ESCUCHAREl defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, aseguró ayer que “en los próximos días” presentará una medida cautelar para dejar sin efecto el aumento anunciado por el Gobierno nacional a los jubilados, por “inconstitucional”, al tiempo que anunció la apertura de una “actuación colectiva” para que adhieran los jubilados que quieran acompañar la presentación ante la Justicia.
Semino advirtió de que si no tiene la respuesta esperada de la Justicia, acudirá “per saltum a la Corte Suprema”.
El ombudsman precisó que para la presentación contará con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, pero dejó claro que, para hacer la presentación ante la Justicia, están esperando que se publique el decreto, algo que puede ocurrir esta semana.
Dejó en claro que se “abstraen” de “cualquier consideración política”
respecto al objetivo solidario de la medida anunciada por el Gobierno,
sino que cuestionan que la iniciativa se “encuadre en la regresión del derecho del adulto mayor” ya que la “ley de movilidad jubilatoria surge de una garantía constitucional, incluida en el artículo 14 bis de la Carta Magna”. “Es grotesco que haya solidaridad del jubilado que percibe un haber de 20.000 ó 30.000 pesos con el que recibe 14.000”, graficó.
A su juicio, el aumento debería abarcar la totalidad de los jubilados del sistema ordinario cuyos haberes llegan a 103.000 pesos.
“Esa gente hizo aportes para hoy cobrar lo que cobra”, dijo, y explicó que de no tener en cuenta esto “se rompe el criterio de proporcionalidad y equidad”.
El Gobierno anunció el viernes aumentos para las jubilaciones mínimas, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por HIjo (AUH) de 13%.
El incremento para todos los jubilados para el segundo trimestre del año está compuesto por una suma fija de $1.500 más 2,3%. Con la medida, 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por la administración anterior, en 2017.
Jueces
En tanto, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, dijo que no hay dudas de que “es inconstitucional” el proyecto del Gobierno enviado el viernes al Congreso que propone que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años.
