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Justicia argentina ordenó al Citi que desactive acuerdo con los buitres

CAUTELAR. La decisión judicial se produjo a partir de un recurso interpuesto por el Gobierno.
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La Justicia hizo lugar ayer a una medida cautelar pedida por el Gobierno y le ordenó a la sucursal argentina del Citibank que “se abstenga de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el acuerdo firmado entre la casa central de esa entidad y el fondo buitre NML Capital y otros demandantes, el 20 de marzo último, homologado por el juez de Nueva York Thomas Griesa.

El Juzgado Contencioso-administrativo Federal 12 le ordenó al banco, además, que se abstenga de “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”, una decisión que había tomado esa entidad.

En un comunicado, el Ministerio de Economía informó que el órgano judicial declaró que “los bonos del canje se encuentran regidos por la legislación argentina y que la decisión de Citibank para desvincularse de su rol de custodio de dichos bonos se realizó de manera unilateral y evadiendo la legislación vigente”.

Según el fallo, el banco “tampoco cumplió con los requisitos del Código Procesal para darle validez en territorio nacional al Acuerdo homologado por Griesa”.

“La Justicia federal consideró necesaria su intervención ya que el Acuerdo ha tenido comienzo de ejecución, pues el Citibank ya le comunicó a Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg SA la rescisión de los respectivos contratos de custodia sobre títulos públicos emitidos por la Argentina”, consideró.

Según la resolución, “era necesario otorgar la cautelar pues existe un peligro en la demora ya que el próximo vencimiento opera el 1 de junio”.

Argentina le había pedido a la Justicia que declarara la inconstitucionalidad y nulidad del acuerdo que la entidad financiera firmó con los fondos buitres.

Por ese pacto, el banco se comprometió a retirarse del negocio de custodio de títulos en Argentina y renunció a su derecho de apelar el exceso de jurisdicción de la orden de Griesa que pretende interrumpir la cadena de pagos de los bonos regidos por ley argentina.

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