el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, el ministro defendió el proyecto de creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que busca que sea el Congreso el que autorice la venta de acciones del Estado.
El debate de esta iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 11.
Durante la reunión, Kicillof detalló cuestiones y ejes centrales y volvió a subrayar la necesidad de que cualquier autorización de venta tiene que contar con el voto positivo de dos tercios del Parlamento.
«Hay que convencer a todos de forma responsable. Se trata de decidir sobre la enajenación del patrimonio del Estado», consideró el jefe de Hacienda.
Agregó que «lo que se está haciendo acá, en defensa de los activos de todos los argentinos, es poner reglas restrictivas. Esto constituye también un derecho. Se hizo mucho énfasis con los criterios para las ventas de participaciones en el Estado, pero el voto de los dos tercios es un elemento esencial de cara al futuro».
Y sostuvo: «Esto no es una prohibición de venta, es sólo poner en manos del parlamento la discusión para determinar una mayoría y, en caso de que convenga privatizar, se discuta».
La Anpee, el nuevo organismo
Sobre la creación de la Anpee, el ministro de Economía dijo que existen cuerpos de este tipo en otros países «que regulan sobre la participación del Estado en empresas privadas».
Recordó que «no fue una decisión de este gobierno comprar acciones de empresas privadas sino que fue producto del fin del régimen de capitalización de los 90, del que formaron parte las AFJP, que implicó una ruptura radical con lo que había sido el régimen solidario de jubilaciones».
Y afirmó: «Con esta agencia se crea un organismo que va a tener la administración de derechos políticos y económicos. Esta ley es un anticuerpo a cualquier intento de volver a privatizar activos, tenencias o participaciones de cualquier activo».
La agencia se integrará con un directorio conformado por un presidente -que será el propio director Ejecutivo de Anses-, dos directores designados por el Poder Ejecutivo y dos propuestos por una nueva comisión bicameral -uno por la primera minoría y otro por la segunda-.
Dicha bicameral, que tendrá el fin de hacer un control y seguimiento de la Anpee, estará compuesta por ocho diputados y ocho senadores, quienes podrán remover a sus directores si cometen algún ilícito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La futura ley crea además un Consejo Consultivo, que entre otras cosas deberá convocar anualmente a los integrantes del Directorio de la Anpee para recibir un informe pormenorizado del estado accionario. Este Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, uno de la Anses y también uno de la CGT.
Las acciones dan derecho
Kicillof enfatizó también que «este Gobierno no vendió ni una sola acción desde que llegaron de las AFJP»; que «las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías», e insistió en que «si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía que hoy es pública».
Puntualizó que «los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirán siendo donados».
