ESCUCHAREl lunes de pasado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció en conferencia de prensa que se había llegado a un principio de acuerdo con 85% de los acreedores que no ingresaron en los canjes anteriores.
Este comunicado se difundió horas después de que el mediador Daniel Pollack informó el acuerdo por US$4.653 millones con NML Capital y los otros fondos que demandaron junto con el magnate Paul Singer. Éste podría dar por finalizados los casi 15 años de conflicto argentino luego del default de 2001 y devolverle al país las posibilidades de retornar a los mercados de crédito.
El Gobierno nacional, en este intento de ponerle fin a la denominada “saga de la deuda”, encaró el problema “paso a paso”. En primer lugar, concretó el arreglo con los bonistas italianos de la Task Force Argentina por US$ 1.350. Luego, el 5 de febrero, se presentó además para quienes tienen sentencia a su favor, la “oferta Pari Passu”, que comprende entre 27,5% y 30% de quita. Además, los dos tipos de propuestas incluyen el levantamiento de las medidas cautelares Pari Passu para posibilitar la emisión de los bonos con los cuales se podrá realizar el pago en efectivo. A este respecto y según informó Prat Gay, se espera un ahorro adicional de 20% en el acuerdo. Los primeros en ingresar fueron los fondos Montreux Partners y Dart Management, a los que después se les sumaron fondos más pequeños. Todas estas acciones terminaron por modificar la postura que anteriormente mantenían Griesa y Pollack en el asunto.
Cuando parecía que los fondos más duros, encabezados por NML Capital y Aurelius, iban a volver a rechazar la propuesta presentada, Griesa decidió reponer el stay a favor de Argentina, lo que le permite al país volver a ingresar a los mercados internacionales para conseguir financiamiento siempre y cuando se deroguen la leyes “cerrojo” y de Pago Soberano y se realice el pago a aquellos que hayan aceptado la propuesta presentada en febrero. Éste fue un revés bastante fuerte para los fondos demandantes liderados por Paul Singer, los cuales el martes ingresaron en la oferta argentina por la cual deberemos realizar un pago en efectivo de US$4.653 millones, incluidos los gastos judiciales correspondientes.
Este trato tiene una fecha de pago límite establecida para el próximo 14 de abril y sólo ante una excepción podría ser extendida.
Esta resolución implicará la emisión de deuda por US$12.000 millones, según informó Prat Gay en su conferencia de prensa. La suma representaría 2% del PBI y con ella, el ratio deuda total sobre el PBI rondaría 45%, con base en datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas publicados hasta septiembre 2015.
Con esta emisión la República Argentina saldría del “default selectivo” en el que se encuentra y podría mejorar, tanto para la Nación como para las provincias, la calificación de riesgo. Esto puede tener un importante efecto en la disminución de las tasas de interés.
Además, otorgará al Gobierno nacional la posibilidad de poder financiar los planes de infraestructura, estimados en US$10.000 millones anuales, mediante el crédito externo, lo que se sumaría a las inversiones que se esperan ingresen al país a partir del pago. Por último, le dará margen de maniobra al BCRA para controlar la inflación.
Sin embargo, quedan otros detalles por confirmar a los cuales tendremos que estar atentos.
Hasta el momento no se conocen con certeza las nuevas condiciones bajo las cuales se emitirán estos nuevos bonos, sus plazos ni sus tasas de interés, si bien el secretario Luis Caputo anunció que ya se está entablando el diálogo con los posibles nuevos tenedores y que se pretende emitir “dos o tres bonos, dependiendo de la demanda”. A pesar de esto, uno de los aspectos más importantes que habrá que seguir con detenimiento es la aplicación de los fondos conseguidos mediante el nuevo financiamiento.
Con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, queda en manos de éste la derogación de las leyes “cerrojo” y de Pago Soberano, condiciones establecidas por el juez Griesa para reponer el stay a favor de Argentina, y la aprobación de los acuerdos a los que se llegaron hasta ahora. Es decir que es responsabilidad de senadores y diputados sopesar los costos y las ventajas que tiene para el país el posible fin del “juicio del siglo”.
* Miembro del Instituto de Investigaciones Economícas (IIE) de la Bolsa de
Comercio de Córdoba (BCC).
Excelente nota